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Acusan demócratas a republicanos de intimidar a electores

Abogados que representan al Partido Demócrata dijeron el viernes 4 ante un juez federal en Nueva Jersey que los republicanos y su candidato presidencial Donald Trump se están coordinando para intimidar a los electores.

Por su parte, el Partido Republicano rechaza que esas acusaciones sean verdad tanto en el caso federal como en otros cuatro similares que los demócratas presentaron ante tribunales estatales.

La impugnación judicial es una de las varias presentadas por los demócratas, los cuales aseguran que los republicanos y el equipo de campaña de Trump alientan a sus simpatizantes a intimidar y confrontar a electores el día de la jornada electoral.

El multimillonario ha exhortado a sus partidarios a que actúen como “observadores electorales” en ciertas zonas del país para impedir que haya fraude en los comicios.

Joshua Kaul, abogado que representa a los demócratas, dijo el viernes al juez en Newark, Nueva Jersey, que Trump ha “alentado reiteradamente a sus simpatizantes a que actúen como observadores” para, según el candidato, impedir un posible fraude electoral.

Kaul dijo que el Comité Nacional Republicano participa en estas acciones.

Bobby Burchfield, abogado de los republicanos, dijo al juez que voluntarios del partido han vigilado de manera normal centros de votación y que los demócratas no han encontrado un solo caso en el que se haya intimidado a alguien o se le haya impedido votar.

Un juez federal en Las vegas dijo el jueves que no le presentaron pruebas de que el equipo de campaña de Trump esté adiestrando a personas para que intimiden a electores.

Los republicanos también rechazaron el jueves las acusaciones de que hubieran incurrido en irregularidades en Arizona, en tanto que está previsto para el viernes que un juez escuche argumentos en Ohio y otro el lunes en Pennsylvania.

Con estas acciones judiciales, los demócratas buscan que los tribunales ordenen que se impida a los observadores del Partido Republicano hostilizar las personas que acudan a las urnas.

El caso federal en Nueva Jersey busca vincular a algunos de esos observadores de casilla y los partidos estatales con el Comité Nacional Republicano al argüir que cualquier colaboración para intimidar a electores o efectuar acciones de seguridad en las urnas constituye una violación a un acuerdo al que se ha obligado al CNR a cumplir desde 1982.

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