El futuro del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) sigue sin tener un veredicto por parte de la Corte Suprema. Fue el 12 de noviembre de 2019 cuando los jueces escucharon argumentos a favor y en contra de la continuidad del programa, y se espera que puedan dar una decisión dentro del primer semestre de este 2020.
Por medio de una columna de opinión posteriormente difundida en un comunicado de prensa, la vicepresidenta de abogacía de FWD.us, Alida García, condenó las recientes declaraciones del director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), Matthew Albence, quien aseguró que existe la posibilidad de eventualmente deportar a los beneficiarios de DACA, conocidos como “dreamers”.
De acuerdo con FWD.us, Albence acotó que “aquellos individuos tendrán DACA, pero no nos prohíbe llevar a cabo el proceso de remoción, de tal modo que… si existe una orden de deportación y DACA es eliminado por la Corte Suprema, podemos hacer cumplir estas órdenes de deportación”.
Mediante su columna, Alida García respondió que: “Si se acabara con DACA, cientos de miles de jóvenes serían forzados a dejar sus empleos y puestos en riesgo inminente de ser deportados a países que la mayoría ni siquiera recuerda. Desafortunadamente, la Corte Suprema parece no entender cuán devastadora su decisión podría ser”.
Para clarificar el tema, El Tiempo se comunicó con el abogado de Richard Harris Law Firm, Daniel Serna, quien mencionó que la declaración del director de ICE es algo que ya se ha sabido durante mucho tiempo.
“Los individuos que tienen DACA ya han reconocido ante el gobierno que están aquí sin permiso, de otra forma no se los hubieran dado, es parte de la admisión de que son jóvenes que entraron sin permiso por medio de sus padres. DACA lo que hizo fue ponerlos en un nivel de prioridad mucho menor, pero no quita el hecho de que los individuos hayan estado aquí sin permiso. Todos están sujetos a deportación”, dijo Serna.
El abogado agregó que muchos de los beneficiarios de DACA ya tenían órdenes de deportación previas a solicitar sus permisos, las cuales pueden originarse de maneras sencillas como admitir que están sin autorización en el país o que sobrepasó el tiempo que podía permanecer en territorio estadounidense de acuerdo lo indicado en una visa de turista.
“El hecho de que hayan tenido una orden de deportación o una notificación ante una corte de inmigración no los prohibió de obtener el permiso. Lo único que hizo fue diferir un caso de deportación por medio de ese permiso… Como está escrita la ley, si uno se quedó más tiempo de su permiso o entró ilegalmente al país, eso los sujeta a deportación. No necesariamente son los casos de gente que tiene delitos graves”, explicó Serna.
Si la Corte Suprema decide eliminar DACA, entonces ICE podría reactivar esos casos de órdenes de deportación, sin embargo, las personas afectadas tendrían la oportunidad de defender su situación ante una corte de inmigración.
“Definitivamente los ‘dreamers’ tienen que preocuparse si la Corte Suprema quita el programa, como lo inició el presidente Trump, porque los va a dejar sujetos a un proceso de deportación administrativa. El gobierno ya tiene toda la información de estos individuos que pidieron DACA, no va a ser muy difícil para que ICE pueda localizar a la gente y notificarles que se tienen que presentar en la corte de inmigración”, enfatizó Serna.
No obstante, el especialista consideró que el gobierno no tiene la capacidad para deportar a los más 700,000 beneficiarios de DACA. Una prueba de ello es que actualmente en las cortes de Las Vegas se han presentado retrasos en los procesos de inmigración; es decir que se espera en promedio de un año y medio a dos para tener una audiencia final de deportación para una persona. Si el afectado desea defender su caso, entonces el proceso podría demorar más tiempo.
“Si la Corte Suprema quita el programa de DACA, los permisos que ya fueron otorgados quedarían vigentes por ley administrativa, simplemente ya no permitiría solicitudes nuevas y/o renovaciones. La Corte Suprema tiene bajo su consideración si ellos pueden revisar o no la decisión del presidente Trump. Quizá no se quiere meter al asunto y dice que esto está en manos del presidente en la rama ejecutiva”, mencionó Serna.
Por último, el abogado reconoció que una decisión en contra de DACA podría tener un impacto negativo en empresas, universidades y familias que dependen de personas amparadas bajo este programa.
“Esperamos que la Corte Suprema tome una decisión a favor de los intereses públicos y a favor de los ‘dreamers’, la mayoría ya han pasado por un régimen muy estricto para poder calificar a este permiso. Son gente que verdaderamente ha puesto educación y trabajo de frente”, concluyó Serna.