A María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el recuento de la situación legal de 11 exgobernadores, luego de la captura de Javier Duarte, exmandatario de Veracruz, le revela que “son grandes las redes de corrupción que hay para el desvío de recursos públicos y que hay una parte del poder político del país vinculada con el crimen organizado y en particular con el narcotráfico”.
Los delitos por los que los 11 exmandatarios tienen que rendir cuentas ante la justicia son contra la salud, lavado de dinero, delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal, enriquecimiento ilícito, peculado, desvío de recursos, venta ilegal de terrenos del patrimonio estatal, delitos electorales, encubrimiento, abuso de autoridad y tráfico de influencias.
“Los órganos de inteligencia tendrían que estar muy ocupados haciendo un mapeo de todos los gobernadores y ver realmente hasta dónde están penetrados por la delincuencia”, planteó.
Con ejemplos como los del ex fiscal de Nayarit no queda para dónde hacerse, “está claro que hay un vínculo con la delincuencia”, señaló.
Y no se trata de una persona, se trata de redes completas; una corre por el crimen organizado y otra, que también es crimen, corre por el lado de empresas fantasma, desvío de recursos, cohecho, peculado, etcétera”, sostuvo.
Siete exgobernadores mexicanos están ahora en la cárcel. Otro estuvo en prisión pocas horas y sigue el proceso en su contra. Un mandatario estatal está prófugo de la justicia. La Drug Enforcement Administration (DEA) busca a otro de estos políticos. Y uno más está relacionado con al menos dos delitos. Indistintamente, en estos 11 casos están relacionados cientos de millones de pesos de dinero público y relaciones con el narcotráfico.
Después de estar dos años prófugo, Mario Villanueva Madrid, quien gobernó Quintana Roo, entre 1999 y 2005, fue arrestado el 24 de mayo de 2001, en Cancún, durante el sexenio del presidente Vicente Fox. Se le acusa de tener vínculos con el narcotráfico.
En la administración de Enrique Peña Nieto han sido encarcelados los otros seis exgobernadores: Andrés Granier, de Tabasco (2007-2011), entró a la cárcel 25 de junio de 2013, acusado de defraudación fiscal. Jesús Reyna, exgobernador interino de Michoacán, de abril a octubre de 2013, está preso desde el 5 de abril de 2014, por delincuencia organizada.
El exmandatario de Sonora (2009-2015), Guillermo Padrés entró a prisión el 11 de noviembre de 2016, acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Flavino Ríos, quien estuvo 49 días como gobernador interino de Veracruz, fue encarcelado el 12 de marzo de este año, con los cargos de encubrimiento, tráfico de influencias y abuso de autoridad.
Tomás Yarrington, quien gobernó Tamaulipas entre 1999 y 2005, fue arrestado el pasado 10 de abril en Florencia, Italia, al tamaulipeco lo acusan de lavado de dinero y nexos con el narcotráfico.
Por lo que hace a los otros cuatro exgobernadores con problemas con la justicia, están Rodrigo Medina, que gobernó Nuevo León, entre 2009 y 2015, y que pisó la cárcel el 26 de enero, por unas horas y gracias a un amparo sigue el proceso en libertad, es acusado de desvío de recursos.
El exmandatario prófugo es el exgobernador de Chihuahua (2010-2016), César Duarte, a quien el actual mandatario, Javier Corral ya dio como fugado de la justicia el 29 de marzo pasado y dijo que su antecesor está relacionado con delincuencia organizada para el enriquecimiento personal.
Eugenio Hernández (2005-2010), exgobernador de Tamaulipas, es buscado por la DEA dese el 18 de junio de 2015; él se presentó a votar en las elecciones del 5 de junio de 2016, en Ciudad Victoria.
En esta lista está el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge (2011-2016). A este político aún no le giran orden de aprensión, pero el gobernador Carlos Joaquín González lo vincula con la venta ilegal de terrenos que eran patrimonio del estado, así como por manejos irregulares de recursos públicos.