Dos jueces del Tribunal Supremo dicen que esta fiscal no puede servir en el Senado estatal
Dos jueces del Tribunal Supremo de Nevada han llegado a la conclusión de que una fiscal del Condado Clark que también forma parte del Senado del Estado de Nevada no puede desempeñar ambos cargos simultáneamente.
La conclusión -que se produjo en una discrepancia en un caso presentado el miércoles- es la primera vez que el Tribunal Supremo se pronuncia directamente sobre la cláusula de separación de poderes de la Constitución estatal en lo que respecta a los miembros de la Legislatura de Nevada.
“La cláusula de separación de poderes de la Constitución de Nevada prohíbe a la senadora Melanie Scheible (demócrata por Las Vegas) actuar como legisladora, aprobando leyes, y al mismo tiempo trabajar como fiscal, en el poder ejecutivo, haciendo cumplir esas leyes”, dice el voto particular de las juezas Abbi Silver y Kristina Pickering.
“Por lo tanto, la cláusula de separación de poderes prohíbe a los legisladores que promueven leyes en nombre de sus electores actuar al mismo tiempo como fiscales, ejecutando procesos penales mediante la aplicación de las leyes penales estatales”, añade la sentencia. “Este impedimento es ‘repugnante para la Constitución’”.
La constitución de Nevada divide el gobierno en los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, y dice que quien ejerce los poderes de un poder no puede ejercer las funciones de ninguno de los otros.
En este caso, Samuel Caruso -acusado de agredir sexualmente a dos mujeres intoxicadas, una de ellas de 16 años- se opuso a su procesamiento por Schieble, y su abogado dijo que la acción “carece de autoridad constitucional”. La jueza del Tribunal de Distrito del Condado Clark, Carolyn Ellsworth, denegó la petición en diciembre de 2020, y Caruso apeló.
No es el momento adecuado
La mayoría denegó la petición de desestimación del caso, diciendo que Caruso no había demostrado que la desestimación fuera la acción adecuada. Los jueces Ron Parraguirre, James Hardesty, Lidia Stiglich y Elissa Cadish evitaron específicamente reglamentar la cuestión constitucional, afirmando que ese asunto debía esperar a que se celebrara una sesión informativa completa.
“Al tomar esta decisión no expresamos ninguna opinión sobre el fondo de la cuestión de la separación de poderes”, escribieron.
Pero la mayoría fue más allá, criticando a las juezas disidentes por opinar sobre la cuestión sin más discusión. “Llegar a una conclusión sobre el fondo de la cuestión de la separación de poderes en este momento es aún más preocupante, ya que no ha habido oportunidad de celebrar una audiencia completa sobre la cuestión del doble servicio, en la que las partes puedan desarrollar los hechos y en la que los nombrados puedan participar en procedimientos que puedan afectar a su empleo en el Poder Ejecutivo”, escribió la mayoría.
Más por venir
Dado que solo dos juezas se adhirieron a la disidencia, esta no tiene ningún efecto sobre el estado de la ley. Pero muestra que hay al menos dos votos para prohibir que los fiscales presten servicio en la Legislatura de Nevada, si alguna vez esa cuestión llega directamente al tribunal.
Un tercer juez discrepante -Doug Herndon- escribió su propia discrepancia, a la que también se sumó Pickering, diciendo que, como mínimo, el tribunal debió haber considerado la cuestión ahora, en lugar de aplazarla. “Por lo tanto, esta cuestión está madura para que este tribunal la determine, especialmente teniendo en cuenta la situación procesal de este caso y la amplia información de apelación, incluida la información de los amicis, y los argumentos que se han producido en este caso” y en otros dos que plantean cuestiones similares, escribió Herndon. “Creo que este tribunal debe abordar la cuestión constitucional planteada en este asunto para garantizar la correcta resolución del caso de los peticionarios”.
Este no es el único caso pendiente sobre la cuestión. Otros dos casos penales procesados por Schieble han sido recurridos por motivos similares. Y el Instituto de Investigación de Políticas de Nevada obtuvo recientemente una victoria ante el tribunal en una decisión unánime que concedió al grupo de reflexión conservador la capacidad de impugnar el empleo de todos los empleados públicos que sirven en la Legislatura, no solo de los fiscales. Este caso aún debe ser discutido ante un tribunal inferior, pero es seguro que habrá una apelación.
Otra senadora estatal demócrata que también fue fiscal adjunta -Nicole Cannizzaro- dejó recientemente su trabajo como fiscal para incorporarse a un bufete de abogados privado. Schieble se presenta a la reelección en su asiento del Distrito 9 este año, y no tiene oponente demócrata en las primarias del 14 de junio.
