¿Qué están ocultando? La oficina del fiscal general retrasa la respuesta a las solicitudes de registros
La oficina del fiscal general de Nevada tardó meses en producir registros públicos que las otras oficinas constitucionales del estado liberaron rápidamente, planteando preguntas sobre porqué la oficina de aplicación de la ley más importante del estado sigue retrasando la liberación de documentos importantes que ayudan a los contribuyentes a entender su función.
En mayo, Las Vegas Review-Journal solicitó los calendarios de cinco meses del gobernador, el secretario de Estado, el fiscal general, el tesorero y el interventor. El personal del fiscal general Aaron Ford retrasó repetidamente la entrega de los documentos, mientras que los demás organismos entregaron los calendarios en pocas semanas.
Cuando el lunes el periódico informó al personal del fiscal general de que tenía previsto publicar una columna sobre los retrasos, la oficina hizo públicos los registros al día siguiente. La solicitud incluía también los registros de visitas, pero el fiscal general era el único que los conservaba, y se publicaron junto con los calendarios.
Stephen Bates, profesor de periodismo y medios de comunicación en la UNLV, dijo que la ley estatal exige que los registros públicos se entreguen con prontitud.
“Cuando se tarda meses y meses, entonces no es tan útil, especialmente para los periodistas”, dijo. “Los periodistas te hablan de problemas que existen ahora mismo, no de problemas que existieron hace seis meses”.
Los registros permiten al público comprender a qué dan prioridad los cargos electos, con quién se reúnen y qué asuntos estudian. Por ejemplo, los registros del gobernador condujeron a una historia del 30 de mayo sobre los primeros meses del gobernador Joe Lombardo en el cargo.
La Ley de Registros Públicos de Nevada exige que los organismos presenten los registros sin demoras injustificadas. Deja claro que los retrasos en el acceso a los registros públicos infirngen la ley tanto como la denegación de una solicitud.
Para poner dientes a ese requisito, la ley se modificó en 2019 para exigir a las agencias que proporcionen explicaciones detalladas de los retrasos y permitir demandas basadas en un retraso en la entrega de registros públicos.
John Sadler, el director de comunicaciones de la oficina del fiscal general, envió por correo electrónico una declaración que decía que la oficina intenta responder a todas las solicitudes de registros públicos lo más rápido posible.
Las solicitudes se cumplen en el orden en que la oficina las recibe, escribió, y diferentes factores influyen en la fecha estimada de respuesta.
“Recibimos cientos de solicitudes cada año, lo que requiere que un pequeño equipo de fiscales generales adjuntos revise miles de páginas de documentos”, escribió Sadler.
Retrasos reiterados del fiscal general
Esta no es la primera vez que la oficina de Ford retrasa la producción de documentos solicitados por el Review-Journal.
En 2019, el Review-Journal presentó solicitudes preguntando sobre una investigación de la escuela de odontología de UNLV, una investigación de acusaciones de corrupción sobre la renovación del sistema informático del DMV y la búsqueda de un bufete de abogados para manejar el litigio de opiáceos. La agencia retrasó repetidamente la fecha de publicación de esos registros durante meses.
En agosto de 2022, un reportero del Review-Journal solicitó todos los correos electrónicos relacionados con Never Give Up Youth Healing Center, un centro de tratamiento psiquiátrico para jóvenes que fue objeto de una investigación del Review-Journal, entre 2018 y 2022. Ocho meses después, el reportero recibió copias de 10 correos electrónicos.
Otro reportero envió una solicitud en septiembre sobre la investigación de la oficina sobre una queja de un funcionario local y no recibió los documentos solicitados -de una página- hasta febrero.
En cuanto a la solicitud de calendarios y registros de visitas de mayo, el personal del fiscal general dijo inicialmente que entregaría los documentos el 23 de junio, pero el 22 de junio lo retrasó hasta el 4 de agosto. En agosto, el coordinador de registros públicos del fiscal general dijo al Review-Journal que la solicitud se había aplazado de nuevo hasta el 8 de septiembre, solo para entregar los registros cuando se le informó de esta columna.
Como todas las demás oficinas pudieron entregar rápidamente los documentos, que eran “bastante sencillos”, sería extraño que la fiscalía general operara de otra manera, dijo Bates.
Tampoco hay “defensa por ignorancia” para la oficina del fiscal general porque conocer la ley es su trabajo, dijo.
Es “difícil decir que la fiscalía general desconoce cuáles son los requisitos legales”, dijo Bates.
