LOS ÁNGELES — El Concejo Municipal de Los Ángeles aprobó el martes una ordenanza llamada “ciudad santuario” que prohíbe que los recursos de la ciudad se utilicen para la aplicación de la ley de inmigración y que los departamentos municipales compartan información sobre personas sin estatus legal con las autoridades federales de inmigración, en previsión de posibles deportaciones masivas bajo el presidente electo Donald Trump.
Los concejales votaron unánimemente sobre la medida, uniéndose a más de una docena de ciudades en todo Estados Unidos con disposiciones similares. Las ciudades o estados santuario no son términos legales, pero han llegado a simbolizar una promesa de proteger y apoyar a las comunidades de inmigrantes y se niegan a proporcionar voluntariamente información a los funcionarios de inmigración. Activistas dicen que son refugios para que los inmigrantes se sientan seguros y puedan denunciar delitos sin temor a la deportación.
La medida regresará al Concejo para una segunda votación como formalidad. La alcaldesa Karen Bass, que tiene el poder de vetarla, ha dicho que apoya la ordenanza.
Con las promesas de Trump de una enorme represión migratoria a su regreso a la Casa Blanca en enero, activistas de la inmigración instaron a los miembros del concejo de Los Ángeles a actuar rápidamente.
“Vamos a enviar un mensaje muy claro de que la ciudad de Los Ángeles no cooperará con ICE de ninguna manera”, dijo el concejal Hugo Soto-Martínez, refiriéndose a la agencia de Inmigración y Control de Aduanas. “Queremos que la gente se sienta protegida y pueda tener fe en su gobierno y que las mujeres puedan denunciar la violencia doméstica, los delitos”.
Soto-Martínez, uno de los concejales que presentó la moción inicial el año pasado, dijo que sus padres y muchos de sus electores son inmigrantes sin estatus legal. Están “integrados en la comunidad en general”, desde cocinar y limpiar casas hasta trabajar como niñeras, dijo.
Pero no está claro cuánto cambiará bajo la ordenanza, ya que la ciudad ya no coopera con las autoridades federales de inmigración.
El Departamento de Policía de Los Ángeles tiene una política que obliga a los agentes a no preguntar sobre el estatus migratorio de una persona ni realizar arrestos basados en el estatus legal. Su nuevo jefe de policía, Jim McDonnell, también se ha comprometido a no cooperar con el trabajo de deportaciones masivas o con las agencias federales en asuntos de aplicación de la ley de inmigración.
El exalcalde de Los Ángeles Eric Garcetti emitió una directiva ejecutiva en 2019 que ofrecía protecciones a los inmigrantes, pero la ordenanza del martes codificaría esas protecciones en la ley de la ciudad.
El estado de California tiene protecciones similares. El exgobernador de California Jerry Brown firmó una legislación de Estado santuario en 2017 para prohibir que la policía pregunte a las personas sobre su estado migratorio o participe en actividades federales de aplicación de la ley de inmigración.
El entonces presidente Trump respondió intentando retener los fondos de las ciudades santuario y favorecer a las ciudades que se comprometen a cooperar con la aplicación de la ley de inmigración para obtener subvenciones federales.
Ciudades desde Nueva York hasta San Francisco tienen antiguas políticas para apoyar a los inmigrantes, pero las críticas a esas medidas crecieron con la afluencia de migrantes. Algunas de las reacciones ocurrieron después de que los gobernadores republicanos de Texas y Florida comenzaron a transportar a los migrantes en autobuses a “ciudades santuario” lideradas por demócratas el año pasado, en lo que los críticos han llamado trucos políticos.
Desde entonces, el alcalde de la Ciudad de Nueva York, Eric Adams, ha pedido una mayor cooperación entre la policía local y las autoridades federales de inmigración, atacando las políticas actuales de la ciudad que limitan dicha comunicación por ser perjudiciales para la seguridad pública.
Migrantes también fueron transportados en autobús a Los Ángeles, aunque en menor número.
Más de 100 personas se reunieron en las escalinatas del ayuntamiento el martes por la mañana antes de la votación para instar al Concejo Municipal a promulgar la ordenanza.
Martha Arévalo, directora ejecutiva del Central American Resource Center in LA, dijo que la ley “debería haberse aprobado hace mucho tiempo”.
“Este es el Trump 2.0 que se postuló con base en una plataforma de odio y división, separación de familias y deportaciones masivas”, dijo Arévalo. “Es traumático para la comunidad inmigrante. Hay mucho trauma, hay mucho miedo”.
Los partidarios de la ordenanza de ciudad santuario, muchos de los cuales son personas sin estatus legal, hablaron sobre sus experiencias personales con la amenaza de deportación.
“Crecí en las sombras, temiendo constantemente la separación de mis seres queridos y ser enviado de regreso a un lugar del que habíamos luchado tanto para escapar”, dijo Jesús Carreón, estudiante actual de la Facultad de Derecho de Harvard y graduado de la Universidad del Sur de California, pidiendo al concejo que vote a favor de la política de santuario.
Algunos expresaron su preocupación de que pudiera alentar a más migrantes sin estatus legal a venir a la ciudad y quitar recursos para abordar la falta de vivienda.
“Estoy seguro de que hay millones de personas que quieren venir a Los Ángeles y no podemos ser una ciudad santuario para todos”, dijo Charles Brister al Concejo Municipal antes de la votación. “Tenemos gente en esta ciudad que no tiene camas, ciudadanos estadounidenses que no tienen hogar”.
El alcalde Bass dijo recientemente que “este momento exige urgencia. Las protecciones a los inmigrantes fortalecen a nuestras comunidades y hacen que nuestra ciudad sea mejor”.