Priscilla Rocha importó sin autorización alrededor de $14.000 en computadores y equipos electrónicos – comprado con dinero del Distrito Escolar del Condado de Clark – a través de la frontera mexicana sin una inspección de aduanas, de acuerdo con las transcripciones del gran jurado obtenidos por el periódico propietario de El Tiempo, Las Vegas Review-Journal.
Rocha, la ex directora del programa de adultos de Servicios de Adquisición del Idioma Inglés, dijo a la policía que ella y su comitiva fueron recibidos en la frontera por un oficial de la ciudad de Ensenada quien le dio un trato especial con la aduana, de acuerdo con el testimonio de la policía de Las Vegas Detective Robert Whiteley.
“¿Ella le dijo que el hombre llegó a la frontera y se reunió con ella?” preguntó el Fiscal Adjunto JP Raman al Detective Whiteley. “Sí. Y así es como ella lograba conseguir los equipos a través de México sin declararlos en la aduana”, respondió Whiteley.
Rocha donó aproximadamente dos docenas de computadores, portátiles, iPads y otros equipos a una biblioteca y a una escuela para niños con autismo en Ensenada, según muestran las transcripciones. Su acusación la semana pasada alega que la donación era sólo para ocultar el robo de $289,000 del Distrito Escolar a través de “empleados fantasmas” falsas empresas, cuentas bancarias secretas y robos de equipo, que se remonta al 2005.
“¿Has hablado con ella?, ¿ella admitió saber que era propiedad del Distrito Escolar y que no tenía derecho de donarlo?” preguntó Raman a Whiteley. “Sí. Nosotros la confrontamos con el hecho y reconoció que probablemente no debió haberlo hecho de esa manera”, dijo Whiteley.
Rocha, de 66 años, ex miembro electo de la Junta de Educación del Estado de Nevada, y otros cuatro acusados, entre ellos su hijo Jerónimo Rocha, enfrentan 52 cargos. Ella enfrenta 26 cargos por delitos agravados de robo y 24 cargos de uso ilegal de fondos públicos en un elaborado plan para enriquecerse a sí misma y otros por robo a recursos del Distrito Escolar del Condado Clark.
El programa de servicios de adquisición de idiomas, diseñado para proporcionar habilidades a los adultos que no hablan inglés, fue cerrado unos días luego de que la policía de Las Vegas y del Distrito Escolar allanara la oficina del programa 19 de marzo. Hasta la fecha, el programa seguía operando con un presupuesto 1.1 millones dólares financiado con fondos públicos y empleando a 22 personas. Cinco miembros del personal, incluyendo Rocha, fueron suspendidos después de la redada, y Rocha se retiró, durante la investigación. Un total de 17 testigos se presentaron ante el gran jurado, que proporciona 1.007 páginas de testimonios.
Las transcripciones muestran que Rocha hizo cuatro viajes a Ensenada en el 2011 – uno para recorrer la ciudad y reunirse con funcionarios de la escuela, dos para entregar las mercancías y un cuarto para aparecer en una gran fiesta organizada por los funcionarios de Ensenada para darle las gracias por las donaciones.
María Rivera, empleada del programa, testificó que Rocha tenía tanto equipo para llevar a México que no logró meterlo todo en una furgoneta alquilada por lo cual tuvo que hacer dos viajes. Otra ex empleada, Claudia Zapata, declaró que Rivera le comentó que uno de los viajes con la carga a Ensenada fue “muy peligroso”. Zapata citó a Rivera, diciendo que la comitiva que viajaba fue recibida por la policía en la frontera y fue transferida a uno de los vehículos anti-balas para seguir su camino a Ensenada.
Zapata declaró que ella fue al último viaje a Ensenada en noviembre de 2011 para asistir a la fiesta en honor a Rocha.
Los funcionarios de Ensenada dieron un recorrido a la comitiva de Las Vegas por el centro de autismo, dijo Zapata, y ella fue testigo cuando los equipos fueron donados para un nuevo laboratorio de computación. También vio la donación de iPads a los niños como regalos.
Manuel Ramírez, un ex especialista en tecnología de la información para el programa de Rocha, testificó que vio un mensaje de Facebook de los funcionarios de Ensenada agradeciendo a Rocha por las donaciones.
Ramírez, quien llegó a un acuerdo para declararse culpable y cooperar con los fiscales, dijo que Rocha le pidió que averiguara lo que sería necesario para obtener los computadores a través de la frontera. Después de consultar con el consulado mexicano en Las Vegas, se enteró de que los números de serie de los equipos tendrían que ser proporcionados.
Cuando él informó a Rocha, ella le dijo que no hiciera el trámite a través del consulado, que ella “lo manejaba”.
Uno de los coacusados de Rocha, Andrés Mendoza, testificó que él ayudó a organizar el esfuerzo de la donación de Rocha a través de contactos en Ensenada. Mendoza, que no era un empleado del Distrito Escolar, sirvió bajo Rocha en la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, LULAC, por sus siglas en inglés.
“Lo sé todo”, declaró Mendoza. “Puse la señora Rocha en contacto con estas personas, incluso con los administradores de la escuela en Ensenada.”
Mendoza, que enfrenta cargos por robo y posesión de propiedad robada, dijo que las computadoras eran un regalo para permanecer en México, lo cual resultó en un galardón y flores para Rocha en una ceremonia en la oficina del alcalde de Ensenada.
“La Sra. Rocha encontró la manera de llevar esas computadoras a México y regalarlos a los niños”, declaró Mendoza. Afirmó que no sabía que las computadoras eran propiedad del Distrito Escolar.
Ramírez declaró que Rocha lo dirigió a instalar un sistema de video de vigilancia comprado con el dinero del distrito escolar en la casa de Mendoza. Rocha también instruyó a Ramírez para colocar cámaras secretas en su oficina y la oficina de un ayudante porque ella pensaba que estaban revisando sus documentos, dijo Ramírez, quien también mantuvo computadoras de la escuela, iPads y cámaras de seguridad en su casa.
“Ella (Rocha) estaba repartiendo cosas a todos”, dijo el detective Whiteley. Las cámaras de la oficina de Rocha estaban escondidas en un reloj, un sacapuntas y un sensor de alarma, dijo Ramírez. A pesar de su apoyo público a Rocha y se insistir en su inocencia, Mendoza declaró que había recibido a sabiendas computadoras del Distrito Escolar y electrónicos por parte de ella.
“Yo sé que está mal”, le dijo al gran jurado. “Lo siento, pero yo soy un organizador de bajos ingresos, ya veces es difícil para mí para pagar mi gasolina y los alimentos, ya que no tengo ningún otro ingreso y yo estaba en una dificultad.”
En una redada en la casa de Mendoza y negocio, la policía encontró una computadora del distrito, una impresora y otros dispositivos electrónicos con pegatinas que dicen “Propiedad del Distrito Escolar del Condado de Clark.” La policía también encontró cerca de una docena de cámaras de seguridad.
En entrevista exclusiva con el periódico El Tiempo, Andrés Mendoza dijo, “por el momento no puedo hablar mucho sobre el caso ya que es una investigación que está en proceso y por órdenes de mi abogado no puedo hacer ningún tipo de comentario que pueda afectar la investigación.
Lo que sí quiero decir es que soy una persona que siempre ha trabajado en favor de la comunidad hispana y he apoyado en todo lo que se ha podido en conjunto con el Distrito Escolar. Esto es solamente un ataque y una represalia y estoy confiado en que todo va a salir bien.
Lo único que puedo comentar es que son tres cargos los que a mí se me imputan, robo, hurto y posesión de propiedad robada.
De nuevo, sé que todo saldrá bien y solo puedo hablar por mí en esta situación,”, dijo Mendoza.
La acusación del gran jurado alega que Rocha utilizó 5.000 dólares del distrito para ayudar a comprar un salón de belleza local en mayo del 2013, y más tarde hizo que uno de sus empleados del programa del distrito trabajara tiempo completo en el salón de belleza, bajo nómina del CCSD. El distrito escolar pagaba a la supuesta empleada, Ana Soto, $2,483 por su trabajo como “profesora”, empleo que jamás desempeñó.
La acusación también alega que en el año 2005 Rocha, pagó a empleados fantasmas decenas de miles de dólares con fondos del programa por trabajo que nunca se hicieron, todo esto como parte de un plan para enriquecerse a sí misma, su familia y amigos.
Tal vez, el mayor benefactor del robo, fue el hijo de Rocha, Jerome Rocha, y el coacusado Donnie Placencia, ambos residentes de Nuevo México. Priscilla Rocha tenía a Placencia bajo nómina desde el año 2005, como profesor particular en su departamento a pesar de que vivía en otro estado. Rocha aprobó $132,870 en pagos a Placencia con dinero del distrito, aun cuando “Placencia no podía desempeñar ese cargo de lejos, sobre todo cinco días a la semana, casi todas las semanas”, declaró Whiteley.
El Distrito Escolar depositaba los pagos en una cuenta compartida por Placencia y el hijo de Rocha de 44 años de edad. Los dos hombres enfrentan 10 cargos por delito agravado de robo.
Rocha también creó una empresa falsa llamada Olverita’s Tradition and Folklore LLC, copiando el nombre de una empresa real de Los Ángeles, que vende vestidos y disfraces para ballet hispano. Esto permitió a Rocha camuflar las facturas del distrito para su empresa falsa dentro de las facturas por los servicios efectivamente provistos por el verdadero Olverita.
“(Las facturas) ambas eran completamente idénticas excepto por uno de los recibos era un poco diferente”, dijo Whiteley, que describe cómo los pagos del distrito se consignaba en la “cuenta bancaria falsa de Olverita” enriqueciendo a Rocha.
Renee Romero, otro ex empleado de Rocha, declaró que Rocha ordenó al personal de trabajo cobrar tres cuotas a los estudiantes por los libros, tarjetas de identificación y análisis de laboratorio – sólo aceptaba dinero en efectivo.
El Superintendente Auxiliar Tammy Malich dijo al gran jurado que el programa de servicios de adquisición de lenguaje fue financiado en su totalidad por las subvenciones estatales y federales y no debía cobrar a los estudiantes en lo absoluto.
Incluso si se venden a los estudiantes, las comisiones tenían que ser depositados en una cuenta de Bank of America con el acceso del Distrito Escolar, no cuentas secretas, dijo Malich.
“Yo nunca lo permitiría”, dijo Malich.
Rocha tenía una cuenta secreta en Wells Fargo, en la cual Romero co-firmó y en la cual se depositaban miles de dólares por cuotas recibidas, dijo Romero. Posteriormente, Rocha ordenó a Romero emitir cheques de esa cuenta a LULAC, los empleados del departamento y de otras personas no identificadas, incluyendo un cheque de $5.000 a la dueña de un salón de belleza que Rocha no tardaría en adquirir.