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La Corte Suprema legaliza “extorsión por iniciativa”

“Oye, esa es una buena industria de casinos la que tienes ahí. Sería una verdadera lástima que alguien viniera y agregara otro nivel al impuesto al juego, digamos algo alrededor del 9,75 por ciento. Una verdadera vergüenza”.

Eso no es exactamente lo que John “Big Johnny V” Vellardita le dijo a la industria turística de Nevada en 2020, pero muy bien podría haber sido.

En cambio, la Asociación de Educadores del Condado Clark, de la cual Vellardita es director ejecutivo, calificó un par de iniciativas en 2020, una para aumentar una parte del impuesto sobre las ventas del estado y otra para aumentar el impuesto al juego.

Pero en la Legislatura de 2021, quedó claro que ninguna de las peticiones era el objetivo real. En cambio, Vellardita usó la amenaza de una votación pública sobre esas peticiones para presionar a la industria de los casinos a unirse a una coalición que apoya un aumento en el impuesto estatal a la minería, con el dinero destinado a las escuelas.

Una vez que se cerró el trato, Vellardita acordó retirar ambas peticiones, utilizando una ley estatal recién aprobada que permitía tales retiros, a pesar de que las peticiones habían reunido más que suficientes firmas para calificar y se habían presentado ante la Legislatura sin que se tomaran medidas.

Según el Artículo 19, Sección 2 de la constitución estatal, el procedimiento es claro: si una petición califica, y si la Legislatura no toma ninguna acción, entonces “el Secretario de Estado someterá la cuestión de aprobación o desaprobación de tal estatuto o enmienda a un estatuto a votación en las próximas elecciones generales.”

Pero, ¿qué es un pequeño procedimiento constitucional cuando te estás saliendo con la tuya? Los demócratas en la Legislatura, con horizontes de tiempo que rivalizan con los de una mosca de la fruta común, imprudentemente aprobaron una ley que permite específicamente retirar las peticiones, en cualquier momento hasta 90 días antes de las elecciones.

Aquí debemos señalar que el argumento de política razonable en contra de tal ley —que las iniciativas y los referéndums podrían convertirse en armas en mecanismos de extorsión para obligar a cualquier industria a capitular ante las demandas de cualquier grupo que pueda calificar con éxito una medida electoral— no era solo una teoría. Se acababa de hacer justo frente a sus caras.

La secretaria de Estado, Bárbara Cegavske, sin embargo, no lo estaba comprando. Aunque la oficina del fiscal general opinó que el estatuto de retiro era legal, ella se negó y dijo que tenía la intención de incluir ambas medidas en la boleta electoral.

Un juez del Tribunal de Distrito no estuvo de acuerdo y Cegavske apeló ante el Tribunal Supremo de Nevada. Allí, una mayoría bendijo la ley y dijo: “Concluimos que NRS 295.026 es un ejercicio permisible del poder de la Legislatura para promulgar estatutos que faciliten el poder de iniciativa popular y, por lo tanto, no es inconstitucional”.

Ah, pero en lugar de “facilitar” el poder de iniciativa popular, esta ley en particular lo cortocircuita, poniendo fin a una petición que -de otro modo- habría calificado para la boleta electoral. Lo que realmente facilita esta ley es la extorsión por medida electoral.

Una mayoría de cuatro jueces, en un párrafo extremadamente revelador, esencialmente bendijo ese enfoque: “Los encuestados patrocinadores retiraron las peticiones después de que los representantes legislativos del pueblo aseguraron un mayor financiamiento para la educación durante la sesión legislativa”, escribieron. “Las circunstancias que motivaron las peticiones de iniciativa habían cambiado, y los patrocinadores concluyeron que las enmiendas estatutarias propuestas por las peticiones ya no estaban justificadas. Proporcionar un medio para que los patrocinadores de iniciativas respondan a las circunstancias cambiantes o la realización de consecuencias indeseables e imprevistas facilita el ejercicio del poder de iniciativa al hacer que el proceso de iniciativa sea más flexible”.

Y la gente tiende a volverse muy flexible con un arma legislativa apuntando a sus cabezas, ¿no es así?

Más razonable es la minoría de tres magistrados, quien dijo que la constitución establece un proceso discreto: proponer una medida, reunir firmas, verificar las firmas, transmitir el asunto a los legisladores para su consideración y, si no actúan dentro de los 40 días, enviar a la boleta. Nada en la constitución menciona la retirada.

“El retiro posterior a la transmisión que evita que los votantes consideren la propuesta en las próximas elecciones no es una de las opciones que brinda la constitución”, se lee en la disidencia del juez James Hardesty.

Pero ahora, las cosas son más, ¿cuál es la palabra? – flexible. Las iniciativas se pueden utilizar para hacer ciertas ofertas de industrias que no pueden rechazar.

Tienes que darle crédito a “Big Johnny V.”, él inventó un método completamente nuevo para hacer política. Y se quedó con la pistola y los cannoli (keep the gun and the cannoli).

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