Las autoridades presentaron cargos de homicidio involuntario el jueves contra Adolfo Orozco, el propietario de un edificio de apartamentos en Las Vegas donde seis personas murieron en un incendio en diciembre, y una supuesta co-propietaria del edificio.
El fiscal de distrito del Condado Clark, Steve Wolfson, afirmó que una larga lista de cargos fue presentada contra Orozco y Malinda Mier, quien ha reclamado la copropiedad de los apartamentos del Motel Alpine.
Los fiscales dijeron que una vez que comenzó la investigación del incendio en diciembre, Orozco amenazó al administrador del apartamento y a su prometida e intentó convencerlos de que no hablaran con los detectives “blandiendo un rifle de asalto estilo AK-47 frente a ellos y ofreciéndoles dinero” para que abandonaran la ciudad.
Con un cargo de homicidio involuntario por cada una de las seis víctimas, Orozco y Mier también se enfrentan a 15 cargos de incumplimiento o de negligencia en el cumplimiento de su deber en detrimento de la seguridad, lo que resultó en lesiones corporales importantes o en muertes. Orozco también se enfrenta a cuatro cargos por impedir o disuadir a un testigo o una víctima de denunciar un delito o iniciar un enjuiciamiento por el uso de un arma mortal. Todos los cargos son delitos graves.
“Si estos acusados hubieran mantenido responsablemente la propiedad, estas seis víctimas estarían vivas hoy”, dijo Wolfson en un comunicado de prensa. “Su intencional desprecio por el mantenimiento adecuado de las alarmas de incendio, las salidas de emergencia y el sistema de calefacción de las unidades contribuyó directamente a la tragedia que vimos el 21 de diciembre de 2019. Tenían la responsabilidad de proveer un ambiente seguro para estas personas, y no lo hicieron”.
Una investigación del incendio mortal, que también dejó 13 heridos y docenas de evacuados, encontró más de 40 posibles violaciones del código de incendios, incluida una puerta de salida trasera que había sido bloqueada.
El abogado de Orozco, Dominic Gentile, se negó a comentar los cargos criminales. Los registros del tribunal no indicaban si Mier había contratado un abogado.
En diciembre, Mier se identificó con el Review-Journal como copropietaria de la propiedad. Los fiscales la llamaron “asociada” de Orozco.
“Descuidos”
Mier dijo que el edificio cumplía con el código establecido por la ciudad, pero no estaba segura de si el edificio tenía un sistema de rociadores. Agregó poco después del incendio que cada habitación tenía un detector de humo y que había una “escalera de incendios” en la parte delantera del inmueble.
Pero en la denuncia penal presentada el jueves, los fiscales detallaron cómo “el descuido deliberado de la seguridad” de las personas que vivían en el edificio de apartamentos provocó el incendio.
Orozco y Mier no reemplazaron o arreglaron una salida de la puerta trasera, no reemplazaron un panel de alarma de incendios averiado, “evitando así que cualquier alarma audible sonara durante el incendio e impidiendo la notificación del mismo al departamento de bomberos y a la compañía de alarmas”, alegó la denuncia.
Tampoco arreglaron las puertas automáticas contra incendios inoperantes, según la denuncia, y no proporcionaron sistemas de calefacción adecuados en los apartamentos, “lo que hizo que los inquilinos tuvieran que utilizar hornos o estufas como fuente de calefacción”.
Los objetos grandes bloqueaban los pasillos y las salidas, y los detectores de humo y las luces rotas no fueron reemplazadas, según la queja.
Orozco también es el centro de una demanda civil presentada por las víctimas del incendio y sus familias. En escritos judiciales separados presentados esta semana, Tracy Eglet, abogada de muchas de las víctimas de los incendios, pidió a un juez que impidiera que Orozco intentara vender sus otras propiedades, alegando que ha vendido dos desde el 3 de junio.
Eglet escribió que Orozco tiene otras tres propiedades a la venta, y las víctimas están preocupadas de que si un juez no le impide vender algo que valga más de 25 mil dólares, podría sacar provecho de las otras propiedades y agotar sus activos.
Las autoridades hicieron una redada en la oficina del administrador de la propiedad y la unidad de vivienda en los días posteriores al incendio. Los investigadores incautaron una computadora, carpetas y un archivador de papeles dentro de la unidad donde el gerente, Jason Casteel, vivía con su prometida.
Los registros de la orden de inspección mostraron que los investigadores querían registros y cualquier queja documentada de los residentes, así como cualquier comunicación documentada entre los residentes, los gerentes y los propietarios del inmueble (la compañía Las Vegas Dragon Hotel LLC) y su gerente, Orozco.
Otros registros obtenidos por el Review-Journal mostraron que Orozco y sus propiedades formaban parte de una investigación de Seguridad Nacional de 2019 sobre drogas, armas y lavado de dinero vinculados a la mafia mexicana y a cárteles anónimos.
Cartera multimillonaria
Orozco, un ex profesor que ha sido descrito como “extremadamente reservado”, contaba con un portafolio multimillonario, el cual estructuró con su esposa y cuatro compañías vinculadas a ellos. Eso incluye edificios de apartamentos y hoteles llenos de estudios, casas para rentar y una mansión de seis mil 250 pies cuadrados donde la pareja parecía vivir.
Tres años antes de las muertes en Alpine, la policía trabajó para cerrar la propiedad del centro a causa de que era una molestia crónica, según los registros de la ciudad.
Una investigación del Review-Journal demostró que la propiedad fue objeto de repetidas inspecciones de aplicación del código y no pasó las inspecciones de incendios entre 2013 y 2017. No había sido inspeccionada por los funcionarios de bomberos en los 32 meses anteriores al incendio.
Al momento del incendio, una puerta de salida trasera en el primer piso del edificio de apartamentos estaba bloqueada con cerrojo desde el exterior, dejando a algunos residentes atrapados. Otros arriba, asfixiados por un humo abrumador, recurrieron a saltar desde las ventanas del segundo y tercer piso para salir, entre ellos DeJoy Wilson, que en ese momento estaba embarazada de tres meses.
En las inspecciones posteriores al incendio realizadas en la propiedad los días 22 y 23 de diciembre, los inspectores observaron más de 40 violaciones del código de incendios, entre ellas la puerta de salida sellada, un sistema de alarma contra incendios defectuoso, máquinas expendedoras que bloqueaban vías de salida y barras de seguridad en una zona de dormitorios que no tenía salida de emergencia.