La segunda sesión especial de verano de la Legislatura de Nevada, que abordará una letanía de temas de política, dará inicio el viernes por la mañana, anunció el jueves por la noche el gobernador Steve Sisolak.
Sisolak emitió la proclamación de convocar a los legisladores de Nevada para la sesión y expuso los temas que abordarán en los próximos días. Los proyectos de ley introducidos en sesiones especiales deben estar relacionados con los temas listados en la proclamación del gobernador.
La Legislatura se reunió en su primera sesión especial el 8 de julio para abordar el agujero presupuestario del estado de 1.2 mil millones de dólares. Esa sesión duró 12 días mientras los legisladores discutían pero no aprobaron ningún aumento de ingresos.
Esta vez, se ocuparán de temas de política que incluyen:
■ Acelerar los pagos del seguro de desempleo para los nevadenses.
■ Reformas de la justicia penal, incluyendo cambios en un proyecto de ley de 2019 que trata del uso de la fuerza por parte de la policía y las normas de conducta de los oficiales de policía.
■ Cambios electorales para “asegurar que los nevadenses puedan ejercer su derecho fundamental a votar durante el estado de emergencia”.
■ Protección de responsabilidad para empresas, escuelas y más si la gente contrae COVID-19 en esos lugares.
■ Permitir a los legisladores participar a distancia durante la sesión especial.
■ Permitir que los tribunales “apliquen medidas de resolución alternas” en los procesos de desalojo.
Esto es lo que se espera de la próxima sesión especial:
Reforma policial
El impulso de las reformas policiales ha estallado en todo el país tras la muerte de George Floyd mientras estaba bajo custodia policial en Minneapolis a fines de mayo. A Nevada no le va diferente, con defensores pidiendo una serie de reformas policiales, desde la prohibición de estrangulamientos y otras tácticas de sujeción de cuello a los llamados para una mayor transparencia y datos sobre las interacciones de la policía.
Holly Welborn, directora de políticas de la American Civil Liberties Union (ACLU) de Nevada, enunció que la sesión condensada no es probable que traiga amplias reformas policiales que los defensores esperan, pero la promulgación de algunas de las reformas, agregó Welborn, mostraría “un compromiso de los legisladores para fomentar el cambio”.
Uno de los mayores objetivos de los defensores de la reforma en Nevada es el Proyecto de Ley del Senado 242 de la Legislatura de 2019, que indica que ha hecho aún más difícil hacer que los funcionarios rindan cuentas.
La medida obtuvo un amplio apoyo bipartidista en su momento, y fue aprobada en el Senado estatal por unanimidad y con una votación de 36 a 3 en la Asamblea. Poco más de un año después, los defensores afirman que el Proyecto de Ley debe ser revocado.
Durante una audiencia sobre el proyecto en la Legislatura del año pasado, la líder de la mayoría demócrata en el Senado, Nicole Cannizzaro, patrocinadora del proyecto, le comentó a sus colegas legisladores que el proyecto “intenta establecer un campo de juego uniforme para los oficiales de paz que son investigados por sus empleadores” y señaló que añadía ciertas protecciones para los oficiales, incluyendo la de no poder reasignar a los oficiales sin su consentimiento y la de asegurar que los agentes puedan tener un representante sindical presente si son cuestionados por un superior.
La nueva ley también hacía que las declaraciones hechas por los oficiales durante las investigaciones internas fueran inservibles contra ellos en las causas civiles, a menos que los oficiales permitieran que se utilizaran. La ley también estableció un estatuto de limitación de un año para cualquier presunta conducta inapropiada que no plantee cargos penales y prohíbe a los departamentos reabrir las investigaciones internas a menos que se presenten nuevas pruebas.
El asambleísta republicano por Las Vegas, Tom Roberts, quien se retiró del Departamento de Policía Metropolitana como ayudante del alguacil en 2018, reveló que ha escuchado a los oficiales que trabajan en la oficina de asuntos internos del departamento que han dicho que el estatuto de limitaciones en la conducta inapropiada “ha sido un problema”.
Pero añadió que no cree que se esté trabajando en una revocación completa del Proyecto de Ley en este momento.
“Creo que se dará un ajuste”, comentó Roberts.
Al preguntársele este mes sobre posibles cambios en esa legislación, Cannizzaro respondió que nunca hubo intención de “crear una situación en la que no podamos hacer responsables a los agentes de policía”.
El Proyecto de Ley, indicó, se trataba de asegurar que los trabajadores fueran tratados de manera justa por los empleadores, pero “también sabemos que tenemos que ser mejores y debemos hacer más para asegurarnos de que la gente pueda tener fe en la comunidad que los protege”.
El asambleísta demócrata por Las Vegas, Jason Frierson, declaró durante una conferencia de prensa el mes pasado que quiere ver más datos sobre la raza y las detenciones policiales en el estado. En la misma conferencia, la asambleísta Danielle Monroe-Moreno, una oficial de correcciones jubilada, propuso aumentar la cantidad de veces que el personal de la policía debe someterse a evaluaciones psicológicas.
Mientras tanto, los defensores piden una prohibición total de los estrangulamientos policiales y otros tipos de sujeción de cuello, como el bloqueo vascular lateral, una técnica que fue objeto de escrutinio tras la muerte de Tashii Brown en 2017. Brown murió después de que un oficial de policía de Las Vegas lo pusiera en una sujeción similar durante más de un minuto. El departamento aprobó recientemente un acuerdo de 2.2 millones de dólares en una demanda presentada en nombre de los hijos de Brown.
También se espera que los legisladores consideren una política que podría dar a la oficina del fiscal general del estado cierta supervisión y poder de investigación sobre los departamentos de policía locales. Eso probablemente incluiría las llamadas investigaciones de “patrón o práctica”, que se centrarían en los problemas sistémicos en lugar de en los oficiales individuales, de manera similar a una revisión realizada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre las prácticas del Departamento de Policía Metropolitana en 2012.
Elecciones
El periodo extraordinario de sesiones se ocupará de la forma en que se llevarán a cabo las elecciones generales en noviembre.
La secretaria de estado, Bárbara Cegavske, anunció la semana pasada que está planeando que el estado vuelva a votar en persona para las elecciones generales después de ejecutar una elección primaria casi exclusivamente por correo como precaución para evitar la propagación del coronavirus. Cegavske aseguró que su oficina no tiene los cuatro o cinco millones de dólares necesarios para llevar a cabo otra elección totalmente por correo. El estado recibió alrededor de cinco millones de dólares en ayuda federal para ayudar a compensar esos costos.
Los republicanos, entre ellos el presidente Donald Trump, se han posicionado en contra del envío de boletas en ausencia a todos los votantes, argumentando que esto llevaría a un aumento del fraude electoral, una afirmación que es en gran parte infundada y que fue rechazada dos veces por un juez federal de Nevada en una demanda que impugnaba el modelo de elecciones primarias por correo del estado.
A los defensores del derecho al voto les preocupa que el cambio a una elección en persona limite el acceso de los votantes y están presionando para que la Legislatura permita un sistema híbrido que incluya el envío a todos los votantes activos de una boleta con franqueo prepago y la ampliación de la votación en persona para evitar las largas filas que se ven durante las elecciones primarias.
También podría haber un impulso para permitir alguna forma de recolección de votos en Nevada, lo que permitiría a la gente reunir y entregar las boletas en nombre de otros que no son parientes suyos. Los defensores sostienen que sería beneficioso para las naciones tribales del estado que a menudo no cuentan con direcciones tradicionales.
“Necesitamos hacer que el voto sea más accesible que nunca, especialmente en estas circunstancias”, señaló Emily Zamora, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro de acceso cívico, Silver State Voices.
Trabajadores y empresas
En el último día del primer periodo extraordinario de sesiones (que se centró enteramente en abordar el déficit presupuestario del estado de 1.2 mil millones de dólares), Sisolak indicó que el segundo periodo extraordinario de sesiones incluiría cuestiones de política relativas a “trabajar para asegurar que los nevadenses, las empresas, los trabajadores y los desempleados tengan el apoyo que necesitan” durante la pandemia.
Sisolak ha afirmado que planea abordar los temas relacionados con el abrumado sistema de desempleo del estado durante la sesión especial, “eliminando las barreras estatutarias” que están obstaculizando la eficacia del programa, pero no está claro exactamente cómo se llevará a cabo eso o cuánto acelerará el proceso.
Ha dicho que quiere estabilizar los negocios para que no sufran más golpes financieros y al mismo tiempo establecer algunas normas de seguridad para los trabajadores.
Grupos empresariales, incluyendo la Cámara de Las Vegas y la Asociación de Centros Turísticos de Nevada, han presionado para que la Legislatura promulgue protecciones de responsabilidad civil para cuando los trabajadores o los clientes se infecten de COVID-19, advirtiendo que esas posibles demandas podrían dañar aún más la economía y obligar a más empresas a cerrar sus puertas para siempre.
Una coalición de sindicatos de trabajadores está presionando contra cualquier propuesta de este tipo.
“Creo que es indignante que en una pandemia digan que ‘queremos liberarnos de cualquier responsabilidad’”, mencionó Laura Martin, directora ejecutiva de la Alianza de Liderazgo Progresista de Nevada.
La proclamación destaca que la sesión debe terminar no más tarde de la medianoche del 7 de agosto, dando a los legisladores una semana completa para terminar su trabajo.
Sisolak Proclamation for 32nd Special Legislative Session. by SteveSebelius on Scribd