EDITORIAL: La nueva norma del Tribunal Familiar es una afrenta a la justicia
Se supone que la justicia es ciega, pero deja de serlo si nadie puede verla. La gente del Tribunal de Distrito del Condado Clark necesita que le recuerden sus obligaciones en virtud de la Carta de Derechos y la importancia de la transparencia.
La semana pasada, la sección de Nevada de la ACLU pidió al Tribunal Supremo de Nevada que anulara una nueva regla que limita el acceso público a los procedimientos del Tribunal Familiar del Condado Clark. “La nueva regla viola la Primera Enmienda”, dijo Sophia Romero, abogada de la ACLU, en un comunicado, “y socava la confianza en un sistema de Tribunal Familiar ya frágil”.
Según las directrices reformadas -aprobadas por el alto tribunal en abril a petición de una petición presentada por la jueza jefa del tribunal de distrito Linda Bell y el juez de distrito Joseph Hardy- los jueces pueden cerrar los procedimientos del Tribunal Familiar cuando lo deseen. Anteriormente, solo se podían celebrar audiencias de casos de divorcio en privado sin motivo.
Los fundamentos jurídicos incluso de esa excepción son poco sólidos. ¿Pero una carta blanca para excluir al público de todos los asuntos del Tribunal Familiar? Eso es peligroso y una invitación a la justicia de la Cámara de las Estrellas.
El edicto es, al parecer, una exageración colosal destinada a obstaculizar a Alexander Falconi, que creó el sitio web “Our Nevada Judges”, que ofrece seguimiento a varios procedimientos del Tribunal Familiar e incluye videos de las audiencias y otros detalles. El señor Falconi, que se dedicó a su hobby después de experimentar el tribunal de primera mano mientras se defendía en un caso de custodia infantil, dijo que tacha los nombres y difumina las caras cuando es necesario.
Pero aunque el escrutinio del señor Falconi puede resultar incómodo para algunos jueces, abogados y litigantes, eso no justifica esta respuesta.
El Tribunal Familiar -que se ocupa de los casos de divorcio, anulación, custodia de hijos, manutención conyugal, división de los bienes gananciales, adopción y maltrato y abandono- es un hervidero de controversias y de emociones crudas. La gran mayoría de las quejas sobre los resultados judiciales proceden de los litigios del Tribunal Familiar. Un mayor secretismo solo exacerbará el rencor y alimentará aún más las quejas sobre la parcialidad y la equidad.
Además, dificultar que los vigilantes y los contribuyentes determinen si este sistema opera de forma eficiente y aceptable, y si los jueces están a la altura, es una receta para debilitar la confianza pública en el Tribunal Familiar. Los esfuerzos ocasionales para proteger a los niños pequeños implicados en los asuntos judiciales pueden ser apropiados, pero el escenario por defecto en cualquier procedimiento judicial en una nación libre debe ser la apertura y no el secreto.
La injusticia florece en ausencia de transparencia y responsabilidad. La nueva norma es una afrenta a ambas. El Tribunal Supremo debe dar marcha atrás para garantizar que -salvo circunstancias extraordinarias- el público tenga acceso a estos procedimientos.
