Enfermera pagana podría ser despedida por su postura sobre la vacunación
La enfermera de partos Julia Kidd ha conseguido evitar el agotamiento pandémico que hace que otras enfermeras abandonen la profesión en un momento de escasez de personal a nivel de crisis.
Pero la pandemia se está cobrando un precio diferente: El University Medical Center (UMC) suspendió este mes a Kidd tras rechazar su solicitud de exención religiosa del mandato del hospital de que todos los empleados se vacunen contra el COVID-19.
Kidd, que lleva 18 años trabajando en el UMC y ahora se enfrenta a un posible despido de su empleo, practica el paganismo, una religión alternativa basada en la naturaleza. También sigue la Red Wicca, un código ético que dice: “Si no perjudica a nadie, haz lo que quieras”.
“¿Cómo perjudica esto a nadie si no me pongo esta vacuna? No lo hace”, dijo Kidd de 55 años la semana pasada, explicando cómo sus creencias influyeron en su decisión de renunciar a las dosis. “Si puedo llevar mi cubrebocas y evitar la transmisión, estupendo. Si puedo lavarme las manos y evitar la transmisión, genial. Si tengo que llevar el equipo de protección personal a la enésima potencia, de acuerdo”.
“¿Cómo afecta el hecho de tener o no una vacuna a mi capacidad de ser enfermera, a mi capacidad de ser una buena empleada en este centro?”, preguntó, y añadió que está dispuesta a someterse a pruebas diarias.
El Tribunal confirma los mandatos de atención a la salud
Es probable que se produzcan más disputas como la de Kidd tras la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos del 13 de enero, que permite el mandato federal de vacunación para los trabajadores de la atención a la salud de los centros que reciben fondos de Medicare y Medicaid. El plazo para cumplirlo en Nevada y en muchos otros estados es el 28 de febrero.
La decisión podría agravar la escasez de personal existente en los hospitales del valle de Las Vegas y de todo el país, donde muchos empleados se dan de baja al mismo tiempo que aumentan las hospitalizaciones a causa del aumento impulsado por la variante ómicron del coronavirus.
“Nuestros trabajadores de atención a la salud están cansados. Están agotados”, dijo Jen Sarafina, abogada laboral de Las Vegas. “Y esto es otra cosa que se espera de ellos además de esto. Hay una verdadera preocupación por cómo será la dotación de personal”.
La situación podría llegar a ser crítica si la oleada de ómicron está todavía en su punto álgido cuando llegue el plazo del mandato federal y desencadene los despidos.
“Lo veo como una especie de tormenta perfecta, en el peor de los casos, si eso ocurriera”, dijo Sarafina, socia del bufete de abogados Kamer Zucker Abbott.
Un “puñado” suspendido o despedido
El UMC anunció su propio mandato de vacunación en septiembre. En la actualidad, el 97 por ciento del personal está vacunado, dijo el representante del hospital, Scott Kerbs. Menos de 200 han solicitado una exención médica o religiosa. Esto representa alrededor del cinco por ciento de los cuatro mil empleados del UMC, dijo.
Kerbs no quiso decir cuántas solicitudes han sido denegadas.
“Muchos empleados a los que se les denegó la solicitud recibieron finalmente la vacuna”, escribió en un correo electrónico. “Solo un puñado de miembros del equipo han sido suspendidos o despedidos por no cumplir nuestra política de vacunación obligatoria”.
El UMC fue el único hospital del valle de Las Vegas que proporcionó cifras relacionadas con las solicitudes de exención y las medidas disciplinarias correspondientes. Un representante de los hospitales St. Rose Dominican, que también aplicaron el requisito de vacunación, así como los de HCA Healthcare y el Valley Health System, dijeron que cumplían el mandato federal, pero no facilitaron ninguna cifra.
Kerbs dijo que el UMC revisó cada solicitud de exención usando un “proceso exhaustivo y equitativo respaldado por la orientación federal”.
Kidd, que fue suspendida en espera de una investigación el 4 de enero, dijo que aún no se le ha comunicado el motivo de la denegación de su solicitud. Espera presentar su versión del asunto durante una futura audiencia.
La enfermera dijo que no se opone a las vacunas en general, pero que tiene dudas sobre las vacunas contra COVID-19 porque son muy nuevas.
“¿Quién eres tú para decirme lo que puedo hacer con mi cuerpo?” dijo Kidd. “Me da igual que seas mi empleador. Puedes decirme lo que puedo y no puedo hacer en términos de comportamiento, pero no lo que meta en mi cuerpo”.
Trevor Hatfield, abogado de Kidd, dijo que los objetivos de reducir el riesgo de pandemia mediante la vacunación son buenos siempre que se tenga cuidado de no infringir los derechos de los empleados.
Sin embargo, parece que algunos empresarios están usando tácticas de mano dura, dijo, al negar todas las solicitudes de exención religiosa. Dijo que no tenía suficiente información para saber si esto era cierto en el caso de Kidd. Ella solicitó una investigación a la Nevada Equal Rights Commission.
Creencias religiosas sinceras
La orientación federal sobre la concesión de una exención depende de si el empleado tiene una “creencia religiosa sinceramente mantenida” que prohíba la vacunación.
La U.S. Equal Rights Commission afirma que si un empresario “tiene una base objetiva para cuestionar la naturaleza religiosa o la sinceridad de una creencia concreta, estaría justificado que hiciera una investigación limitada de los hechos y que buscara información adicional de apoyo”.
Según la comisión, no se consideran creencias religiosas las objeciones “basadas en preferencias sociales, políticas o personales, o en preocupaciones no religiosas sobre los posibles efectos de la vacuna”.
Uno de los argumentos para la exención religiosa ha sido que se usaron células fetales procedentes de abortos en el desarrollo o las pruebas de las vacunas contra COVID-19. El argumento se ha extendido lo suficiente como para que el Departamento de Salud del Condado Los Ángeles haya considerado oportuno elaborar una hoja informativa que lo aborda.
“Las líneas de células fetales que se están usando para producir algunas de las posibles vacunas contra el COVID-19 proceden de dos fuentes”, de un feto abortado o malogrado en 1973 y de otro en 1985, afirma el departamento de salud.
“Aunque las líneas celulares fetales pueden usarse para desarrollar o fabricar las vacunas contra el COVID-19, las vacunas en sí no contienen ninguna célula fetal abortada”, dice el departamento. Se han usado otras células fetales para crear vacunas contra la hepatitis A, la rubéola y la rabia.
La objeción por estos motivos puede complicarse por el respaldo a la vacunación por parte de las principales religiones con posiciones antiabortistas de línea dura.
El Secretariado de Pro-Life Activitiesa, un comité de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, ha declarado que “se puede recibir cualquiera de las vacunas clínicamente recomendadas en buena conciencia con la seguridad de que la recepción de dichas vacunas no implica una cooperación inmoral con el aborto”.
La conferencia episcopal también declaró que “vacunarse de forma segura contra el COVID-19 debe considerarse un acto de amor al prójimo y parte de nuestra responsabilidad moral por el bien común”.
Al menos un grupo de salud se ha opuesto a las objeciones que citan las células fetales como motivo de exención religiosa. El Centro Regional de Salud de Conway, en Arkansas, pidió a los empleados que citaban esta objeción que dieran fe de no tomar ninguno de los al menos 28 medicamentos habituales -entre ellos los analgésicos aspirina, ibuprofeno y paracetamol- que, según dijo, usaban células fetales en su desarrollo o prueba.
No hay exención por infección previa
Para proteger tanto a los pacientes como al personal, los hospitales exigen habitualmente que sus empleados se hayan vacunado contra enfermedades infecciosas altamente transmisibles.
El UMC exige a sus empleados que se vacunen, o que tengan una inmunidad natural duradera verificada mediante pruebas de anticuerpos, contra el sarampión y la varicela, dijo Kerbs. Casi todos sus empleados reciben la vacuna anual contra la influenza cada año. A los que rechazan la vacuna de la influenza se les exige que lleven cubrebocas durante la temporada de influenza, aunque actualmente se exige que todos los que entran en el hospital lleven cubrebocas para ayudar a prevenir la propagación del COVID-19.
Al menos por el momento, los empleados que se infectaron previamente con COVID-19 no están exentos del mandato federal de vacunación. Pero es posible que esto cambie a la luz de estudios como el publicado esta semana pasada por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, que indican que la protección de la infección natural es superior a la protección de la vacunación.
Si las reglas del mandato cambian, permitiendo que se acepte la infección previa en lugar de la vacunación, Kidd, la enfermera del UMC, podría no verse obligada a abandonar el trabajo que eligió.
Actualmente se está recuperando de lo que describió como un caso leve de COVID-19.
