Los miembros de la Junta Escolar del Condado Clark se erizaron el año pasado por la legislación que amplió el panel para incluir cuatro escaños designados. En realidad, los administradores trajeron la reforma sobre sí mismos a través de años de ineptitud y disfunción que ha dejado el quinto distrito más grande de la nación en un bastión de la mediocridad.
Sin embargo, incluso después de que los legisladores aprobaran en mayo la Ley 175 de la Asamblea (AB175) – que permite al Condado Clark y a las ciudades de Las Vegas, Henderson y North Las Vegas nombrar a un miembro asesor sin derecho a voto a partir de este año – los siete miembros electos no pueden resistirse a satisfacer sus tendencias autodestructivas.
La semana pasada, la junta votó 5 a 1 a favor de seguir adelante con una propuesta que impediría a los nuevos miembros asesores presentar peticiones o solicitar la reconsideración de una decisión anterior. Se trata de una evidente medida de represalia por parte de los administradores que sirve como señal de dedo medio a los legisladores por atreverse a subvertir su autoridad. También es representativa del tipo de travesuras de patio de recreo que deberían estar por debajo de un órgano de gobierno que supervisa la educación de miles de niños locales.
La presidenta de la Junta, Evelyn García Morales, se mostró tímida. Reconoció que había un “poco de controversia” sobre el plan, pero insistió: “Estamos plenamente comprometidos con la plena participación de nuestros nuevos miembros para hacer un cambio significativo hacia la mejora de los resultados de los estudiantes”. Pero los hechos dicen más que las tonterías. Si la señora García Morales y sus secuaces estuvieran realmente interesados en abordar el lamentable estado del distrito, agradecerían cualquier ayuda que pudieran obtener en lugar de apresurarse a sofocar las aportaciones.
También hay una objeción pragmática a la revisión de la política propuesta: Probablemente sea ilegal. La AB175 señala que las personas designadas -aunque no puedan votar ni actuar como funcionarios de la junta- tendrán “los mismos derechos y responsabilidades que los miembros con derecho a voto”. Esto incluiría la presentación de peticiones y solicitudes de reconsideración. ¿Dónde están los fiscales de distrito en esto?
La cínica maniobra no escapó a la atención de los legisladores. Los copatrocinadores de AB175 – la asambleísta Shannon Bilbray-Axelrod, demócrata por Las Vegas, y el asambleísta Toby Yurek, republicano por Henderson – se opusieron a la propuesta como “contraria a la intención legislativa”. Amenazaron con introducir enmiendas a la legislación, si fuera necesario, en la próxima sesión. Los representantes de los cuatro gobiernos locales también expresaron su consternación.
Personas razonables pueden debatir si una junta escolar debe ser elegida por los votantes, designado o alguna combinación. Pero el hecho de que los administradores tratan de sabotear AB175 antes de que los nuevos miembros pueden ajustar sus asientos dice mucho acerca de cómo han elevado su propio dominio sobre la mejora de los resultados del estudiante y el gobierno del distrito.
Esposar a los miembros designados es una idea horrible. La señora García Morales y sus compañeros miembros deben retirarse.