Gregory Kerkorian, heredero del “padre de los mega-centros turísticos de Las Vegas”, cumplió 74 años dentro de una prisión de Nevada el lunes.
Está cumpliendo una sentencia de uno a cuatro años en el Centro Southern Desert Correctional por cargos de crueldad contra animales. Sus abogados afirman que mantenerlo tras las rejas durante la pandemia de coronavirus equivale a un castigo cruel e inusual para un hombre que sufre de presión arterial alta, psoriasis y es susceptible a infecciones.
Los abogados de Kerkorian presentaron documentos judiciales para presionar por su liberación y están pidiendo al Gobernador Steve Sisolak, al Fiscal General Aaron Ford y a la Corte Suprema de Nevada que intervengan.
“Ahora no es el momento de castigar con celo y firmeza a las personas por delitos no violentos”, comentó uno de los abogados de Kerkorian, Michael McAvoyAmaya. “Se supone que la justicia penal tiene que ver con la protección del público. No estamos haciendo nada para proteger al público manteniendo a estas personas en prisión durante una pandemia”.
La Comisión de Sentencias de Nevada, encabezada por el Juez James Hardesty, ha programado una reunión para el lunes. Uno de los temas será “Prevención de la propagación de enfermedades contagiosas en el sistema de justicia penal”.
Los funcionarios de la oficina del gobernador y del fiscal general se negaron a hacer comentarios, citando el litigio pendiente en el caso de Kerkorian.
“Barril de pólvora”
En una petición presentada el viernes, los abogados de Kerkorian, cuyo tío Kirk Kerkorian es considerado uno de los arquitectos de la moderna Las Vegas, escribieron que liberarlo a él y a otros susceptibles de contraer COVID-19 podría ayudar a mitigar la propagación del virus en todo el estado.
Kerkorian, que no tenía antecedentes penales, admitió haber descuidado animales en su residencia en Pahrump después de que su esposa muriera en 2018. Puede optar a la libertad condicional en octubre.
“Cada día que el Gobernador de Nevada se demore en ejercer sus deberes y poderes de emergencia de acuerdo con la política pública de Nevada para asegurar que las prisiones de Nevada no se conviertan en una bomba epidemiológica para la propagación de COVID-19 a través de las prisiones de Nevada y el público en general, lo más probable es que la sentencia de un año (de Kerkorian) se convierta en una sentencia de muerte”, escribieron McAvoyAmaya y el abogado Michael Horvath en la petición de 87 páginas.
“Las prisiones de Nevada son un barril de pólvora esperando a explotar con casos de COVID-19 que podrían comprometer y abrumar nuestros sistemas de justicia penal y de salud”, escribieron los abogados.
Hasta el lunes, al menos tres empleados de la prisión estatal habían dado positivo para coronavirus.
El vocero del Departamento de Correccionales de Nevada, Scott Kelley, no respondió ni devolvió las llamadas telefónicas en busca de comentarios para este reportaje. En respuesta a un correo electrónico, Kelley pidió preguntas específicas, pero no respondió a ninguna pregunta que le fuera enviada posteriormente por correo electrónico.
Las organizaciones de noticias de todo el mundo han informado sobre los disturbios en las cárceles provocados por el brote. Los disturbios en Irán y Colombia provocaron docenas de muertes.
Llamado a los gobernadores
El lunes, el Centro Brennan para la Justicia, un instituto de políticas públicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, entregó una carta a cada gobernador del país, pidiéndoles que liberen a tantos prisioneros como sea posible durante la pandemia.
“Apiñados en un espacio reducido, las instituciones correccionales de nuestra nación son esencialmente puntos riesgosos para la transmisión de la enfermedad”, decía la carta. “Estas condiciones presentan graves peligros tanto para los encarcelados como para los funcionarios públicos que trabajan en las instalaciones como guardias, consejeros y personal médico”.
A finales del mes pasado, Columbia Legal Services, un bufete de abogados de asistencia legal civil, presentó una petición pidiendo al tribunal superior del estado de Washington que facilitara la liberación de reclusos mayores y vulnerables.
“Las prisiones presentan el potencial de un resultado catastrófico si el COVID-19 entra en estas instalaciones”, dicta la petición.
McAvoyAmaya y Horvath están pidiendo a los funcionarios de Nevada que consideren la liberación de los presos que se espera sean liberados en los próximos 18 meses, los mayores de 50 años y las mujeres embarazadas o que sufren de condiciones preexistentes, como enfermedades pulmonares crónicas o asma de moderada a grave, enfermedades cardíacas y presión arterial alta.
Los abogados sostienen que, si el virus se propagara por el sistema penitenciario, podría provocar una escasez de personal y sobrecargar el sistema hospitalario.
“Nuestra esperanza es que obviamente beneficia a nuestro cliente, pero esperamos que también beneficie a muchos otros”, señaló Horvath. “No podemos olvidar que los reclusos también son personas. Aquí podemos seguir las órdenes del gobernador, pero en la cárcel no pueden”.
McAvoyAmaya añadió que cree que el virus inevitablemente atacará a los prisioneros directamente.
“Si no está ya ahí, estará ahí pronto, no hay forma de evitarlo”, concluyó. “Ahora no es el momento para un castigo despiadado. Ahora es el momento de la compasión, es el momento de pensar razonablemente y hacer lo mejor para todos”.