Abogados de LVMPD dicen que los correos electrónicos de Lombardo no deberían ser públicos

El alguacil del Condado Clark, Joe Lombardo, envió correos electrónicos a sus asesores políticos utilizando un teléfono móvil del departamento, pero esos registros no son públicos y no deben divulgarse, argumentaron los abogados del Departamento de Policía Metropolitana (LVMPD).

El reconocimiento se produjo en las peticiones presentadas para luchar contra una solicitud de registros públicos presentada el 10 de junio, justo antes de las elecciones primarias, por Due Diligence Group LLC, que ha realizado más de 60 solicitudes al departamento de registros públicos relacionados con el mandato de Lombardo como alguacil.

Los abogados del bufete privado del departamento, Marquis Aurbach, argumentaron que no hay ninguna ley que prohíba expresamente a Lombardo el “contacto de minimus con su campaña” utilizando el tiempo o el equipo del gobierno. Y como los correos electrónicos en cuestión no se refieren a la prestación de servicios públicos, no son registros públicos que deban divulgarse según la ley, argumentaron sus abogados.

“Por la propia naturaleza de la solicitud, y el reconocimiento del Due Diligence Group, los registros que busca se limitan a la candidatura del alguacil Lombardo a gobernador”, escribieron los abogados Craig R. Anderson y Jackie V. Nichols. “Las comunicaciones por correo electrónico no pertenecen a otros empleados o funcionarios (del departamento), sino que se limitan estrictamente a la campaña del alguacil Lombardo” para gobernador.

Pero los abogados de Due Diligence señalaron que un puñado de correos electrónicos que el departamento hizo públicos muestran que Lombardo escribió a sus asesores acerca de una queja ciudadana sobre la oficina de huellas dactilares, así como sobre el éxito de una rifa de vacunas, asuntos claramente relacionados con la prestación de servicios públicos.

“Socavaría por completo el propósito del objetivo central (de la ley de registros públicos) de la transparencia de los asuntos gubernamentales si el gobierno pudiera alegar que los registros están exentos de divulgación porque implican una conducta de los funcionarios gubernamentales que viola los requisitos éticos o legales de las personas en esa posición”, escribió el abogado Bradley Schrager. “Y los propios correos electrónicos indican que eso es precisamente lo que ocurría”.

Y añadió: “Si el alguacil Lombardo no mantuvo separados sus deberes públicos y sus intereses privados cuando usó el tiempo y los recursos del gobierno para conferenciar con sus asesores de campaña en un intento de asegurarse un cargo electo y remunerado, eso implica en sí mismo la estipulación de servicios públicos, aunque de forma abusiva y potencialmente ilegal”.

Personal, no público

Pero los abogados de Lombardo apuntan a un caso de 2011 relacionado con el Reno Gazette-Journal, que solicitó docenas de correos electrónicos enviados con equipos estatales por el ex gobernador Jim Gibbons. El tribunal en ese caso filtró los correos electrónicos que no tenían nada que ver con los asuntos del estado y eran puramente personales.

“La cuestión allí era si los correos electrónicos del entonces gobernador Gibbons, incluidos los correos personales y transitorios no relacionados con la estipulación del servicio público, estaban sujetos a la (ley de registros públicos)”, escribieron los abogados del departamento. “Allí, el tribunal de distrito determinó que de los 98 de los 104 correos electrónicos no estaban sujetos a divulgación por diversas razones. … Reconoció implícitamente que la naturaleza personal de los correos electrónicos sería una base suficiente para retener los registros”.

Citan una parte de las leyes éticas del estado que permite “un uso limitado de la propiedad, el equipo u otras instalaciones del gobierno para fines personales si” el uso no conlleva una carga especial.

Los abogados del departamento también argumentaron que Lombardo no está sujeto a las acciones del estado por la actividad política en servicio porque no es un empleado del estado y el Departamento de Policía Metropolitana se rige por leyes estatales distintas.

Pero los demandantes señalan que Lombardo y otros funcionarios locales tienen el deber de evitar los conflictos entre sus funciones públicas y los intereses privados, y citan un dictamen de la Comisión de Ética estatal según el cual “los funcionarios públicos en activo no tienen derecho a beneficiarse de los recursos públicos durante una campaña de reelección”.

El caso había sido asignado a la jueza de distrito del Condado Clark, Adriana Escobar, pero esta se recusó recientemente del asunto, que será asignado a otro juez para una audiencia.

Casos Augustine y Perkins

No es la primera vez que el uso del tiempo o el equipo del gobierno ha causado problemas a un empleado público en Nevada.

En 2004, la Comisión de Ética del estado impuso una multa de 15 mil dólares a la entonces interventora del estado, Kathy Augustine, después de que esta admitiera haber usado material del estado, una computadora del estado y empleados del estado para ayudar a su candidatura a la reelección en 2002.

Augustine fue impugnada por la Asamblea estatal durante una sesión especial en diciembre de 2004 por esos tres cargos, convirtiéndose en la primera funcionaria estatal en la historia del estado en ser impugnada. El Senado estatal la condenó por el uso indebido de material estatal en una votación bipartita de 14 a siete, pero se negó a destituirla, optando en su lugar por adoptar una resolución de censura que se aprobó por 20 a 0, sin que el entonces senador estatal Bob Coffin votara.

“Al incurrir en la conducta establecida en el artículo III de los artículos de la acusación, Kathy Augustine desvió intencionadamente el equipo y las instalaciones para usarlos en su campaña de reelección en lugar de hacerlo para los intereses del público general al que fue elegida para servir”, dice la resolución. “Que esta censura sirva de recordatorio a todos los funcionarios públicos de su deber de respetar las leyes de este estado, de asegurarse de que su personal entiende las actividades políticas que no deben realizarse en tiempo gubernamental y de llevar a cabo su servicio únicamente en beneficio del público en general al que han sido elegidos para servir”.

En 2005, un juez de lo contencioso-administrativo reglamentó que el entonces subjefe del Departamento de Policía de Henderson, Richard Perkins -que en ese momento formaba parte de la Asamblea de Nevada y estaba pensando en postularse como candidato a gobernador-, no había violado la Ley Hatch federal, que prohíbe a los empleados del gobierno participar en actividades políticas en horario gubernamental.

El Departamento de Policía de Henderson había creado un sistema por el que Perkins no supervisaba el uso de fondos federales mientras servía simultáneamente en la Legislatura, aunque la Oficina Federal de Asesoría Especial descartó esos esfuerzos y afirmó que Perkins había infringido la ley tras una denuncia ciudadana en 2002.

Pero el juez de lo contencioso-administrativo William Kocol reglamentó en cambio que el programa de Henderson cumplía la ley.

“En lugar de descartar estos esfuerzos, se debería animar a los empleadores públicos a idear programas que traten de lograr el cumplimiento de la Ley Hatch, conservando al mismo tiempo las plenas libertades constitucionales de los empleados estatales y locales”, escribió el juez en su sentencia.

Perkins -que calificó la investigación de “cacería de brujas”- se vio obligado a sufragar la defensa de la ciudad después de que el entonces alcalde Jim Gibson cuestionara el gasto, y también tuvo que contratar a su propio abogado en Washington D.C. para que defendiera su caso.