Partes de una ordenanza del condado que regula las rentas a corto plazo son inconstitucionales, según dictaminó una jueza del Tribunal de Distrito del Condado Clark.
La jueza Jessica Peterson, concedió la semana pasada una medida cautelar a favor de Greater Las Vegas Short-Term Rental Association. El verano pasado, el grupo demandó al Condado Clark y al estado de Nevada, que legalizó la práctica de usar viviendas como alojamiento comercial en 2021.
La ley estatal revocó una prohibición del Condado Clark sobre las rentas a corto plazo, y el condado se dispuso a reglamentar sus propias reglas. Pero la demanda alega que esas regulaciones se extralimitan.
Un portavoz del Condado Clark escribió en un comunicado que la medida cautelar no impide que el condado expida licencias. Su proceso de solicitud de seis meses termina el próximo mes.
Peterson, en su sentencia de 20 páginas, sostuvo que el lenguaje de varias de las reglas del condado eran vagas o inconstitucionales.
Por ejemplo, los solicitantes tenían que firmar una “declaración bajo pena de perjurio” de que cumplirían todas las reglas.
“Este mandato expone a un solicitante de licencia a la posibilidad de responsabilidad penal no solo por una violación actual, sino futura, de la Ordenanza”, decía la orden judicial.
Otra regla permite a las fuerzas del orden del condado inspeccionar las casas con poco o ningún aviso.
“El texto literal de estas secciones significa que el Condado Clark, a través de sus empleados, puede someter a un solicitante a una inspección de su propuesta de unidades de renta a corto plazo, es decir, su casa, sin ninguna base”, dice la orden.
La ordenanza establece un límite de 10 personas permitidas en las viviendas y prohíbe “fiestas, bodas, eventos u otras reuniones que superen la ocupación máxima de la unidad residencial”, según la orden. “Lo que se califica de ‘fiesta’ o ‘boda’ o ‘evento’ o ‘reunión’ es vago y ambiguo”.
La ordenanza establecía tasas, planes de aplicación y consecuencias en caso de infracción.
El condado calculaba que en su jurisdicción se estaban rentando ilegalmente unas 10 mil viviendas. La ordenanza limitará las licencias al uno por ciento del “parque de viviendas” del condado.
Este es un reportaje en desarrollo.