Una demanda federal a la que se han sumado ocho estados y que acusa a una gran empresa de software inmobiliario de ayudar a los administradores de apartamentos a coludirse para subir las tarifas ha llamado la atención sobre el aumento de las tarifas de renta en todo el país.
El Departamento de Justicia presentó una demanda antimonopolio contra RealPage a finales de agosto, alegando que ha emprendido un “plan ilegal para disminuir la competencia entre los propietarios en la fijación de precios de apartamentos y monopolizar el mercado de software de gestión de ingresos comerciales que los propietarios usan para fijar el precio de los apartamentos”.
Las acusaciones se centran en si la tecnología puede usarse para la colusión y la fijación de precios de las tarifas de renta en varios mercados de Estados Unidos.
El profesor de Ciencias de la Computación de la UNLV Andreas Stefik dijo que la forma más sencilla de desglosar lo que hace RealPage es que usan “procesos algorítmicos” para determinar las tarifas de renta. Según Stefik, no se trata de un proceso complicado, ni necesariamente de inteligencia artificial, sino de un simple cálculo numérico basado en big data.
‘La cifra máxima posible’
“Reúnen un puñado de elementos, hacen algunos cálculos y obtienen un número que resulta ser solo la cifra máxima posible para el bolsillo del propietario”, explicó. “Usan las matemáticas y yo no diría que manipulan los libros, sino que usan las matemáticas que estratégicamente elevan el precio tanto como creen que pueden salirse con la suya”.
RealPage no respondió a una solicitud de comentarios y una pregunta sobre el número de empresas de gestión de propiedades y propietarios con los que trabaja en el valle de Las Vegas. Ovation Property Management, que se autodefine como el mayor urbanizador privado multifamiliar del valle, declinó comentar si usa RealPage o un software similar.
Las tarifas de renta han experimentado un aumento exponencial en el valle desde la pandemia, junto con la mayor parte del resto del país. Zillow reportó que la tarifa de renta media para todos los tipos de productos en el valle de Las Vegas era de mil 460 dólares en abril de 2021. Esa cifra se ha elevado ahora a 2 mil 50 dólares, un aumento de 590 dólares en tres años y medio.
El abogado Calder Gabroy, con sede en Las Vegas, que trabaja con inquilinos en casos contra compañías de administración de propiedades y propietarios, dijo que Nevada es particularmente mala por no apoyar a los inquilinos frente a los dueños de propiedades. Dijo que la demanda federal contra RealPage pone de relieve un área importante cuando se trata de las tarifas de renta y que un mercado verdaderamente competitivo en realidad bajaría los precios.
“Uno de los puntos principales, y creo que es muy importante, es lo que está ocurriendo con el Departamento de Justicia y los distintos estados, que están demandando para proteger a los inquilinos y al público en general”, dijo. “Suele ocurrir que un inquilino firma un contrato de alquiler anual y, en la fase de renovación, el propietario puede fijar los precios sin ningún tipo de ley que intervenga para decir en cuánto pueden establecer el precio”.
La mayoría de los inquilinos desconocen sus derechos
Gabroy dijo que la mayoría de los inquilinos desconocen sus derechos en materia de arrendamiento, mientras que los propietarios y las empresas de gestión inmobiliaria suelen estar muy informados sobre el proceso y disponen de dinero para litigar en caso necesario, lo que crea una situación de desigualdad entre ambos.
Stefik afirma que es importante recordar que las fórmulas que usa RealPage no son nada nuevo, pero parece que las empresas están usando la inteligencia artificial y otras tecnologías para maximizar los beneficios de todas las formas posibles.
“Los científicos llevan más de un siglo haciendo esto”, dijo. “Han estado trabajando en reunir técnicas para intentar predecir cosas, no es exactamente como la adivinación, es más como: ‘Oye, tengo algunos datos y sugieren esto, ¿qué significa?”
Las Vegas está en plena crisis inmobiliaria, ya que la falta de suelo urbanizable, las altas tasas de interés y un mercado de reventa “bloqueado” han disparado los precios, incluso con la llegada de nueva oferta al mercado. Los urbanizadores inmobiliarios, tanto residenciales como comerciales, han señalado a la Oficina de Gestión de Tierras (BLM) por no ceder terrenos urbanizables a tiempo, y a los burocráticos gobiernos locales por atascar el proceso de concesión de permisos.