Está ocurriendo de costa a costa.
Washington perdió 650 millones de dólares en reclamos de seguros de empleo potencialmente fraudulentos, en Maryland fueron más de 500 millones de dólares.
También está sucediendo en Nevada, ya que la crisis de desempleo ha creado una oportunidad para que malhechores estafen otro árbol de dinero.
La agencia de Nevada que supervisa el seguro de desempleo sospecha que se han presentado entre 133 mil 748 y 185 mil 484 solicitudes de desempleo posiblemente fraudulentas.
“El fraude sistémico ha estreñido el sistema y ha puesto una presión adicional en las personas molestas y los recursos limitados”, escribió el abogado, Jason Guinasso, a principios de este mes en un amplio informe sobre el Departamento de Empleo, Capacitación y Rehabilitación (DETR, por su sigla en inglés) y el proceso de solicitudes.
La pandemia de COVID-19 ha catapultado a cientos de miles de trabajadores de Nevada al sistema de desempleo, agobiando al DETR y causando un atraso en el procesamiento de las solicitudes. El fraude está contribuyendo aún más a la demora en los pagos, ya que miles de personas batallan por cubrir sus gastos básicos.
El DETR se ha negado repetidamente a proporcionar detalles adicionales sobre los fraudes o a revelar la cantidad de dinero que se ha cobrado fraudulentamente.
Funcionarios locales, estatales y federales han identificado el fraude como un problema y afirman que están colaborando para combatir lo que advierten que son una serie de esquemas y estafas nacidas de la pandemia.
Problema nacional
Las investigaciones de fraude al seguro de desempleo históricamente constituían alrededor del 10 por ciento de la carga de trabajo del Departamento de Trabajo, según Derek Pickle, agente especial en funciones a cargo de la oficina del inspector general del departamento.
“Hoy en día, más del 50 por ciento de nuestros asuntos de investigación pertenecen al seguro de desempleo y ese número continúa creciendo día a día, y eso incluye los asuntos de investigación en los 50 estados”, explicó Pickle en una conferencia de prensa a principios de este mes sobre los fraudes en Maryland.
El U.S. Secret Service formó un comando de cibercrímenes a principios de este mes. Un comunicado de prensa del 9 de julio indicó que Las Vegas estaba entre las 42 ciudades incluidas en las operaciones del grupo de trabajo.
Un comunicado separado ese día describió “una red de fraude bien organizada” defraudando masivamente los programas de beneficios estatales y nombró a Washington como el blanco principal.
Los criminales usan información de identificación personal robada, por ejemplo un número de seguro social o una dirección de casa, para presentar reclamos de desempleo estatales fraudulentos, le escribió un representante del Secret Service al Review-Journal en un comunicado enviado por correo electrónico.
Los estafadores suelen engañar a la gente común para que se conviertan en sus mulas de dinero, según la declaración.
Una fuente importante de las solicitudes de beneficios fraudulentos de la nación parece ser una red de estafas con sede en Nigeria, según la empresa de seguridad con sede en California, Agari, que ha investigado anteriormente al grupo y lo ha apodado “Scattered Canary”.
“Mientras haya dinero, tendrán como blanco ese lugar”, comentó Ronnie Tokazowski, investigador principal de amenazas de Agari. La escala del problema del fraude es “absolutamente alucinante”, señaló.
Dijo que no ha visto evidencia de que Scattered Canary haya hecho movimientos en el sistema de beneficios de empleo de Nevada, al menos no todavía.
“Sólo porque no veamos nada de ellos no significa que no esté sucediendo allí”, agregó Tokazowski.
Gran problema, poca información
La oficina del fiscal general de Nevada y la oficina del fiscal de Estados Unidos formaron su propio comando contra el COVID-19 en abril para hacer frente a todo tipo de fraudes en el estado durante la crisis de la pandemia.
Una vocera de la oficina del fiscal general se negó a responder preguntas.
La oficina ha dicho anteriormente que las víctimas de fraude típicamente se enteran de que su información ha sido comprometida cuando ellos o su empleador reciben una notificación del DETR sobre una solicitud que nunca presentaron, como fue el caso de Lisa Hack, la gerente de negocios de la Nevada Broadcasters Association.
“Recibimos un aviso del DETR diciendo que yo, Lisa Hack, estaba desempleada” y que había solicitado los beneficios tradicionales de desempleo después de ser despedida, comentó. “Lo cual, obviamente, no había hecho”.
El DETR le confirmó que había entregado los beneficios máximos permitidos con fecha de marzo y que la solicitante había utilizado su número de seguro social y su fecha de nacimiento, comentó Hack.
El departamento le informó que no había confirmado su estado de trabajo con su empleador porque el periodo de espera normal para los beneficios no estaba vigente. Ella cree que el estafador pudo haber recibido unos 20 mil dólares a su nombre.
“Hay una o más personas con todo este dinero y eso me molesta mucho”, señaló Hack.
El director ejecutivo de la Asociación de Empleadores de Nevada, Thoran Towler, le comentó al Review-Journal que más de la mitad de los 485 empleadores privados y públicos de Nevada que son miembros de la asociación han informado de que sus trabajadores han sido víctimas de fraude por el seguro de desempleo.
Un par de miembros de la asociación han reportado una docena de empleados como víctimas de fraude, agregó. Un miembro ha reportado 40.
“Solo he oído hablar de los que están atrapando”, dijo Towler la semana pasada. “Una cosa que me mantiene despierto por la noche es preguntarme cuánto de esto están recaudando”.
Pandemic Unemployment Assistance
El DETR ha dicho que el sistema de prestaciones por desempleo creado para los trabajadores autónomos y los contratistas independientes, la Pandemic Unemployment Assistance (PUA), es particularmente sospechosa de fraude.
Creada a partir del Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act, de dos billones de dólares, firmada en marzo, la disposición de la PUA permitió que esos trabajadores tuvieran derecho a beneficios de desempleo por primera vez.
El programa requiere que los solicitantes se certifiquen como elegibles para el programa, pero el DETR ha argumentado en las presentaciones judiciales que no tiene la autoridad del gobierno federal para requerir documentación adicional para probar la identidad de alguien, dejando al programa como un blanco fácil para el fraude.
El departamento de empleo informó que se han presentado 332 mil 536 solicitudes para PUA desde que el programa comenzó a aceptar solicitudes en mayo, según datos publicados el viernes.
“Dado que los estimados de auto-empleados en Nevada oscilan entre unos 85 mil y potencialmente 150 mil a 200 mil, los rápidos incrementos que estamos viendo en la PUA parecen exceder el número de personas que esperaríamos fueran elegibles para este programa”, indicó el economista jefe del DETR, David Schmidt, en una conferencia de prensa el mes pasado.
Los funcionarios de Nevada no han anunciado ninguna acusación en sus investigaciones de fraude.
El departamento de empleo del estado ha visto más de 577 mil 152 solicitudes este año, con más de 550 mil presentadas desde la semana que terminó el 14 de marzo. Son más solicitudes presentadas que en cualquier año natural completo en la historia del estado.