CARSON CITY — El gobernador Steve Sisolak anunció el jueves movimientos para fortalecer la asombrosa división de desempleo del estado, haciendo nombramientos clave incluyendo una ex presidenta de Asamblea que dirigirá un comando para resolver problemas y firmando una legislación recién aprobada para extender los beneficios y acelerar el procesamiento de solicitudes.
“Sabemos que hay mucho más por hacer, y sé que aún hay muchos más s0licitantes esperando la resolución de sus reclamos”, reconoció el gobernador. La legislación que firmó “no es una panacea o la última palabra, pero no hay duda de que ayudará a los nevadenses tanto a corto como a largo plazo”.
El Departamento de Empleo, Capacitación y Rehabilitación del Estado (DETR, por su sigla en inglés), enterrado desde marzo bajo las demandas en número récord impulsadas por el impacto de COVID-19 en la economía del estado, ha permanecido sin director o directora a tiempo completo desde mediados de junio, cuando la directora interina, Heather Korbulic, renunció, citando acoso y amenazas.
Sisolak nombró el jueves a Elisa Cafferata, sub-administradora de operaciones de campo en la división de bienestar del estado, como nueva directora interina del DETR.
La agencia, agregó Sisolak, ha pagado 6.1 mil millones de dólares en reclamos totales hasta el 30 de julio, una cantidad que excede todos los reclamos pagados en los años de la recesión y recuperación de 2009 a 2011.
Sisolak también nombró a Barbara Buckley, ex presidenta de la Asamblea y directora ejecutiva del Centro de Ayuda Legal del Sur de Nevada, para que encabezara un esfuerzo de respuesta rápida destinado a resolver los peores problemas de la agencia de desempleo, que incluyen una acumulación de demandas y una explosión sin precedentes de trámites fraudulentos, como se ha visto en otros estados. Buckley sirvió en la Asamblea de 1994 a 2011 y fue la primera mujer en ocupar el cargo de oradora, de 2007 a 2011.
Buckley “ha sido una defensora de los nevadenses trabajadores, especialmente de los que luchan con los ingresos u otros problemas financieros o de atención de la salud y que necesitan esa asistencia adicional para ayudarles a avanzar con dignidad para que puedan mantenerse a sí mismos y a sus familias”, declaró Sisolak. Buckley y la nueva directora “se centrarán en la acción inmediata en los próximos 60 a 90 días para ayudar a encontrar soluciones para la acumulación de solicitudes”, añadió.
El esfuerzo de respuesta rápida, que será apoyado por agencias de todo el gobierno estatal, buscará múltiples soluciones, incluyendo posibles mejoras en el “anticuado” sistema de procesamiento del estado, asignando temporalmente a los empleados estatales y a los trabajadores de elegibilidad para la asistencia social a reducir el atraso en las solicitudes y a tratar con “actores fraudulentos de dentro y fuera de Nevada que presentan solicitudes falsas en nombre de otros”, detalló el gobernador. El esfuerzo será apoyado por la ayuda federal para la pandemia.
“Todos conocemos la situación. Nuestro estado tiene el mayor número de reclamos de desempleo con un creciente atraso”, indicó Buckley. “Y no podemos mantener el ritmo. Necesitamos reducir el atraso. La gente apenas está aguantando, y han estado esperando demasiado tiempo”.
“Sacar el mayor número posible de beneficios”
Entre los esfuerzos inmediatos, Buckley dijo que el estado prepararía un tablero en línea para cuantificar el atraso y mostrar el progreso en su reducción. Citó un “fallo de verificación” que está retrasando los pagos a 30 mil reclamantes y dijo que la prioridad sería para las personas que llevan más tiempo sin recibir un pago.
“El enfoque número uno es sacar el mayor número posible de beneficios”, recalcó Buckley. Cualquier mejora del proceso, “si va a ser a expensas de llevar dinero a los bolsillos de la gente, vamos a guardar eso para la Fase Dos”.
El proyecto de ley firmado por Sisolak, aprobado por la Legislatura en sesión especial el martes, tiene como objetivo dar al DETR más flexibilidad para conseguir que se paguen las solicitudes y amplía el número de semanas en que los nevadenses son elegibles para beneficios adicionales durante la crisis de COVID-19.
Cafferata reconoció cierta inquietud acerca de su nuevo puesto, subrayando que “necesitaría que se hiciera una revisión”. La prioridad, agregó, es “empezar a resolver estos casos, conseguirle a la gente la resolución que necesitan, pagándoles si tienen derecho a ello y consiguiéndoles otros recursos si no tienen derecho a ello”.
“Mientras nos ocupemos de las preocupaciones de la gente, creo que nos darán el beneficio de la duda y nos ayudarán a seguir adelante con el trabajo”, concluyó.