Las nuevas órdenes para aplicar la ley de inmigración en el país han causado reacciones encontradas en el valle de Las Vegas. Mientras personas indocumentadas y sus defensores expresan miedo, frustración y rechazo, seguidores del presidente Trump aplauden las acciones.
“Hoy es un dia muy triste” afirmó la congresista Dina Titus (D-NV), por las nuevas medidas para aplicar la ley de migración. Quienes pensaban que Trump exageraba o bromeaba cayeron en un error, porque lo está haciendo y con venganza.
Titus se refirió a los dos memorándums emitidos por John Kelly, secretario de Seguridad Interior, que marcan la guía para aplicar la ley de migración de ahora en adelante. Los documentos, entre otros puntos, ordenan ampliar el número de indocumentados sujetos a deportación; pide agregar 15 mil nuevos agentes y personal a la agencia que aplica las leyes de migración, incluidos los agentes fronterizos.
Titus dijo que las medidas solo dividirán familias, deportarán a gente común y va a causar estragos en la comunidad inmigrante.
Por otra parte el asambleísta republicano estatal Chris Edwards considera que esto se debería haber implementado ocho años atrás, al menos. Son los pasos apropiados; las promesas de campaña de Trump van en el sentido de mantener fuera a la gente peligrosa.
Edwards le otorgó buen crédito a la Secretaría de Seguridad Interior. Están haciendo lo que se supone que deben hacer; es el trabajo que deberían haber estado haciendo hace tiempo; es un buen gobierno, dijo.
Pero otros piensan diferente, al decir que las nuevas medidas migratorias contienen prácticas que son anticonstitucionales y conducen al perfil racial.
Michael Kagan, profesor de leyes, de la UNLV, dijo que una de esas medidas anticonstitucionales es la expansión de las deportaciones rápidas. De acuerdo con los memorándums el indocumentado ahora requiere tener prueba de residencia de al menos dos años. La expansión para aplicar las deportaciones expeditas ya no solo es cerca de la frontera, sino que aplica prácticamente a todo el país.
En los Estados Unidos, como en cualquier país con democracia, se le debe dar a la gente el derecho a ser escuchada. Ahora se le puede deportar sin ser escuchada.
“Eso es muy peligroso, dijo el profesor Kagan. Va a conducir, como otras cosas que este presidente ha hecho, a pleitos legales. Otra vez dependerá de los jueces federales dibujar las líneas de límite que antes presidentes demócratas o republicanos han marcado”.
Desafortunadamente mucha gente puede ser capturada antes de que las cortes federales intervengan.
Amy Rose, directora legal de la organización civil para la defensa de los derechos y libertades civiles, ACLU, dijo que las nuevas directrices en migración convierten a cualquier indocumentado en un criminal.
Se preguntó su opinión a personas en una plaza comercial donde está el supermercado Cárdenas, al este de Bonanza. Dijeron que aún no sabían de las medidas más recientes en migración, pero en general había miedo y pensamientos de regresar a sus países de origen.
Monica Prillwitz, quien nació en California pero creció en México, afirmó que solo porque alguien es indocumentado no significa que sea mala persona o que ha hecho algo mal.
Hugo Marroquín, guatemalteco naturalizado estadounidense dijo que la represión de la administración Trump es absurda. Si se deporta a la gente indocumentada entonces qué? Los americanos van a trabajar en los campos? No será por 10 dólares la hora, opinó Marroquín. Y para concluir expresó que los Estados Unidos es un país de inmigrantes, hecho por inmigrantes. Todos hemos sido inmigrantes aquí. (Con información de Las Vegas Review-Journal).