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Siete cárceles cumplen con la ley de votación, dice la ACLU

Siete cárceles en todo el estado están ahora en pleno cumplimiento de una ley que requiere que las instalaciones creen un proceso para que los reclusos puedan votar mientras están tras las rejas, de acuerdo con la American Civil Liberties Union (ACLU) de Nevada.

La ACLU anunció el jueves que las cárceles, incluidas las del Condado Clark, North Las Vegas, Henderson y otras, habían entrado en cumplimiento de una nueva ley que requiere que los administradores de las cárceles de la ciudad y del condado desarrollen un procedimiento para permitir a los reclusos votar por correo.

“A través de la colaboración entre la ACLU de Nevada y los administradores de las cárceles y los secretarios de los condados, la mayoría de las cárceles de todo el estado tienen ahora políticas que crean el acceso a las urnas para los votantes elegibles”, dijo la abogada de la ACLU Sadmira Ramic en un comunicado.

El anuncio se produce después de que el director ejecutivo de la ACLU, Athar Haseebbullah, dijera a los legisladores en marzo que la organización comenzaría a presentar demandas a mediados de abril contra las cárceles que no cumplieran plenamente la ley.

La organización presentó entonces una demanda contra el Condado Elko a principios de mayo, después de que el condado no respondiera a las cartas de demanda enviadas por la ACLU. El miércoles, el condado llegó a un acuerdo con la ACLU.

Haseebullah dijo que estaban “agradecidos” de que el Condado Elko hubiera negociado, y afirmó que la ACLU seguiría trabajando con las cárceles para garantizar el cumplimiento de la ley.

“Seguiremos trabajando con el resto de las cárceles de Nevada para garantizar que el derecho al voto sea accesible a los votantes elegibles sin importar dónde se encuentren”, dijo en un comunicado.

El proyecto de ley, que fue patrocinado por la asambleísta Brittney Miller, demócrata por Las Vegas, fue aprobado durante la última sesión legislativa y entró en vigor el 1° de enero.

Los que están en la cárcel están a la espera de juicio o cumpliendo penas por delitos menores, y por lo tanto no se les ha revocado su derecho al voto.

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