CARSON CITY — Los funcionarios electos locales podrían ser destituidos de su cargo por acoso sexual en el trabajo según un proyecto de ley escuchado el lunes por un comité de la Asamblea, una medida dirigida a un alguacil del condado que ha mantenido su puesto electo pese a numerosas quejas.
El Proyecto de Ley de la Asamblea 397, patrocinado por los dos principales legisladores de la Asamblea, trabajaría a través del marco existente de la Comisión Estatal de Igualdad de Derechos y, en el caso de los funcionarios estatales, los procedimientos constitucionales que rigen el juicio político.
Al presentar el proyecto de ley ante el comité de Asuntos Gubernamentales de la Asamblea, la asambleísta Teresa Benítez-Thompson, D-Reno, líder de la mayoría de la Asamblea, señaló la inconsistencia en la que un funcionario público puede ser expulsado por el uso indebido de bienes públicos para fines de campaña o personales, pero “no puede” ser destituido de su cargo cuando se descubra que ha acosado sexualmente a una persona”.
Según la ley actual, aquellos con una queja por acoso tienen 300 días para presentarla ante la comisión. El nuevo estatuto facultaría a la comisión, después de un hallazgo de “suficientemente severo” o acoso generalizado, para determinar si merece ser destituido de su cargo.
Los casos que involucran a funcionarios estatales serían remitidos a la Asamblea para procedimientos de juicio político, seguidos si fuera necesario por un juicio en el Senado, según la ley existente. En los casos que involucran a funcionarios electos locales de ciudades o condados, la comisión podría remitir el asunto a un gran jurado o un juez para determinar si la remoción está justificada.
“Estamos mirando a personas con múltiples violaciones: personas en las que el comportamiento es especialmente grave, personas que podrían tener violaciones de larga data como un funcionario público electo”, detalló Benítez-Thompson.
Una disposición final haría a los hostigadores personalmente responsables de cualquier multa evaluada, actualmente estas a menudo las paga la ciudad o el condado donde trabaja el acosador o, posiblemente, un comité de campaña.
Sin citar a ningún funcionario por su nombre, tanto el líder de la mayoría como otros que testificaron hicieron referencia a los procedimientos en curso que involucraron al Alguacil del Condado de Storey, Gerald Antinoro, quien actualmente enfrenta tres quejas de ética pendientes ante la Comisión Estatal de Ética y una demanda federal por acoso sexual presentada por una ex diputada, además de otras acusaciones. Antinoro, elegido por primera vez en 2010, ganó dos veces la reelección y también superó un esfuerzo de destitución en 2017.
“Me dirijo a un funcionario electo en el norte que es un problema y todos sabemos de qué estamos aquí para hablar”, comentó Rick McCann, de la Asociación de Oficiales de Seguridad Pública de Nevada, cuyos miembros incluyen oficiales en el Condado de Storey y en todo el estado.
“Tengo un problema y lo he tenido durante dos años, con un funcionario electo que básicamente ha podido hacerle *esto* al sistema”, añadió McCann, haciendo un gesto con el dedo medio. “Para los registros, acabo de alzar mi dedo de en medio”.
McCann confirmó más tarde que se refería a Antinoro. El alguacil no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios por correo electrónico.
Dos miembros de la Legislatura han renunciado en los últimos dos años por acusaciones de hostigamiento, el ex senador estatal de larga data Mark Manendo, D-Las Vegas, renunció en 2017 luego de una extensa investigación independiente, cuyos resultados nunca se dieron a conocer públicamente y el asambleísta de cuatro mandatos, Mike Sprinkle, D-Sparks, renunció el mes pasado luego de enfrentar acusaciones de hostigamiento.