Más de 30 personas se manifestaron en las inmediaciones del edificio gubernamental Grant Sawyer el martes 19 de mayo, día en que habría iniciado la implementación del programa de acción diferida de DAPA que beneficiaría a miles de personas indocumentadas que tengan un hijo ciudadano o residente legal.
Ivana Cancela directora de política de la Unión Culinaria 226 y una de las coordinadoras de la actividad, comentó que la lucha seguirá en la búsqueda de una resolución favorable.
“Estamos aquí para demostrar que vamos a seguir peleando para que se logre DAPA y DACA pero también para llegar a una reforma migratoria y decirle al Procurador Laxalt que no queremos que Nevada sea parte de su demanda en contra de la acción diferida. Todo es posible, el podría decidir mañana que Nevada ya no es parte de la demanda pero depende de su liderazgo hacer lo correcto”.
Respecto a su opinión personal por no haberse podido iniciar la acción ejecutiva del presidente Obama, Cancela mencionó que, “Me pone muy triste porque son millones de familias que podrían hoy haberla solicitado para cambiar sus vidas. Al mismo tiempo me siento orgullosa de ser parte de una comunidad donde las familias no han parado de luchar, eso enseña que los inmigrantes de este país se esfuerzan para salir adelante”, añadió la coordinadora de ascendencia cubana.
Además de exponer distintos casos ante los medios de comunicación presentes, las personas participantes firmaron una solicitud a escala para solicitar a Laxalt cancelar su demanda en contra de la implementación de la acción ejecutiva emitida por el presidente estadounidense en noviembre del 2014.
La abogada de inmigración, Arlene Rivera, aseveró que los servidores públicos deben representar a la comunidad de manera correcta.
“El objetivo es obtener visibilidad, estamos hablando de una comunidad que ha vivido en las sombras por años. Ahora tenemos la oportunidad de hacernos visibles frente al fiscal del estado, hacerle saber que quizá no le hemos importando lo suficiente como para evitar unirse a esta demanda que no tiene mérito”.
“Él (Adam Laxalt) se debe preocupar por representarnos adecuadamente ya que la demanda se fijó sin permiso del estado y eso es lo que más hiere, que la comunidad no se prestó a esta situación que ahora nos está perjudicando. No nos está permitiendo unir familias debidamente o evitar la deportación a muchas personas que quizá no lo merecen y califican para el programa del presidente bajo las acciones que él tomo, las cuales son completamente legales”, acotó Rivera.
El 6 de julio se llevará a cabo una nueva audiencia en la oficina del Quinto Circuito, sin embargo, no se sabe si ese día pueda darse una resolución a este caso.
Rivera añadió que la acción ejecutiva no podría detenerse de manera definitiva ya que el presidente Barack Obama emitió este anuncio haciendo válidos sus derechos legales como máximo mandatario del país.
“El proceso legal está en las cortes y las cortes tendrán la palabra final, no pueden dar una resolución final indefinidamente; tienen que llegar a una decisión. Es cuestión de esperar, sólo se prolonga la justicia”, concretó la abogada de inmigración.
Laura Miranda quien se dedica a las labores en su hogar, compartió con El Tiempo un poco de su historia al tener que esperar aún más por un sueño que ha buscado desde hace más de nueve años, tiempo que lleva de no reunirse con su familia que radica en México.
“Yo podría ser una de las personas beneficiadas con el programa y pienso que al igual que Laxalt que vino a este estado para buscar su sueño, nosotros también llegamos a este país buscando nuestros sueños. Dejamos nuestros países por distintos motivos, persiguiendo un mejor futuro para nuestros hijos. Es triste, pero tengo fe en que se va solucionar algún día. No sabemos cuándo, debemos hacer todo lo posible para seguir luchando y tengo fe en que van a tomar en cuenta que no es bueno separar a las familias”, comentó Miranda.
Este tipo de manifestación se llevó a cabo el mismo día en diferentes puntos del país.