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Demanda pretende impedir el mandato de vacunación contra COVID-19 del CCSD y poner fin a las pruebas

Una demanda presentada esta semana en un tribunal federal pretende declarar inconstitucionales los mandatos del Distrito Escolar del Condado Clark sobre la vacunación y las pruebas de COVID-19 de los empleados.

En el caso del mandato de vacunación (que fue aprobado por el Consejo Escolar en septiembre) la demanda busca impedir que se aplique, aunque el distrito escolar aún no ha tomado ninguna medida al respecto. También busca poner fin al requisito de pruebas semanales que el distrito impuso a los empleados no vacunados en agosto.

Los demandantes (18 profesores del distrito escolar) están demandando al distrito y al superintendente Jesús Jara.

El caso fue presentado el lunes en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos por los abogados Joey Gilbert, un candidato republicano a gobernador que ha presentado otras demandas contra los mandatos relacionados con COVID-19, y Roger O’Donnell, Adam Fulton, Christina Gilbertson y Logan Willson.

Los abogados no respondieron a una solicitud de comentarios el miércoles. El distrito escolar no comenta sobre los litigios pendientes, dijo un portavoz del distrito.

Una “decisión que altera la vida”

Los demandantes se enfrentan a una “decisión que altera la vida” de perder su trabajo en el distrito escolar o que se les imponga la vacunación o las pruebas de COVID-19 “a las que se oponen fundamentalmente y tienen el derecho constitucional de rechazar”, según la demanda.

La demanda también alega que los demandantes no han sido compensados por el tiempo dedicado a someterse a las pruebas semanales exigidas a los empleados que no han cargado sus registros de vacunación en un sistema en línea.

El distrito escolar llegó a un acuerdo en septiembre con el sindicato de la Education Support Employees Association para pagar a los empleados que están obligados a someterse a las pruebas por su tiempo. Eso solo se aplica, sin embargo, a los trabajos del personal de apoyo.

A principios de septiembre, el Consejo Escolar del Condado Clark votó 5-1 para aprobar un mandato de vacunación para los empleados, que permite exenciones médicas y religiosas. También pidió negociar con los sindicatos de empleados.

En más de tres meses desde la votación, el distrito escolar no ha anunciado ningún calendario para cuando los empleados deben ser vacunados o proporcionado ningún detalle sobre la aplicación del requisito.

La Clark County Association of School Administrators & Professional-Technical Employees y el sindicato de empleados de apoyo dijeron que aún no han recibido noticias del distrito escolar sobre la programación de conversaciones sobre el mandato.

Jeff Horn, director ejecutivo del sindicato de administradores, escribió por correo electrónico que el sindicato respondió a una consulta reciente del negociador principal del distrito que estaba reuniendo información sobre la postura de la asociación.

Joanna Miller, una portavoz del sindicato de profesores de la Clark County Education Association, dijo que el distrito se puso en contacto para iniciar las conversaciones y el sindicato respondió para decir que está listo para sentarse con los funcionarios del distrito. Pero no se ha fijado ninguna fecha, y no ha habido ninguna otra acción, dijo.

Afirmaciones no probadas

La demanda hace varias afirmaciones no probadas sobre el COVID-19 y las vacunas, incluyendo el argumento de que algunos demandantes “ya se han recuperado rápidamente del COVID-19” y por lo tanto “siguen teniendo una inmunidad natural robusta que es superior a la respuesta inmunológica inducida por la vacuna”.

Estudios recientes han demostrado que la inmunidad natural (obtenida al infectarse y recuperarse) varía considerablemente entre los individuos y que la vacunación aumenta la protección contra la reinfección. Otros estudios sugieren que también puede proteger contra las variantes de COVID-19 mejor que una respuesta inmunitaria natural.

La demanda también decía que las vacunas contra el COVID-19 están “clasificadas como intervención médica genética” y son “agentes biológicos inadecuadamente probados, experimentales y peligrosos”.

Los expertos en salud pública han dicho en repetidas ocasiones que las vacunas se sometieron a pruebas rigurosas y han demostrado ser notablemente seguras desde que estuvieron disponibles en Estados Unidos a partir de finales de 2020.

Varios de los demandantes han presentado exenciones médicas o religiosas al mandato de pruebas de COVID-19 del distrito escolar para los empleados no vacunados, pero ninguna ha sido concedida, según la demanda.

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