Funcionarios estatales el jueves impidieron temporalmente que el Departamento de Correccionales (DOC) utilizara una ley de derechos de las víctimas para retirar hasta el 80 por ciento del dinero enviado por las familias a algunos prisioneros.
Durante la reunión de la Junta de Comisionados de Prisiones del Estado, el gobernador Steve Sisolak, el fiscal general Aaron Ford y la secretaria de estado Bárbara Cegavske, votaron para suspender la política presentada en septiembre por el director del Departamento de Correccionales, Charles Daniels.
El director pudo crear la política antes de que la junta votara sobre ella. El departamento usó la Ley Marsy como una “excusa” para tomar la mayoría del dinero que las familias de los prisioneros les envían, dijo Nicholas Shepack, un compañero de política de la American Civil Liberties Union (ACLU) de Nevada, en una entrevista telefónica el miércoles. El dinero está siendo tomado de los prisioneros que deben ser restituidos.
“La Ley Marsy no requiere realmente lo que están haciendo”, señaló Shepack.
En noviembre de 2018, los votantes aprobaron la Ley Marsy como una enmienda a la Constitución de Nevada. La ley tiene como objetivo proporcionar derechos a las víctimas de delitos, incluyendo el derecho a una restitución completa y oportuna.
Alrededor del 18 por ciento de los presos están obligados a pagar restitución, que tiene por objeto ayudar a las víctimas de delitos que están lesionados, que no pueden trabajar, o necesitan reemplazar la propiedad dañada por un preso, explicó Shepack. Antes del cambio de política, la restitución se sacaba del dinero que los presos ganaban durante los programas de liberación laboral.
Antes de septiembre, el departamento tomaba un pequeño porcentaje de los depósitos de la familia para los gastos de la corte o los costos médicos atenuantes, o para pagar por la propiedad si el prisionero la dañó mientras estaba encarcelado, agregó.
Pero después del 1º de septiembre, hasta el 80 por ciento de los fondos enviados a los prisioneros fueron confiscados por el estado para su restitución, anunció Shepack. Así que si las familias querían pagar por productos de higiene básica o alimentos suplementarios, necesitaban enviar mucho más dinero para dar cuenta de los fondos que se habían tomado.
“Cada familia con la que hemos hablado que está siendo golpeada con esta deducción del 80 por ciento ha dejado de enviar dinero”, dijo Shepack.
Las organizaciones de defensa de los prisioneros, incluyendo la ACLU y Nevada Attorneys for Criminal Justice, se han unido a las familias de los prisioneros para hablar sobre el cambio de política.
El DOC no respondió a una solicitud de comentarios.
Durante la reunión del jueves, los funcionarios dijeron que no entendían por qué la política se puso en marcha o por qué se quitaba tanto dinero a los presos.
“La pregunta que todos nos hacemos aquí es, ¿por qué el 80 por ciento?” preguntó Ford.
Una carta de un prisionero de Nevada que fue leída durante la sección de comentarios públicos de la reunión declaró que la política ha creado tensión y altercados dentro de las prisiones entre las personas que tienen acceso al dinero y aquellos cuyo dinero ha sido tomado por el departamento.
“Nos han puesto a todos en una posición horrible”, escribió el prisionero en la carta.
Antes de que la junta reconsidere la política, Cegavske mencionó que su oficina investigará cuánto dinero se le quitó a los prisioneros y por qué se implementó la política.
Durante una reunión de la Comisión Asesora de la Administración de Justicia la semana pasada, Sarah Hawkins, la presidenta de Nevada Attorneys for Criminal Justice, habló sobre el cambio de política y la justificación de la Ley Marsy. Dijo que retener los fondos enviados por las familias penaliza a los que depositan el dinero.
“Las familias y los seres queridos no deben pagar por las acciones de aquellos que cometieron un crimen”, le indicó a la comisión.
Los funcionarios respondieron durante la reunión de la semana pasada que la comisión recibió cerca de 100 cartas sobre la política de los presos y sus familias.
La Ley Marsy ha sido aprobada en otros 10 estados, de acuerdo con la organización Marsy’s Law for All, que fue fundada por el multimillonario Henry Nicholas III. Shepack dijo que Nevada ha sido el único estado que ha interpretado el requisito de restitución para quitar los fondos de los reclusos a una tasa tan alta, y la mayoría de los otros estados no toman dinero de los depósitos familiares.