Una legisladora estatal que aceptó un puesto en una organización sin fines de lucro semanas después de que los legisladores votaran a favor de destinar 250 mil dólares a la organización, no infringió las leyes estatales de ética, dictaminó el miércoles la Comisión de Ética de Nevada.
Un panel de revisión de tres personas concluyó por unanimidad que no había evidencia de que la aceptación del empleo por parte de la asambleísta Michelle Gorelow en Arc of Nevada “tendiera a influir indebidamente en una persona razonable para apartarse del cumplimiento fiel e imparcial de sus deberes públicos”.
El panel también encontró que no había evidencia de que la asambleísta usara tiempo, propiedad o equipo gubernamental para recibir empleo en Arc, o que buscara empleo mediante el uso de su cargo de elección.
Gorelow dijo que la queja, que fue presentada por el operador republicano Chuck Muth en agosto, “siempre careció de mérito”.
“A pesar de la retórica procedente de los republicanos hiperpartidistas, la denuncia ética presentada contra mí siempre careció de fundamento y estoy feliz de dejar esto en el pasado”, dijo Gorelow en un comunicado. “Como he dicho antes, observo con interés continuar mi carrera sin fines de lucro de casi 25 años y centrar toda mi atención en mi trabajo con ARC of Nevada para servir a los más necesitados”.
La denuncia ética se presentó después de que Las Vegas Review-Journal informara a finales de agosto que Gorelow había sido contratada como directora ejecutiva de Arc –un grupo activista en favor de las personas con discapacidad intelectual y de desarrollo– un mes después de que los legisladores votaran a favor de conceder a la organización la primera asignación estatal de su historia.
Gorelow se negó a comentar ese reportaje a pesar de las múltiples peticiones hechas por teléfono, correo electrónico y en persona. La asambleísta anunció que no se postularía a la reelección una semana después de la publicación del reportaje y un día después de que Muth presentara la denuncia ética ante la comisión, mencionando su deseo de seguir trabajando en el ámbito de las organizaciones sin fines de lucro.
La opinión de la comisión también detalló los límites a la capacidad del organismo para investigar la conducta de un legislador, incluyendo una decisión de la Corte Suprema del estado en 2009 que determinó que gran parte de la conducta de los legisladores está protegida de la jurisdicción de la comisión.
Esa sentencia y una estipulación de la ley estatal que especifica que la comisión no puede ejercer autoridad sobre los legisladores estatales en las declaraciones de conflicto de interés impidieron a la junta “investigar o emprender acción alguna en relación con el voto del Sujeto para financiar a su entonces futuro empleador”, según el dictamen del panel.
Muth dijo que la decisión no le sorprendió.