Un grupo de estudiantes llevó a cabo en Chilpancingo, Guerrero, actos vandálicos, como la quema de autos enfrente del Congreso, tras participar en una marcha por los siete meses de la desaparición de 43 estudiantes.
La manifestación, encabezada por los padres de los desaparecidos, miembros de Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y estudiantes de varios estados, arrancó a las 13:00 hora local en Chilpancingo con alrededor de 800 personas y sobre las 14:30 horas llegó ante la sede del Congreso del estado.
Enfrente del edificio, los jóvenes pertenecientes a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), entre ellos miembros de escuelas normalistas, se hicieron con cinco camionetas de reparto de distintas empresas y tras tumbar la valla del congreso estatal entraron los vehículos en la explanada el recinto.
Minutos después, intentaron entrar los autos al edificio, aunque no lo lograron, pero incendiaron varias de las camionetas, que ardieron frente de la fachada del edificio legislativo.
La policía nacional, estatal y antidisturbios utilizaron gas lacrimógeno para dispersar el grupo, que respondió con piedras y cócteles molotov, según reportaron medios locales.
En la reyerta no participaron los padres de familia, quienes continuaron la protesta hacia una autopista cercana al congreso y exigieron que el Gobierno Federal siga buscando a los 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
Según la versión oficial, los estudiantes desaparecieron la madrugada del 26 al 27 de septiembre de 2014 a manos de autoridades corruptas y miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron sus restos en un tiradero de basura en el municipio vecino de Cocula.
De momento, no se han reportado detenidos ni lesionados en el enfrentamiento.
Hasta el momento, los manifestantes, sobre todo miembros de la CETEG, se encuentran en el zócalo (plaza principal) de Chilpancingo, realizando un plantón.
En días pasados, maestros de este colectivo llevaron a cabo varias medidas de boicot electoral como la toma y quema de propaganda.
El próximo 7 de junio más de 83 millones de mexicanos están convocados a las urnas para elegir 1,996 cargos, incluidos 500 diputados federales y los gobernadores de nueve estados, entre ellos Guerrero.
El político Ángel Aguirre pidió el viernes al Congreso del estado mexicano de Guerrero que acepte su renuncia “definitiva” e “irrevocable” como gobernador.
Aguirre se separó de sus funciones en octubre pasado a través de una licencia provisional, algo que ahora quiere hacer de forma “definitiva e irrevocable”.
El congreso del estado se reunió el sábado para determinar si el actual mandatario interino, Rogelio Ortega, continuará en sus funciones; sin embargo, no se llegó a un acuerdo y se aplazó la reunión para el lunes, por lo que el ex secretario general de Gobierno, David Cienfuegos, se convirtió en el encargado provisional de despacho.
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Los otros afectados tras la masacre de Ayotzinapa
Ellos no llevan el número 43 por bandera ni salen a las calles en cada marcha, pero en casa de Aldo Gutiérrez todo se trastocó hace siete meses, cuando un tiro en la cabeza lo dejó en coma. Desde entonces, su familia vive a los pies de su cama en un hospital de México, luchando contra el miedo y el olvido.
Miedo porque temen represalias de un enemigo desconocido que quiera acabar con la vida del joven o a que el Gobierno les deje de ayudar con el pago del hospital especializado en neurología en el que está internado en la capital del país.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos envió a un grupo a Guerrero para ayudar en el caso.
Y olvido es lo que ven venir cuando cada vez menos personas se interesan por este caso que, pese a haber conmocionado al mundo, cada día llena menos páginas de periódicos y junta a menos gente en las calles.
Este domingo se cumplen siete meses de los hechos violentos en Iguala la noche del 26 de septiembre, cuando un grupo de estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa fue atacado por policías corruptos por órdenes del entonces alcalde, José Luis Abarca.
Desde entonces, 43 jóvenes permanecen desaparecidos. Según la versión oficial, fueron entregados a un grupo de narcotraficantes, asesinados e incinerados en un basurero, algo que los padres no piensan dar por válido sin pruebas contundentes.
Además, esa noche murieron seis personas, incluidos tres estudiantes, y Aldo recibió un tiro en la cabeza que lo dejó en el limbo entre la vida y la muerte, un coma del que los médicos no saben si saldrá.
En un café junto al hospital del que apenas salen, Diana y Azucena, dos de sus hermanas, recuerdan a Efe que aquella noche Aldo fue llevado a dos hospitales, pese a que ya lo daban por muerto.
En el primero, lo rechazaron, y en el segundo, el Hospital General de Iguala, tardaron horas en atenderlo. “Fueron mi papá y mi hermano y hasta que no llegaron no lo atendieron, no lo querían atender porque no lo conocían”, cuenta Azucena, la mayor de los 14 hermanos Gutiérrez.
Desde entonces no han dejado solo ningún día a Aldo, que quería ser profesor, como lo es otro de sus hermanos que también estudió en Ayotzinapa. Se turnan por semanas los hermanos, padres y cuñados y se quedan ahí, hablándole y apuntando en un cuaderno de registro cada mal día, cada avance o cada gesto de esperanza.
“Los médicos nos comentan que en el estado en el que está va a ser difícil que recupere ciertas cosas, pero nosotros tenemos una esperanza porque él respira solo y escucha, nosotros le hablamos y escucha. De repente se mueve y para nosotros es una alegría”, cuenta Diana.
Acto seguido, las dos reconocen que los médicos son quienes les bajan de la nube de las alegrías y les dicen que los movimientos, párpados incluidos, son solo reflejos. Por ejemplo, saben que Aldo no verá más, pero creen que sí escucha.
Por ello Diana y Azucena le cuentan cosas del pueblo, de sus amigos, de su equipo de fútbol, quienes la pasada semana le trajeron un uniforme con su nombre. Ayer le contaron que “ha sido abuelo”, pues su adorada gata Minina ha tenido tres gatitos.
Y olvido es lo que ven venir cuando cada vez menos personas se interesan por este caso que, pese a haber conmocionado al mundo, cada día llena menos páginas de periódicos y junta a menos gente en las calles.
Este domingo se cumplen siete meses de los hechos violentos en Iguala la noche del 26 de septiembre, cuando un grupo de estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa fue atacado por policías corruptos por órdenes del entonces alcalde, José Luis Abarca.
Desde entonces, 43 jóvenes permanecen desaparecidos. Según la versión oficial, fueron entregados a un grupo de narcotraficantes, asesinados e incinerados en un basurero, algo que los padres no piensan dar por válido sin pruebas contundentes.
Además, esa noche murieron seis personas, incluidos tres estudiantes, y Aldo recibió un tiro en la cabeza que lo dejó en el limbo entre la vida y la muerte, un coma del que los médicos no saben si saldrá.
En un café junto al hospital del que apenas salen, Diana y Azucena, dos de sus hermanas, recuerdan a Efe que aquella noche Aldo fue llevado a dos hospitales, pese a que ya lo daban por muerto.
En el primero, lo rechazaron, y en el segundo, el Hospital General de Iguala, tardaron horas en atenderlo. “Fueron mi papá y mi hermano y hasta que no llegaron no lo atendieron, no lo querían atender porque no lo conocían”, cuenta Azucena, la mayor de los 14 hermanos Gutiérrez.
Desde entonces no han dejado solo ningún día a Aldo, que quería ser profesor, como lo es otro de sus hermanos que también estudió en Ayotzinapa. Se turnan por semanas los hermanos, padres y cuñados y se quedan ahí, hablándole y apuntando en un cuaderno de registro cada mal día, cada avance o cada gesto de esperanza.
“Los médicos nos comentan que en el estado en el que está va a ser difícil que recupere ciertas cosas, pero nosotros tenemos una esperanza porque él respira solo y escucha, nosotros le hablamos y escucha. De repente se mueve y para nosotros es una alegría”, cuenta Diana.
Acto seguido, las dos reconocen que los médicos son quienes les bajan de la nube de las alegrías y les dicen que los movimientos, párpados incluidos, son solo reflejos. Por ejemplo, saben que Aldo no verá más, pero creen que sí escucha.
Por ello Diana y Azucena le cuentan cosas del pueblo, de sus amigos, de su equipo de fútbol, quienes la pasada semana le trajeron un uniforme con su nombre. Ayer le contaron que “ha sido abuelo”, pues su adorada gata Minina ha tenido tres gatitos.
“Nos dicen que le demos estimulación”, cuenta Diana, y por ello le ponen “su música, las cumbias que tanto le gustan y se queda tranquilo”, aunque ven cómo “se está deteriorando cada vez más y bajó de peso”.
Diana y Azucena cuentan que, aunque su padre y su hermano sí han tenido contacto con los familiares de los desaparecidos, la familia Gutiérrez permanece un poco al margen de la lucha del resto.
“Nosotros lo que queremos es la rehabilitación de él. Nos da un poco de miedo que vayan a pensar que él sigue vivo…”, dice Diana, sin terminar la frase, pero afirmando que el miedo es a que venga alguien a hacerle algo.
Ahora solo piensan en que no los olviden, pues “ya la gente se está alejando de nosotros, cada vez tenemos menos apoyo, con el tiempo la gente se olvida, pero nosotros aquí estamos todavía, seguimos en las mismas”, apunta.
Las ayudas cada vez son menos, ya no les pagan el transporte hasta Ciudad de México, cuando son gente humilde, familia de campesinos. Y sigue sin llegar algún médico que dé una segunda opinión sobre el caso.
Sin embargo, cuando llegan los momentos de desesperanza para la madre de Aldo, sus hermanas la animan recordándole que en la comunidad vecina de Tecoanapa “hay una mujer que tiene a dos hijos desaparecidos”.
“Yo le digo a ella, esta mujer ya no los va a ver, nosotros tenemos a nuestro hermano, usted lo está viendo”, señala Diana, quien explica que pese a los malos momentos, su madre se conforma con tenerlo ahí, con verlo y saber dónde está.