Cinco proyectos de ley que la policía seguirá de cerca en esta sesión legislativa

A menos de dos semanas de iniciarse la sesión legislativa, los agentes de policía de Las Vegas siguen de cerca más de una docena de proyectos de ley que podrían afectar al trabajo diario de los agentes y a las comunidades que patrullan.

“Podrá haber ocasiones en las que los llame a todos para que se pongan en contacto con los legisladores en relación con determinados proyectos de ley”, escribió John Abel, director de asuntos gubernamentales de la Asociación de Protección de la Policía de Las Vegas, el sindicato de los agentes. “Como policías, a todos nos gusta quejarnos del proceso y del resultado de las elecciones, pero cuando se nos pide que participemos en un proceso, a menudo nos volvemos apáticos y adoptamos una actitud de sentarnos y aguantarnos”.

Abel abordó la sesión legislativa en el reciente boletín del sindicato, y abrió una plataforma de seguimiento de proyectos de ley en el sitio web del sindicato para que los funcionarios puedan seguir determinadas leyes.

Aunque todavía se están presentando proyectos de ley, el presidente del sindicato, Steve Grammas, expuso los cinco principales que la asociación estaba siguiendo tras la primera semana.

Problemas de adicción en curso

El fiscal general Aaron Ford patrocinó el proyecto de ley 35 del Senado, que convertiría el tráfico de fentanilo en un delito grave independiente, siendo de cuatro a 14 gramos el cargo de nivel más bajo. Grammas dijo que el sindicato apoya el proyecto de ley para imputar el fentanilo por separado, pero que les gustaría que los niveles fueran más bajos.

“Sabemos lo poco que se necesita para matar a alguien”, dijo Grammas. “Tenemos que tomar algo así, que es más una crisis de salud pública, y convertirlo en que cuatro gramos es demasiado. Cuatro gramos de fentanilo pueden matar a 20 personas”.

Nueve legisladores han firmado el proyecto de ley 128 del Senado, que establecería el límite para el tráfico de bajo nivel entre cuatro y seis miligramos. Entre esos patrocinadores está la senadora del Condado Clark Carrie Buck, republicana por Henderson.

“Un análisis (de la Administración para el Control de Drogas) ha encontrado pastillas falsificadas de entre 0.02 miligramos y 5.1 miligramos”, declaró Buck en una entrevista con el Review-Journal. “Dos miligramos son letales. Es como dos granos de sal”.

El estatuto actual establece la posesión de bajo nivel de una sustancia controlada entre 100 y 400 gramos.

“Queremos enviar un mensaje a quien trafique en ese ámbito: 100 gramos no es suficiente”, dijo Buck. “Las consecuencias tienen que ser un poco más duras”.

Grammas, que tiene experiencia en investigaciones sobre estupefacientes, dijo que el sindicato sigue de cerca el proyecto de ley 115 de la Asamblea, que es al menos la segunda vez que se propone un proyecto de ley sobre un sitio seguro de inyección.

El asambleísta y doctor David Orentlicher, demócrata por Las Vegas, patrocinó el proyecto de ley, que proporcionaría un sitio higiénico para que los residentes consuman drogas y busquen atención médica en caso de sobredosis.

“Lo que intento es facilitar el tratamiento y mantenerlos a salvo mientras se someten a él”, dijo Orentlicher. “No se van a curar de la noche a la mañana. Se trata de una enfermedad crónica, un trastorno crónico, y a algunas personas les va a llevar más tiempo que a otras tenerlo bajo control. Queremos mantenerlos a salvo del VIH, la hepatitis y las sobredosis”.

Orentlicher dijo que el sitio ofrecería recursos para que los usuarios busquen ayuda, incluidos centros de rehabilitación y farmacéuticos que pueden recetar medicamentos para ayudar con la adicción.

“Espero que estemos tratando y atendiendo a los dependientes de los narcóticos, no proporcionando un espacio seguro para que te inyectes”, dijo Grammas. “Luego tener personal in situ para intentar averiguar cómo reanimarte, porque Dios no quiera que algo salga mal, ahora la culpa es de esas pobres enfermeras. Deberíamos averiguar cómo conseguir un tratamiento mejor, más tratamiento para esta gente”.

Grammas dijo que creía que la venta de drogas se llevaría a cabo fuera de un sitio seguro de inyección, y le preocupaba que las personas bajo los efectos de las drogas condujeran después de salir del centro.

Beneficios para los agentes

El sindicato está trabajando con los legisladores en dos propuestas que hasta el jueves no se habían redactado.

Una propuesta, patrocinada por el exagente de policía de Henderson Toby Yurek, republicano por Henderson, animaría a los agentes a retrasar su retiro a cambio de aumentar sus ahorros.

El DROP, o programa de opción de retiro diferido, permitiría a los primeros auxilios jubilarse sobre el papel y dejar de contribuir a su fondo de jubilación, pero el dinero quedaría bloqueado en una cuenta de ahorros durante un mínimo de dos años mientras el agente siguiera trabajando.

“El objetivo es evitar que la gente se jubile tan rápido”, dijo Grammas. “Llevamos tanto retraso con los cuerpos que estamos intentando averiguar cómo evitar que la gente titular se vaya”.

DROP estaría abierto a todos los primeros auxilios y exigiría que permanecieran en el puesto de trabajo que ocupaban cuando bloquearon el dinero en la cuenta de ahorro.

“Tras el COVID y algunos de los retos y reformas de la justicia penal, hay estadísticas que muestran que hay muchos agentes y bomberos que se jubilan”, dijo Yurek. “Combinado con el reto de contratar para cubrir esas vacantes, es una rotación insostenible”.

Grammas también espera ver un proyecto de ley de inmunidad cualificada que refleje los estándares federales, que protegen a los agentes de demandas judiciales a menos que hayan infringido una ley claramente establecida. Una encuesta del sindicato reveló que la mayoría de los agentes no recomendarían trabajar en las fuerzas del orden o realizar una labor policial proactiva si no tuvieran inmunidad cualificada.

“Cuando alguien comete un error, ¿deberíamos hacer que nuestras fuerzas del orden tuvieran tanto miedo de un simple error que pudieran perder sus cuentas de ahorro?”. dijo Grammas. “Eso es todo lo que queremos, asegurarnos de que la gente sienta que cuando está trabajando honorablemente y comete un error, no se va a exponer a sí misma ni a su familia a una demanda”.

Proyecto de ley sobre informadores

El sindicato está observando el proyecto de ley 101 de la Asamblea, que obligaría a los fiscales a comunicar a los abogados defensores cierta información sobre los informadores de las cárceles, incluidos los tratos que recibieron, los antecedentes penales del informador y en qué otros casos testificó.

“Si la gente quiere presentarse, hay formas de que los jueces sepan en qué trabajaba esa persona”, dijo Grammas. “Para entregar una base de datos directa, probablemente verías muchas muertes en este valle si empezamos a hacer ese tipo de cosas o muchos casos buenos podrían no resolverse”.

El proyecto de ley está patrocinado por la asambleísta Cecelia González, demócrata por Las Vegas, que trabaja con el Proyecto Inocencia y las fiscalías de distrito de todo el estado. González dijo que no sería necesario registrar los nombres de los informadores.

“El fiscal no puede usar eficazmente las salvaguardias incorporadas contra los informadores poco fiables sin una base de datos”, dijo. “Los fiscales deben revelar el descrédito de las personas a la defensa. Se sabe que los reclusos mienten sobre otros reclusos para obtener beneficios”.

González citó tres casos locales -DeMarlo Berry, Fred Steese y Kristin Lobato- que se saldaron con condenas erróneas después de que informadores de la cárcel declararan falsamente que los tres admitían haber cometido asesinatos.