Las negociaciones para un potencial acuerdo de 64 millones de dólares entre la ciudad de Las Vegas y una empresa de urbanización detrás de un plan estancado para construir viviendas en el extinto campo de golf Badlands se rompió un día antes de que el acuerdo se estableciera para su discusión en el Ayuntamiento, dijo el martes la concejal Victoria Seaman.
“He hecho todo lo posible para reunir a ambas partes”, escribió en un comunicado. “Sin embargo, lamentablemente debo reportar que las negociaciones entre los abogados de ambas partes llegaron a un punto muerto”.
No estaba claro qué llevó al rompimiento de las negociaciones, y Seaman solo dijo que la “base” del acuerdo “se topó con un problema”.
Seaman dijo que el punto del orden del día para debatir el acuerdo, que presentó para la reunión del Ayuntamiento del miércoles, se pospondría.
Elizabeth Ghanem, una abogada que representa 180 Land Company LLC, no pudo ser contactada para hacer comentarios el martes por la noche.
La propuesta de acuerdo que el urbanizador había acordado habría abarcado un juicio de 49 millones de dólares en una demanda que está en apelación ante el Tribunal Supremo de Nevada y 15 millones de dólares para la construcción de una instalación de drenaje en la propiedad y los derechos de uso de la tierra. El acuerdo habría desestimado cuatro juicios distintos pendientes contra la ciudad.
El urbanizador -que posee 250 acres en la zona- es una filial de EHB Cos, dirigida por el director ejecutivo Yohan Lowi.
Los planes de construcción empezaron a estancarse poco después de la compra de 2015, cuando una coalición de residentes del exclusivo vecindario de Queensridge, cerca de Summerlin, que rodea el campo, se opusieron, alegando el temor a la alta densidad y a la disminución del valor de la propiedad. Los desacuerdos posteriores en el Ayuntamiento sobre la zonificación condujeron a una serie de demandas.
Los funcionarios municipales y el urbanizador estaban en desacuerdo sobre una resolución hasta el año pasado, pero el posible acuerdo parecía apuntar a una solución.
La noticia de un posible acuerdo se produjo poco después de que la jueza de distrito Mónica Trujillo reglamentara el mes pasado que el rechazo de la ciudad a los planes de desarrollo de una parcela de 65 acres era una toma ilegal en virtud de la Quinta Enmienda.
“El acuerdo está condicionado a la consideración y aprobación por parte del Concejo Municipal de ciertos derechos de uso del suelo para la propiedad”, según un resumen de las actas del orden del día del miércoles. “Tras el pago de los fondos del acuerdo y la aprobación de los derechos de uso del suelo, los casos pendientes serán desestimados con perjuicio y la ciudad recibirá una liberación total de la responsabilidad”.
Ghanem declaró el domingo al Review-Journal que no sabía si confiar en que el acuerdo saliera adelante, pero que era lo que la empresa prefería.
“Un buen acuerdo siempre es mejor que un gran juicio”, dijo.