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Pasa la ley de armas de ‘bandera roja’ en el comité del Senado de Nevada

CARSON CITY — Enmendado para incluir un almacenamiento de armas más estricto y leyes de “bandera roja”, el proyecto de ley de control de armas renovado por los demócratas de Nevada fue aprobado a una votación de comité clave el miércoles en la Legislatura y se acercó más al escritorio del gobernador.

Esos cambios llegaron al Proyecto de Ley 291 de la Asamblea (AB291), el proyecto de ley de control de armas de los demócratas patrocinado por la asambleísta Sandra Jauregui, demócrata por Las Vegas. Las leyes de bandera roja permitirían a las autoridades incautar armas de fuego de personas consideradas como una amenaza para ellos mismos o para otros. La enmienda también agregó leyes de almacenamiento de armas más estrictas que harían que el almacenamiento negligente de un arma de fuego sea un delito, copiando el lenguaje de un proyecto de ley del asambleísta Ozzie Fumo, demócrata por Las Vegas, el cual fracasó anteriormente en esta sesión.

Pero la versión revisada elimina el aspecto más controvertido del original: permitir que los gobiernos locales aprueben medidas de control de armas más estrictas que el estado.

El proyecto de ley enmendado fue aprobado el miércoles por el Comité Judicial del Senado en una votación de línea de partido. Anteriormente, fue aprobada por la Asamblea con una votación de 28 a 13, con el demócrata por Sparks, Skip Daly, quien se unió a los 12 republicanos para votar en contra.

De ser aprobado por el Senado en pleno y firmado por el gobernador Steve Sisolak, Nevada se uniría a otros 15 estados que han aprobado leyes de bandera roja similares. Diez de esos estados han promulgado esas leyes desde el tiroteo de 2018 en la escuela Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida, que dejó 17 estudiantes y miembros del personal muertos.

Los cambios atrajeron el apoyo de los dos departamentos de policía más grandes del estado, el Departamento de Policía Metropolitana y la Oficina del Alguacil del Condado de Washoe, y la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Clark.

“Creemos que las disposiciones en AB291 ayudarán a llenar un vacío y nos permitirán intervenir donde podamos”, dijo Corey Solferino, cabildero de la Oficina del Alguacil del Condado de Washoe, mientras testificaba en apoyo del proyecto de ley durante una audiencia el miércoles.

“Parte de la misión de la Oficina del Alguacil del Condado de Washoe es mantener las armas de fuego fuera del alcance de las personas que no deben y las personas con enfermedades de salud mental”, agregó Solferino. “Y esperamos que 291, si bien puede que no evite todas las tragedias, nos ayudará a prevenir las más que podamos”.

En su versión enmendada, AB291 mantiene la disposición de prohibir automatizadores, los complementos a los rifles semiautomáticos que les permiten simular disparos automáticos. Esos dispositivos se convirtieron en un punto focal para los activistas de control de armas después de que se usaron durante el tiroteo del del festival Route 91 Harvest en Las Vegas en octubre de 2017, donde murieron 58 personas y más de 800 resultaron heridas por un pistolero que pudo disparar más de mil 100 rondas en unos 10 minutos.

Bajo el lenguaje de bandera roja propuesto de AB291, un miembro de la familia o la policía pueden solicitar a un tribunal una orden de protección contra una persona que ellos creen que sea una amenaza para ellos mismos o para otros. Si la corte lo aprueba, evitaría que esa persona pudiera comprar un arma y requeriría que entregaran sus armas a agentes de la ley.

Andrew Karwoski, director adjunto de política estatal de Everytown for Gun Safety, el grupo nacional de control de armas que ha estado ayudando a Jauregui a redactar los cambios, indicó que el proyecto de ley tiene “fuertes protecciones que permiten que se devuelvan las armas de fuego y solo sirvan de ayuda siempre que sea necesario”.

Pero los activistas de los derechos de armas argumentaron que esas leyes aún podrían infringir el derecho de una persona al debido proceso porque permitiría a un tribunal impedir que una persona tenga un arma sin ser condenada por un delito.

“¿Dónde están los derechos de debido proceso de la persona en este proceso?”, preguntó el senador Ira Hansen, republicano por Sparks.

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