El Congreso de Nicaragua aprobó en dias pasados un polémico proyecto de reforma constitucional que abre el camino para que el presidente Daniel Ortega busque un cuarto mandato en las elecciones de 2016, al tiempo que permite a militares y policías ocupar cargos en el gobierno.
La reforma fue aprobada con 64 votos (63 del gobernante Frente Sandinista y un aliado) y 26 en contra, de la oposición y la disidencia sandinista.
El proyecto -que modifica más de 40 artículos de la Constitución y que los diputados ahora discuten en lo particular- elimina la norma que prohibía desde 1996 la reelección presidencial sucesiva y alterna en más de una oportunidad.
Camino sin fin
La reforma, que había sido presentada el 1 de noviembre por diputados sandinistas, fue aprobada mientras decenas de personas protestan en las calles denunciando que la nueva norma legal persigue la perpetuación en el poder de Ortega, pues le abre el camino para buscar un cuarto mandato presidencial en las elecciones de 2016.
“Democracia sí, dictadura no”, “¿Quién quiere reformas? Nadie”, gritaban los manifestantes, que llegaron hasta la sede del Congreso en Managua, donde lanzaron morteros artesanales e intentaron derribar los portones custodiados por la policía.
“Estamos en las calles para expresar nuestra voluntad de oponernos a la reforma”, es “una expresión de lucha que irá creciendo hasta derrocar a Ortega”, advirtió el exguerrillero y general en retiro del Ejército Hugo Torres.
Ortega fue electo por primera vez en 1984, durante la Revolución Sandinista (1979-1990), luego de haber sido coordinador de una junta de gobierno.
El máximo líder del FSLN asumió de nuevo el poder en 2007 para un periodo de cinco años y en 2012 renovó el mandato por igual lapso, amparado en un cuestionado fallo dictado por jueces sandinistas de la Corte de Justicia, el 19 de octubre de 2009, que declaró inaplicable, sólo para él, la norma constitucional que prohibía la reelección presidencial sucesiva y alterna.
Las reformas pretenden “perpetuar en el poder” a Ortega y consolidar “la riquezas” de la familia presidencial, denunció el diputado de la disidencia sandinista, Víctor Tinoco, quién además advirtió que la concentración de poder que procuran estas enmiendas empuja a los sectores que están inconformes con el gobierno “a tomar el camino de la violencia armada”.
“El orteguismo, con una miopía política profunda, está empujando a Nicaragua al abismo de una nueva guerra civil”, coincidió el congresista opositor, Armando Herrera.
Las enmiendas también autorizan el nombramiento de policías y militares en puestos de gobierno cuando el presidente lo requiera “por razones de seguridad”. La iniciativa concede además al Ejército la facultad de controlar el espectro radioeléctrico y satelital, en coordinación con las autoridades civiles, entre otras funciones.
“Regresamos a los esquemas militaristas que tanto daño le han causado a Nicaragua. (..) ¿En qué ayudan estas reformas a mejorar la libertad y la democracia?”, cuestionó el líder de la oposición parlamentaria, el legislador liberal Eduardo Montealegre.
Nicaragua, uno de los países más pobres de América, va de “tragedia en tragedia a causa de las ambiciones de poder de los gobernantes de turno”, reprochó por su lado el diputado de la disidencia sandinista, Enrique Sáenz.