Más de cinco años después de que un recluso muriera a causa de un altercado físico contra oficiales de la cárcel del condado, la policía de Las Vegas acordó pagar $363 mil a dos de los familiares del hombre.
El dinero está destinado a su hija adulta, Carmen Solano, quien encabezó el caso civil, y a su viuda, Ima Flores-Zelaya. También apoyará a sus otros cuatro hijos como herederos.
El Comité de Asuntos Fiscales de la Policía Metropolitana aprobó el acuerdo en su reunión del lunes sin discusión.
“Estamos contentos de ver este litigio de años llegar a una conclusión satisfactoria para todos los involucrados”, declaró Mitchell Bisson, abogado de la familia, en un comunicado enviado por correo electrónico.
La familia llegó previamente a un acuerdo confidencial por separado con NaphCare Inc., que fue contratada para proporcionar servicios médicos a los reclusos de la cárcel del Condado de Clark.
Luis Solano, de 38 años, murió en el Centro Médico Universitario en marzo de 2013, más de una semana después del altercado de tres minutos contra los agentes penitenciarios en el Centro de Detención del Condado de Clark. La oficina forense dictaminó que su muerte fue un homicidio por complicaciones de “asfixia posicional” debido a los procedimientos de restricción policial.
“Aunque nada traerá de vuelta a Luis Solano, este acuerdo, junto con el acuerdo anterior que la familia tuvo con NaphCare relacionado con este incidente, ayudará a mantener a los cinco hijos de Luis y ayudará a cerrar este trágico capítulo de sus vidas”, detalló Bisson en su declaración.
Unos meses después de su muerte, la viuda de Solano, quien estaba embarazada en ese momento, y su hija Carmen presentaron la demanda. Acusaron a los oficiales del Departamento de la Policía Metropolitana de golpear y sofocar a Solano después de que malinterpretaron su reacción a un ataque.
Solano fue ingresado en la cárcel cuatro días antes de la lucha de febrero de 2013. El video que se reprodujo en una audiencia pública casi un año después, primero lo mostró paseándose dentro de un área común de una unidad de vivienda médica, gesticulando frenéticamente.
Por un momento, desapareció fuera de la pantalla, donde según los informes ingresó en un área restringida cerca de la sala de control de los guardias. Cuando reapareció, varios oficiales, que ya lo habían agarrado, lo arrastraron hasta el fondo de la habitación y lo forzaron a caer de bruces al suelo.
Se resistió y dijo a los oficiales varias veces que no podía respirar. Cuando la lucha terminó, Solano estaba inconsciente.
Bisson describió su muerte como la historia de Eric Garner “versión Las Vegas”.
Garner murió en Nueva York en 2014 después de una lucha contra la policía en Staten Island. Sus últimas palabras, “No puedo respirar”, fueron captadas en video y utilizadas en protestas nacionales contra la brutalidad policial.
Un año después de la muerte de Solano, el fiscal de distrito del Condado de Clark, Steve Wolfson, anunció que los cuatro oficiales no enfrentarían cargos criminales.
“Una investigación exhaustiva indicó que los agentes no utilizaron una fuerza excesiva en sus esfuerzos por retenerlo”, detalló Wolfson en un comunicado en ese momento.
La policía pasó a luchar contra la familia de Solano en la corte durante años, argumentando que los oficiales deberían ser inmunes a las demandas civiles basadas en sus acciones mientras están en el trabajo. Un juez federal en Nevada rechazó esos reclamos.
Después de que los abogados de la Policía Metropolitana apelaron esa decisión ante la Novena Corte de Apelaciones del Circuito de los EE.UU., la corte en 2017 confirmó la decisión de la corte inferior, y el caso continuó. El acuerdo se alcanzó en julio.