La detención de La Tuta, que se escondió en cuevas y quebradas de la serranía, nos confirma que nadie puede retar impunemente al Estado mexicano.
Es un enorme mérito del gobierno de Peña Nieto, al que está de moda regatearle todo. Pero ahí están los hechos: terminó la historia de La Tuta, como acabó la del Chapo.
Su detención es una buena noticia, entre otras razones porque el Estado nos muestra su fuerza y capacidad para atrapar a un criminal que por años se burló de la justicia, de las autoridades y de la sociedad.
Nadie puede con el águila de frente, es el mensaje de la detención de un criminal que creó un ejército paralelo que había logrado suplantar las funciones del estado en Michoacán y regiones vecinas.
La Tuta y su ejército de adoctrinados extorsionaban a los productores, a comerciantes, a grandes y pequeños industriales, vendían protección, mataban a civiles, asesinaban y torturaban a policías federales, ponían a su servicio a gobernantes estatales y municipales, secuestraban, robaban, asaltaban a pueblos enteros…
La Tuta y sus templarios se habían apoderado del puerto de Lázaro Cárdenas, desde donde realizaban 100 mil operaciones de comercio exterior anualmente.
Mandaban acero de minas clandestinas y cargamentos robados hasta Asia, y de allá traían precursores químicos para elaborar, en laboratorios ilegales, drogas sintéticas que enviaban a Estados Unidos.
Todo eso, con la complicidad de las autoridades locales, a las que tenían en la bolsa.
Pues ya se acabó. Y se acabó porque hubo voluntad política para terminar con él. También hubo trabajo de inteligencia y el uso legítimo de la fuerza cuando fue necesario.
Ojalá que el gobierno tome nota de su propia fortaleza. Y que la use para preservar la estabilidad y el bien común, amenazados y hostilizados por grupos radicales que buscan la fractura de la nación.
La CNTE y los maestros de Guerrero, que desde hace mucho tiempo retan al Estado y buscan la creación de gobiernos autónomos al margen del sistema democrático, deben ser frenados.
Por la fuerza quieren impedir que haya elecciones en Guerrero y en Oaxaca. ¡Basta! No debe dejarse pasar.
Ya vimos que el Estado sí puede. Debe seguir en esa línea para poner orden en el país y dar tranquilidad a la población.
Ahora, cualquiera suplanta a la autoridad y cobra peajes en las vías de cuota.
Cualquiera uniforma y arma a un contingente y los llama “autodefensas”.
Cualquiera se asocia con otros para secuestrar o cobrar extorsiones.
Cualquiera rompe cristales ajenos, toma edificios públicos, cierra aeropuertos, carreteras o la emprende a pedradas contra la propiedad privada.
Ahí es donde el gobierno debe actuar. Tiene la autoridad, la fuerza y la capacidad para poner orden. Ya lo vimos con La Tuta: se puede hasta con el bandido más difícil.
Lo que ocurrió el viernes en la madrugada, la caída de La Tuta, marca el fin de los grandes capos de los cárteles mexicanos.
Desde luego que el tráfico de drogas va a seguir, y seguirá mientras exista un mercado ávido de consumo del otro lado de nuestra frontera norte, pero el escenario es distinto. No es lo mismo un cártel que una pandilla criminal.
Contra esas hay que actuar ahora, y dar alternativas a la juventud para que se integre a la vida cultural y productiva del país.