Un cese el fuego bilateral, como al aspiran las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en los diálogos de paz en Cuba, solo llegará al final de las negociaciones. Así lo ratificó este lunes el presidente colombiano Juan Manuel Santos, al defender su decisión mantener la ofensiva militar contra el grupo guerrillero mientras se lleva adelante el proceso, que este martes entra en un nuevo ciclo.
“Ese fue un compromiso que hice desde el principio y que seguiremos cumpliendo hasta que negociemos un cese al fuego bilateral con todas sus condiciones, que son muchas y muy complejas”, dijo el presidente Santos desde Medellín, en la víspera del comienzo, este martes, de un nuevo ciclo de diálogos en La Habana.
El Gobierno colombiano y las FARC negocian en Cuba desde noviembre de 2012 una salida política al conflicto armado del país. La guerrilla considera que este proceso debería conducirse bajo un cese el fuego bilateral, pero esa es una posibilidad que desde Santos ha rechazado desde el comienzo.
El presidente ha insistido, además, en la importancia de aplicar la justicia transicional. Se trata de un conjunto de medidas judiciales y políticas diseñadas para procesar a los responsables de delitos cometidos durante el conflicto en un marco legal diferente de la justicia ordinaria, y que prevé penas reducidas sin incurrir en la impunidad.
“El punto más importante de todo este proceso se refiere a la justicia transicional, que es lo que el mundo se ha inventado para facilitar proceso de paz como el colombiano”, reiteró Santos este lunes, poco después de que los negociadores del Gobierno colombiano partieran hacia La Habana.
Al argumento de las FARC de que no quieren ser “la primera guerrilla en la historia del mundo que entrega las armas para irse a una cárcel”, Santos respondió que el mundo ha cambiado y “ya no acepta esas amnistías y ese perdón y olvido que se decretaron en el pasado, en otros países, inclusive aquí en Colombia”. El presidente también destacó que esta es la primera negociación de paz que se lleva a cabo bajo el Tratado de Roma, el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional (CPI).
Rumbo al desminado
En medio de la tensión que rodea el proceso tras el ataque perpetrado el 15 de abril por las FARC, que dejó once militares muertos y 24 heridos, los negociadores buscarán a partir de este martes avanzar en el “plan de implementación del desminado humanitario”.
El programa de retiro de minas antipersona fue acordado el pasado 7 de marzo, en un esfuerzo por reducir la intensidad de la guerra, y será ejecutado en conjunto por la Fuerza Pública y la guerrilla, con la coordinación de la organización Ayuda Popular Noruega (APN). Hasta ahora se prevé que éste comenzará por los departamentos de Antioquia (noroeste) y Meta (centro).
En los 19 meses transcurridos desde el inicio de las negociaciones las partes han alcanzado acuerdos preliminares en tres de los cinco puntos de la agenda relacionados con tierras, participación del conflicto y drogas y cultivos ilícitos.
El año pasado empezaron a abordar el punto de la identificación y reparación de las víctimas. A éste se sumó, en meses recientes y en simultánea, el tema del fin del conflicto, que incluye la dejación de armas y desmovilización por parte de la guerrilla, en un esfuerzo por agilizar el proceso de paz.
El reinicio de los diálogos se produce en un momento de fuertes críticas internas a raíz del ataque de las FARC, ocurrido bajo el alto el fuego unilateral e indefinido que los subversivos iniciaron el pasado 20 de diciembre, y que llevó a diferentes sectores de la sociedad a pedirle al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, que ponga plazos a los diálogos.
Entre los defensores de esa idea, alimentada por la indignación popular ante el ataque, están el vicepresidente, Germán Vargas Lleras, cuya propuesta fue acogida por el jefe de Estado.
“Llegó la hora de acabar la guerra, la paciencia se nos agota, hay que ponerle plazos a este proceso”, manifestó Santos en un discurso pronunciado el mismo día en que el país homenajeó a los militares fallecidos.
El Gobierno ha evitado de momento fijar tales plazos, pero insiste en la necesidad de acelerar los diálogos, algo sobre lo cual se manifestaron también las FARC en una carta abierta enviada a Santos el pasado viernes.
“El proceso de paz hay que sacarlo al otro lado. Y rápido. Sin recurrir a artilugios mañosos y sin dilaciones injustificadas”, señala la misiva de la guerrilla, en la cual, sin embargo, añade “que hay tiempos que no se pueden obviar”.
La cuestión de los plazos ha generado opiniones diversas dentro y fuera de Colombia.
La más neutral de ellas, la de Naciones Unidas, que consideró que el ataque de las FARC muestra una “necesidad” de que las partes “fijen algunas metas conjuntamente” sin que eso suponga poner plazos inamovibles que puedan llegar a ser “contraproducentes”, según dijo a Efe el coordinador residente de la ONU en Colombia, Fabrizio Hochschild.
A diferencia de ciclos anteriores, en los cuales la delegación del Gobierno se redujo para atender otros compromisos en el país, esta vez el equipo viajó completo, encabezado por el jefe negociador, Humberto de la Calle.
En el avión que partió el lunes por la tarde de la base militar de Catam, en Bogotá, viajaron además el alto comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, y los generales retirados Jorge Enrique Mora, del Ejército, y Óscar Naranjo, de la Policía, también ministro del Postconflicto.