El proyecto de ley para penalizar a electores falsos en Nevada recibe otra audiencia
CARSON CITY – Los legisladores escucharon un proyecto de ley que penaliza a los electores presidenciales falsos por segunda vez durante una reunión del comité el jueves por la tarde.
Proyecto de ley 133 del Senado, patrocinado por el senador Skip Daly, demócrata por Sparks, penalizaría crear o servir en una falsa lista de electores, o conspirar para hacerlo.
La legislación surge en respuesta a un grupo de electores presidenciales republicanos que, en un esquema para permitir que el presidente Donald Trump permaneciera en el cargo después de perder las elecciones, firmaron certificados falsos para ser enviados a Washington, DC.
Según el proyecto de ley, el delito constituiría un delito grave de categoría B punible con una pena de prisión de cuatro a 10 años y una multa de hasta cinco mil dólares. La legislación prohibiría al tribunal conceder la libertad condicional al delincuente y este tendría que reembolsar los costos de la investigación y el procesamiento.
La legislación propuesta también prohibiría a una persona condenada por un delito de este tipo ser elegida o nombrada para un cargo público, o ser empleada por el gobierno estatal o local. También permitiría a una persona que crea que se ha producido un delito de este tipo notificarlo a la Secretaría de Estado.
Al hablar en apoyo del proyecto de ley, el fiscal general Aaron Ford subrayó su necesidad.
“He guardado silencio sobre los electores falsos de Nevada, salvo para decir que el asunto estaba en nuestro radar. Con él en nuestro radar, nos dimos cuenta de que los estatutos estatales actuales no abordan directamente la conducta en cuestión”, dijo Ford. “Con este proyecto de ley, la legislación de Nevada dejaría claro que los implicados en tramas como las emprendidas por los falsos electores de Nevada pueden ser considerados responsables”.
El secretario de Estado Cisco Aguilar y Battle Born Progress también hablaron en apoyo del proyecto de ley.
Pero varios grupos hablaron en oposición, incluyendo las oficinas de los defensores públicos del Condado Clark y del Condado Washoe y el Independent American Party.
“El juez va a tener que condenar a esa persona a entre cuatro y diez años de prisión sin tener en cuenta su inestabilidad mental, su deterioro cognitivo, cualquier discapacidad que tenga, cualquier cosa de esa naturaleza”, dijo el cabildero de la Oficina de Defensores Públicos del Condado Clark, John Piro. “Creo que es apropiado que castiguemos algo así, pero creo que nuestro castigo debe ser medido y tener en cuenta la situación de cada persona en particular”.
El proyecto de ley fue aprobado por un estrecho margen en el Senado en una votación de 11-10, con todos los senadores republicanos y los senadores demócratas Melanie Scheible, demócrata por Las Vegas y James Ohrenschall, demócrata por Las Vegas, votando en contra de la medida.
