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En esfuerzo coordinado, funcionarios de Nevada enfrentan crisis de desahucios

Funcionarios estatales y locales se reunieron el jueves para dar a conocer la coordinación en curso para ayudar a los residentes en dificultades que corren el riesgo de ser desalojados, una crisis inminente que ha sido retrasada por las protecciones federales y estatales durante gran parte de la pandemia.

Con la prohibición federal prevista para el 30 de junio, y una moratoria estatal que expirará a finales de este mes, los funcionarios trataron de alertar a los inquilinos de las opciones disponibles.

“Sabemos que los próximos 12 meses serán los más difíciles para muchas de nuestras familias que acaban de volver a trabajar”, comentó la presidenta de la Comisión del Condado Clark, Marilyn Kirkpatrick.

Durante una conferencia de prensa desde la cámara de la comisión, los funcionarios dieron a conocer el Southern Nevada Eviction Prevention Program, que parece ser un término general para la coordinación en curso entre el departamento de servicios sociales del condado, los tribunales, el estado, las organizaciones no lucrativas y las ciudades vecinas.

Los funcionarios hicieron hincapié en que los inquilinos, si son elegibles, deben firmar un formulario de declaración de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y entregarlo a su propietario o administrador de la propiedad para calificar para la protección federal.

Los inquilinos que reciban una notificación de desalojo deben presentar una respuesta ante el Tribunal de Justicia local y optar por la mediación.

“Ahora no siempre resulta en un resultado positivo … pero proporciona una plataforma neutral para que las partes se reúnan para explorar todas las opciones que están disponibles para ellos”, mencionó la comisionada de trabajo de Nevada Shannon Chambers, quien también es presidenta de Home Means Nevada, la agencia que administra el programa de mediación de desalojo de alquiler del estado.

Chambers dijo que el programa ha procesado más de mil casos desde que se lanzó en octubre, trabajando con los tribunales, propietarios, inquilinos y el Legal Aid Center of Southern Nevada. Se han contratado más de 100 mediadores para hacer frente a un aumento previsto de casos a partir del 1º de julio.

La ayuda a la vivienda es clave

El condado recibe una notificación cuando un inquilino presenta una respuesta de desahucio ante un Tribunal de Justicia, lo que hace que un asistente social se ponga en contacto con el inquilino para orientarle sobre los recursos disponibles, incluido el county’s housing assistance program, o CHAP.

Este programa se ha convertido en una pieza central del esfuerzo del condado para responder a las muchas personas cuyos ingresos se han perdido o se han visto profundamente reducidos a causa de los paros estatales durante la crisis de salud pública.

Demanda desmesurada

Aunque la gran demanda del programa ha superado la capacidad del programa para procesar las solicitudes, Schiller afirmó que se había vuelto más eficiente. El condado utilizó dólares federales para mejorar su tecnología y añadió casi 100 empleados temporales para apoyarlo, dando al programa casi 300 trabajadores en total, declaró.

En un momento dado hubo hasta 20 mil solicitantes en la fila, indicó Schiller, y ahora la lista de espera es de aproximadamente nueve mil.

Pero los funcionarios del condado fueron acribillados a preguntas por los periodistas que habían escuchado a los solicitantes quejarse de los largos tiempos de espera. Kirkpatrick reconoció que su oficina también recibe una “tonelada de llamadas”.

Mientras que el sitio web del programa de vivienda advierte que la “extrema demanda” ha causado tiempos de espera de más de cuatro semanas para procesar las solicitudes, Tim Burch, el administrador de servicios humanos del condado, declaró que los tiempos de espera habían mejorado a “semanas” en lugar de extenderse a meses como lo hicieron en diciembre.

Pero los funcionarios del condado se negaron a dar el rango específico de los tiempos de espera que estaban viendo, a pesar de analizarlos regularmente, alegando que la espera es única para cada individuo.

Legal Aid y los tribunales se preparan para el aumento de casos

Jim Berchtold, con el Legal Aid Center of Southern Nevada, comentó que la organización sin fines de lucro se centraría en la divulgación de información a los inquilinos en el próximo par de meses para asegurarse de que son conscientes de los pasos a seguir.

Y la jueza del Tribunal de Justicia de Las Vegas, Melissa Saragosa, comentó que los inquilinos y propietarios podrían recibir los formularios que necesitan a través de CivilLawSelfHelpCenter.org.

Con las operaciones del tribunal municipal de Las Vegas reubicadas en el nuevo juzgado de la ciudad (liberando espacio dentro del Centro Regional de Justicia), se espera que haya más espacio para manejar un “número impredecible” de nuevos casos de desalojo, según Saragosa.

“En general, yo pediría paciencia. No estamos seguros de lo que vamos a ver”, señaló. “No estamos seguros de que este nuevo aumento vaya a suponer un retraso en nuestra capacidad para celebrar el número de vistas que celebramos cada semana”.

Cuando la moratoria federal de desahucios entró en vigor en diciembre, el Tribunal de Justicia tenía aproximadamente cuatro mil casos pendientes que se suspendieron. Saragosa dijo que el tribunal identificó esos casos para que el condado trabajara con los inquilinos y propietarios y “una buena parte” se resolvió.

La asociación alivió la carga de trabajo del tribunal que se reanudará cuando se levanten las moratorias.

“Estamos preparados para ello lo mejor que podemos”, concluyó.

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