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Texas pide reinstaurar ley antiinmigrante por el bien de la seguridad pública

Los abogados del fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, pidieron reinstaurar la ley estatal SB4, que prohíbe las “ciudades santuario” en ese estado sureño, durante su argumentación oral ante la Corte de Apelaciones del Distrito Quinto, una de las más conservadoras del país.

“Hemos presentado un fuerte argumento para permitir que la ley estatal SB4 entre en efecto mientras esperamos a la decisión del juez de distrito”, apuntó en un comunicado Paxton, que dijo que esta legislación “ayuda a prevenir la liberación de criminales peligrosos en las comunidades de Texas”.

Para el fiscal, la SB4 “afirma el derecho y el deber” de las agencias encargadas del cumplimiento de la ley en Texas de arrestar a individuos de acuerdo con el programa de detención federal del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en sus siglas en inglés).

El estado de Texas estuvo representado en la audiencia por el equipo de abogados del fiscal general estatal, el republicano Ken Paxton, y fue respaldado por el Departamento de Justicia.

Según el Departamento de Justicia, la legislación texana no va en contra de los principios de preeminencia de la ley federal, respeta el federalismo y respalda el derecho de la gente a que no se viole su intimidad.

Un juez federal de San Antonio (Texas) bloqueó a finales de agosto esta legislación, que tenía que entrar en vigor el 1 de septiembre, mientras estudia su constitucionalidad.

El magistrado, Orlando García, ordenó el bloqueo temporal de la ley SB4, que obliga a las autoridades locales a colaborar con los agentes federales de inmigración y les permite indagar el estatus migratorio de cualquier persona en busca de indocumentados, incluso durante una parada por cuestiones de tránsito.

Además, la legislación penaliza a los agentes e instituciones que no colaboren con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con posibles multas -entre 1.000 y 25.000 dólares-, despidos y penas de cárcel.

El estado de Texas decidió recurrir entonces el bloqueo de su ley ante la Corte de Apelaciones del Distrito Quinto, con sede en Nueva Orleans (Luisiana) y que con una mayoría de jueces nombrados por los expresidentes republicanos George W. Bush y Ronald Reagan, es una de las más conservadoras de EE.UU.

“Estoy muy orgullosa de poder representar a un gran número de ciudades texanas y a la comunidad hispana en este conflicto y creo que hoy hicimos un buen trabajo ante el panel de tres jueces”, indicó al finalizar la vista Nina Perales, directora de litigios del Fondo México Americano de Defensa Legal y Educación (MALDEF), que actúa como parte demandante contra esta legislación.

El fallo del juez federal de San Antonio en agosto representó una victoria parcial para la decena de condados y ciudades, entre ellas Austin, Dallas, Houston, San Antonio y El Paso, que iniciaron una batalla legal contra el estado para frenar la medida.

Muchos condados y localidades fronterizas con México, lugares donde los hispanos son mayoría, también se habían unido al litigio contra esta ley.

Uno de los representantes de estas ciudades, el concejal de Austin Greg Casar, aplaudió hoy el planteamiento del equipo de abogados a la salida de la corte y presagió un fallo positivo para los intereses de la comunidad hispana.

Además, aseguró que los letrados representantes de Texas únicamente basaron su argumentación en maquillar esta ley y hacerla parecer “más blanda de lo que realmente es”, una estrategia que, indicó, “no va a funcionar”.

Texas es el segundo estado con mayor población hispana y se calcula que es hogar de 1,6 millones de inmigrantes indocumentados.

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