La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito anuló una ley estatal (Propuesta 100) en el estado de Arizona que negaba la fianza a inmigrantes indocumentados acusados de un delito mayor.
La decisión fue aplaudida por activistas locales.
“Por los últimos ochos años, inmigrantes indocumentados han sufrido la injusticia de que se les niegue una fianza. Exigimos que de inmediato se implemente la decisión de la Corte de Apelaciones y se comience a dejar en libertad a todos aquellos que se encuentran detenidos”, dijo el director de la organización Puente Arizona, Carlos García, en un comunicado.
Como delito mayor se consideran crímenes tales como hurto en tiendas, robo de identidad agravado, abuso sexual y homicidio.
La Corte, con sede en California, dictaminó que la ley estatal niega el derecho constitucional de igualdad bajo la ley.
En nombre de la Corte, el juez federal Raymond Fisher indicó que las personas arrestadas tienen derecho a poder acceder a una fianza y el hecho que hayan entrado de manera ilegal al país es una pregunta irrelevante e independiente.
Los impulsores de la Propuesta 100, aprobada por los votantes del estado en 2006, aseguran que esta medida tiene el propósito de evitar que las personas que enfrentan cargos y que no cuentan con un estatus legal en el país escapen antes de que tengan que enfrentar a la justicia, explicó la Agencia Española de Noticias, Efe.
The Associated Press dijo que los promotores también temían que indocumentados pudieran salir bajo fianza para cometer más delitos.
Críticos de la Propuesta 100 dicen que la verdadera intención de la ley es castigar a los inmigrantes antes de que se les declare culpables de crímenes.
El controvertido alguacil del condado de Maricopa, Joe Arpaio, a menudo se ampara en la Propuesta 100 para mantener retenidos a indocumentados que arrestaba durante redadas de inmigración en centros de trabajo.
La propuesta 100 fue impulsada por el entonces senador estatal, Russell Pearce.
Pierce fue el principal promotor de la polémica Ley SB 1070, la primera en su tipo que criminalizó la estadía indocumentada, que en el resto del país sigue siendo una falta de carácter civil no criminal.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) interpuso una demanda al asegurar que la medida era inconstitucional.
La ley fue aprobada con 78% de los votos y estuvo entre cuatro propuestas sobre inmigración aprobada por ciudadanos del estado en 2006. Las otras medidas declaraban al inglés la lengua oficial del estado, prohibían que inmigrantes sin residencia legal recibieran compensación por daños en demandas y prohibían que se les diera ciertos servicios y beneficios del gobierno.
Arizona es uno de al menos cuatro estados donde hay leyes que niegan el derecho a fianza a personas que están en el país sin residencia legal. Missouri y Alabama tienen leyes similares, mientras que Virginia tiene una menos severa en la que los inmigrantes pueden presentar argumentos en su favor ante un juez.