WASHINGTON – Miles de inmigrantes que viven en este país bajo protecciones humanitarias, entre ellos unos cuatro mil en Nevada, corren ahora el riesgo de ser deportados debido al estancamiento de las negociaciones entre la administración Biden y los abogados de inmigración.
Tras un año de conversaciones, las negociaciones se rompieron el mes pasado, dejando a los inmigrantes con Estatus de Protección Temporal (TPS) en riesgo de deportación por las decisiones tomadas por la administración Trump de revocar su capacidad de vivir y trabajar en este país.
Solo los inmigrantes de cuatro países -El Salvador, Honduras, Nicaragua y Nepal- están en peligro, debido a un caso federal en curso en California, después de que un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos revocara a un juez de primera instancia que mantenía las protecciones para los beneficiarios del TPS.
Los funcionarios del gobierno de Biden aún no han anunciado si las conversaciones se reanudarán o se ampliarán para incluir a funcionarios de otros departamentos o agencias federales.
“No podemos hacer comentarios sobre litigios en curso”, dijo un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional al Review-Journal.
Pero el portavoz también señaló que la revocación, en ausencia de una acción ordenada por el tribunal, requeriría pasos adicionales para completarse, lo que daría tiempo a una resolución final.
“Los actuales titulares del TPS de El Salvador, Nepal, Nicaragua y Honduras seguirán estando protegidos durante los próximos meses”, dijo el portavoz.
Inmigrantes en peligro
Alrededor de 337 mil titulares de la tarjeta TPS en todo el país corren el riesgo de ser expulsados si no se toma una decisión antes de finales de año, según los grupos activistas de inmigración.
Hay 4,175 personas de esos países que viven y trabajan en Nevada con estatus de protección, según el Foro Nacional de Inmigración. Cuando se rompieron las conversaciones, la senadora demócrata federal Catherine Cortez Masto instó inmediatamente a la administración a que empezara de nuevo.
“Esto es inaceptable”, escribió Cortez Masto en Twitter. “La Casa Blanca tiene que volver a la mesa de negociaciones ahora mismo”.
Hace un año, Cortez Masto y la senadora demócrata de Estados Unidos Jacky Rosen copatrocinaron un proyecto de ley para proporcionar un estatus permanente a los titulares de la tarjeta TPS que no tuvieran antecedentes penales y que cumplieran otros criterios.
Muchos de ellos han huido de la violencia, la persecución y las catástrofes naturales y ahora están en Nevada como dueños de negocios, compañeros de trabajo y vecinos, dijo Cortez Masto.
Rosen dijo que con la ruptura de las negociaciones, la “incertidumbre a la que se enfrentan los beneficiarios del TPS y sus familias es profundamente preocupante”.
“No podemos permitir que sigan viviendo en el limbo. Llamo al gobierno de Biden a renovar estas protecciones ahora”, dijo Rosen en una declaración al Review-Journal.
El programa cambió con Trump
El programa de estatus de protección temporal comenzó bajo el mandato del presidente George H. W. Bush.
El presidente Joe Biden, tras su elección, prometió deshacer la revocación del estatus del expresidente Donald Trump para los inmigrantes de algunos países devastados por la guerra. Pero Trump trató de poner fin al programa para determinados países alegando que los conflictos y las catástrofes que crearon la necesidad del estatus de protección se han resuelto desde entonces o se ha producido una recuperación que hace innecesaria la designación.
En 2018 se presentó una demanda contra la decisión de la administración Trump de revocar el estatus de los inmigrantes de determinados países, que los demandantes alegaban que se basaba en la raza y el origen étnico.
Un juez federal de California les dio la razón, citando la orden de la administración Trump que no abordaba la situación de los titulares de la tarjeta TPS de los países europeos. El juez prohibió la revocación del estatus del programa para los inmigrantes de los países especificados en el objetivo de Trump.
Sin embargo, el panel de tres jueces del Noveno Circuito, con sede en San Francisco, revocó la sentencia del tribunal inferior en una decisión dividida que consideró que el tribunal inferior no podía determinar la intención del presidente de la orden de bloquear la acción.
La revocación del panel de tres jueces fue apelada por los demandantes, que buscan una sentencia de todo el panel de 29 jueces del circuito.
Mientras tanto, Biden ha restablecido el estatus de TPS para los inmigrantes de Sudán y Haití, que estaban en la orden original de revocación de Trump.
El colapso de un acuerdo negociado para los inmigrantes de los otros países en la demanda original pone a esos portadores de tarjetas en riesgo de expulsión, a menos que se llegue a una decisión o que intervenga el tribunal de apelación.
“Cientos de miles de personas han tenido protección humanitaria en Estados Unidos durante más de dos décadas. Que corran el riesgo de ser arrancados de sus comunidades y familias es cruel e injusto”, dijo Emi MacLean, abogada mayor de la ACLU del Norte de California, que representa a los demandantes.
“El presidente Biden debe actuar inmediatamente para deshacer las racistas terminaciones del TPS de Trump y garantizar la protección de los titulares del TPS”, dijo MacLean en un comunicado.