Elementos de la Policía Federal, Ejército y Marina detuvieron al alcalde del municipio de Cocula, César Peñaloza, así como al director de Seguridad Pública, Salvador Bravo Bárcenas, y a 14 policías municipales por sus presuntos vínculos con el grupo delictivo Guerreros Unidos.
En conferencia de prensa el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, reveló que los 14 uniformados detenidos aceptaron haber participado en el secuestro de los estudiantes, con lo que se abren nuevas líneas de investigación para hallar a los jóvenes.
El funcionario agregó que los policías de Iguala entregaron a los estudiantes de Ayotzinapa a los 14 detenidos, quienes a su vez fueron los encargados de dárselos a miembros del cártel de Guerreros Unidos.
Además señaló que los 14 policías retenidos alteraron las bitácoras de las patrullas de Cocula para ocultar que se trasladaron a Iguala el día de los hechos.
Murillo Karam indicó además que ninguno de los 28 cuerpos hallados en la primera fosa corresponden a los estudiantes.
El funcionario dijo que luego de los estudios de ADN efectuados en los restos de 28 cuerpos localizados en las primeras cinco fosas descubiertas, se determinó que no corresponden a los de algunos de los jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Añadió que las autoridades aún realizan pruebas a restos de otras cuatro fosas.
Sobre las nuevas fosas encontradas la mañana de este martes en las inmediaciones de Iguala, el titular de la PGR expuso que los peritos de la dependencia aún están investigando.
En total, dijo, hay cerca de 50 personas detenidas por su implicación en el asesinato de tres estudiantes, la desaparición de otros 43 y las lesiones a otros dos, que se debaten entre la vida y la muerte.
La captura del alcalde y los 14 policías municipales se realizó este lunes durante un operativo instrumentado en la cabecera municipal de Cocula, ubicada aproximadamente a 20 minutos de la ciudad de Iguala, donde también fueron detenidos 8 miembros del cártel de Guerreros Unidos.
Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), en la ciudad de México, donde actualmente se encuentran declarando.