Tras varios escándalos de corrupción, México ha creado un Sistema Nacional Anticorrupción respaldado por el Gobierno que — para mi sorpresa — está siendo visto con buenos ojos por algunos importantes grupos independientes que abogan por la honestidad de los funcionarios públicos.
Algunas importantes organizaciones anticorrupción, como Transparencia Internacional, dicen que el nuevo enfoque de México tal vez incluso podría convertirse en un modelo para Brasil, Argentina y otros países sacudidos por la corrupción gubernamental.
El nuevo Sistema Nacional Anticorrupción fue aprobado por el Congreso de México el martes por la noche, con el apoyo de los dos principales partidos de la oposición.
Debido a que el plan requiere una reforma constitucional, deberá ser aprobado por una mayoría de las legislaturas estatales para entrar en vigor.
La aprobación del nuevo plan tuvo lugar tras varios escándalos de corrupción que hicieron caer la popularidad del presidente Enrique Peña Nieto, incluyendo la compra por parte de su esposa Angélica Rivero en condiciones muy favorables de una casa de $7 millones a un importante contratista del Gobierno.
Además, Peña Nieto fue objeto de muchas críticas por el dudoso otorgamiento de una licitación de $3,700 millones a un consorcio chino para construir el tren de alta velocidad México-Querétaro.
Peña Nieto canceló el contrato después de la indignación que causaron reportes de prensa que revelaron que la empresa china había sido la única postora.
El nuevo Sistema Nacional Anticorrupción tratará de reforzar y sincronizar las instituciones federales, estatales y municipales dedicadas a combatir la corrupción.
Entre otras cosas, los funcionarios públicos tendrán que revelar posibles conflictos de interés y el titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) — la agencia de investigación contra la corrupción del Gobierno — seguirá nombrado por el Presidente, pero deberá ser ratificado por el Congreso.
Mi opinión: el mayor problema del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción de México no es lo que se planea hacer, sino el hecho de que tendrá que ser aprobado por las legislaturas estatales e implementado por leyes secundarias que seguramente van a diluir algunas de sus principales disposiciones.
En cuanto al plan en sí mismo, aunque tiene varios defectos —como el hecho de hacer demasiado difícil, si no imposible, destituir a un Presidente en funciones por cargos de corrupción—, es una estrategia que vale la pena probar.
Ciertamente, los zares anticorrupción o las agencias anticorrupción no han funcionado.
México, Argentina, Venezuela y otros países han nombrado muchas veces con bombos y platillos superagencias anticorrupción, que han hecho poco o nada. Lo más que han logrado es investigar a funcionarios de alto rango de gobiernos anteriores o a sus amigos más visibles.
Pero si nos fijamos en el ranking de percepción de la corrupción a nivel mundial de Transparencia Internacional, Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, Suecia, Noruega, Suiza y otros países que aparecen como las naciones con Gobiernos más limpios del mundo no tienen una oficina centralizada de lucha contra la corrupción ni un todopoderoso zar anticorrupción.
Tienen instituciones fuertes a nivel local, estatal y nacional, que trabajan de forma independiente, se controlan mutuamente, y se aseguran de que los casos de corrupción no queden impunes.
Puede que fortalecer decenas de instituciones no genere grandes titulares, pero funciona mejor que el show político.
Tal vez sería bueno que otros países de América Latina prueben esta receta y sigan el consejo de un político brasileño que hace algunos años bromeó que “este país necesita una sola ley, que diga que hace falta cumplir con todas las demás”.