La sensibilidad y buena fe mostradas por el presidente ante el reclamo de que “México no puede seguir así”, tienen que ir secundadas por medidas que devuelvan el orden al país y regresen la credibilidad de quienes han perdido la confianza.
Estos días decembrinos se prestan para que el presidente evalúe qué tanto le sirve seguir gobernando con un grupo compacto del Estado de México. Varios de esos servidores públicos son muy buenos y tienen mucho que aportar, pero otros ya se desgastaron. Y ante el escepticismo de un sector importante de la población, el gobierno no sólo está obligado a ser transparente, sino también a parecerlo.
El expediente de la “casa blanca” no se ha cerrado. La única salida que tiene ese problema es devolver la casa a la inmobiliaria. Desde luego que los comentaristas afines a Morena, o que trabajan para el proyecto de AMLO, nunca van a estar satisfechos con lo que haga o deje de hacer Peña Nieto. Querer darles el gusto es una pérdida de tiempo.
Pero hay una importantísima capa de la población que no persigue objetivos partidistas ni pretende desestabilizar, que ya no cree en el gobierno y sólo recuperará la confianza por la vía de los hechos y no de los discursos.
¿Se puede realizar otra megalicitación de obra pública con el mismo secretario de Comunicaciones, luego del frentazo con el concurso del tren a Querétaro?
No es sólo el cambio de personas lo que debe ser sometido a evaluación al arranque del segundo tercio del sexenio, sino darle viabilidad a las propuestas que hizo el presidente en Palacio Nacional el jueves de la semana pasada.
Propuso crear zonas especiales en Oaxaca, Chiapas y Guerrero, para hacer ahí un corredor industrial interoceánico, con tratos fiscales diferenciados para atraer inversionistas.
La idea es muy buena, pero parte de un diagnóstico resbaloso. ¿De veras no llegan inversionistas a esos estados por falta de estímulos fiscales?
Lo que ha impedido que esa región prospere es un magisterio beligerante, que persigue objetivos políticos, y está dispuesto a echar abajo, por la fuerza, cualquier proyecto de desarrollo.
Para que haya empleos y mejoren las condiciones de vida de la población, tiene que haber fuentes de trabajo. Y para que haya fuentes de trabajo es necesario que inversionistas arriesguen su dinero. Requieren seguridad, orden, garantías mínimas. Esas garantías son las que faltan en Guerrero y en Oaxaca. No las hay.
Por más que pongan estímulos fiscales, si los camiones no pueden sacar productos porque las carreteras están tomadas, nadie va a llevar su dinero a perderlo al Istmo de Tehuantepec o a Chilpancingo.
Los maestros de la CNTE (CETEG) en Guerrero, toman casetas de peaje y sólo impiden el paso a transportes “de empresas transnacionales”.
¿Por qué lo hacen? Porque esa es su ideología y la aplican por la vía de la fuerza. Pero sobre todo porque se los permiten. ¿Van a llegar grandes empresas a Guerrero porque se anunció un plan de zonas especiales? No. Van a llegar cuando haya orden.
¿Van a echar a andar una zona especial de desarrollo industrial en Guerrero y en Oaxaca, mientras el magisterio hace lo que quiere?
Se necesita orden y credibilidad. Ese es el reto para el segundo tercio del sexenio.