Guardias de prisiones presentaron una queja contra su empleador, el Departamento de Correccionales de Nevada (NDOC), alegando que el departamento no prestó atención a las inquietudes de seguridad de los guardias en relación con el traslado este mes de casi 2,000 reclusos entre dos prisiones.
El Departamento anunció el 11 de septiembre que había completado el traslado tras intercambiar las designaciones de custodia de las dos prisiones, convirtiendo una a las afueras de Las Vegas en la nueva instalación de máxima seguridad de Nevada.
El traslado se debió a un “repunte de la actividad de las pandillas y de la violencia” en la Prisión Estatal de Ely, el antiguo centro de máxima seguridad del estado, según guardias de prisiones.
Ese mismo día, la Lodge 21 de la Fraternal Order of Police Nevada, el sindicato de guardias de prisiones, presentó una queja sobre el traslado ante la Junta de Relaciones entre Empleados y Directivos del Departamento de Comercio e Industria.
En agosto, el sindicato se enteró de que el departamento tenía la intención de trasladar a sus reclusos de máxima custodia de la Prisión Estatal de Ely a la Prisión Estatal de High Desert.
En las prisiones de máxima seguridad, los presos se alojan en celdas individuales y solo salen de ellas para hacer ejercicio, ducharse, recibir visitas, entrevistas profesionales, audiencias y llamadas telefónicas. Cuando los delincuentes salen de sus celdas, están bajo supervisión directa, según el departamento.
Aunque el departamento afirmó en un comunicado que todos los guardias de High Desert recibirán capacitación sobre el trabajo en una prisión de máxima seguridad, la queja señalaba que los guardias de prisiones implicados en el traslado no habían recibido capacitación previa sobre el manejo, la supervisión o el transporte de reclusos de máxima seguridad.
‘Riesgo innecesario’
Además de la falta de capacitación, el sindicato afirmó en la queja que las instalaciones de High Desert no son capaces de albergar con seguridad a reclusos de máxima custodia sin poner a los funcionarios en “riesgo innecesario”.
Estas supuestas deficiencias incluyen la falta de equipamiento y de personal. Según la denuncia, las instalaciones no cuentan con un número suficiente de dispositivos de inmovilización mecánica, radios, armas menos letales y estipulaciones para una respuesta con armas letales en caso de que un agente sea atacado.
Según el presidente del sindicato, Paul Lunkwitz, a los alumnos en prácticas, o cadetes que aún no han recibido la formación básica para convertirse en guardias de prisiones, se les encargó la elaboración de un inventario de los bienes de los reclusos en el periodo previo al intercambio.
Según la denuncia, los guardias en prácticas no estaban cualificados para ello, ya que aún no pueden reconocer correctamente el contrabando.
Debido a estas preocupaciones, el sindicato presentó una demanda para negociar las implicaciones de seguridad del traslado antes de que los reclusos fueran transportados. En la demanda se acusaba al Departamento de Correccionales de Nevada de negarse a retrasar el traslado a la espera del resultado de la negociación.
Guardias de prisiones se reunieron con la administración del departamento el 3 de septiembre para intentar negociar, y el traslado comenzó el 5 de septiembre, según la denuncia.
Llegada a High Desert el 8 de septiembre
Los reclusos que viajaban desde Ely llegaron a High Desert el 8 de septiembre, según el sindicato. El protocolo que rodeó al traslado dictaba que, al principio, tres guardias de prisiones escoltarían a un recluso de máxima seguridad, que estaba sujeto con grilletes en las piernas.
A medida que avanzaba el día, según la denuncia, se dio orden de reducir el número de guardias de escolta por recluso a dos y después a uno solo, y se quitaron los grilletes a los reclusos.
Este cambio se debió supuestamente a que la administración consideró que estaba “tomando demasiado tiempo” escoltar a los reclusos hasta sus celdas.
El sindicato acusa al departamento de no negociar de buena fe y solicita que la junta de relaciones laborales del gobierno estatal declare que el departamento cometió una práctica prohibida.
El sindicato también solicita que la junta decrete el cese y desistimiento en el transporte de reclusos de máxima custodia hasta que concluya la negociación sobre las implicaciones de este traslado para la seguridad.
El Departamento de Correccionales de Nevada no respondió a solicitudes de comentarios.