Lo único que queda claro desde que los republicanos barrieron en las elecciones intermedias del pasado martes, es que la inmigración vuelve a ocupar el dudosamente célebre título de balón político preferido, esta vez de cara a las elecciones presidenciales de 2016.
Y que los republicanos ganaron, pero libran una guerra civil entre los extremistas del Tea Party y el establishment sobre quién prevalecerá cuando asuman el control del Congreso en enero.
De hecho, los demócratas están conscientes de esa guerra interna republicana y de ahí que el presidente Barack Obama reiterara este fin de semana su intención de girar órdenes ejecutivas antes de fin de año para proteger de la deportación potencialmente a millones de indocumentados.
De hacerlo, se anticipa que el ala del Tea Party, liderada por el senador republicano de Texas, Ted Cruz, reaccione, como siempre, de manera visceral amenazando con cierres gubernamentales, potencialmente pidiendo la destitución de Obama, todo salpicado de memorables ataques a los inmigrantes que en la práctica se traducirían en ataques a los votantes latinos que los republicanos quieren atraer en 2016, cuando los requerirán para ganar la Casa Blanca.
Cruz y el senador republicano de Utah, Mike Lee, amenazaron con frenar la confirmación de la nominada para la Secretaría de Justicia, Loretta Lynch, exigiendo saber sus posturas sobre la constitucionalidad de las órdenes ejecutivas migratorias.
Hay muchos claroscuros en esta nueva etapa del debate migratorio.
No queda claro en qué consistirá la acción ejecutiva que Obama anunciaría en medio de las amenazas de la nueva mayoría republicana de que cualquier acción ejecutiva “envenenará” el ambiente, como si no estuviera ya envenenado.
Lo venenoso es la reacción explosiva del sector republicano extremista a cualquier acción ejecutiva de Obama, así ampare a cientos o a millones. Debe ser motivo de preocupación para aquellos conservadores que esperan capitalizar en el triunfo del martes para atraer a los votantes latinos de cara a 2016, argumentando que un Congreso republicano sería capaz de aprobar una reforma migratoria en plena campaña por la presidencia.
Este último argumento es el que suscita más preguntas que respuestas.
Supongamos que los republicanos propongan algún proyecto de reforma migratoria en el nuevo Congreso. ¿En qué consistirá? ¿Serán únicamente medidas de seguridad fronteriza? ¿De ampliación de programas de colaboración con policías locales y estatales? ¿Revocarán la protección de deportaciones a los DREAMers? ¿Atenderán únicamente la petición de visas de sus aliados del sector empresarial? Y la pregunta central: ¿qué harán con los 11 millones de indocumentados, muchos de ellos con más de una década viviendo aquí y con hijos ciudadanos estadounidenses? ¿Repetirán su estrategia de autodeportación? ¿Pedirán abiertamente su deportación? ¿Seguirán pretendiendo que no existen excepto cuando es rentable explotarlos políticamente?
Es fácil invocar el concepto de reforma migratoria sin explicar en qué consistirá. Y cuando los líderes republicanos del Senado y de la Cámara de Representantes, Mitch McConnell y John Boehner, respectivamente, hablan de que Obama “envenenará” el ambiente si anuncia acciones ejecutivas, lo que no dicen es cómo su partido ha bloqueado la reforma migratoria con una solución humanitaria para los 11 millones de indocumentados en 2006 y 2007; en 2013 apenas 14 republicanos votaron por la reforma que avanzó el Senado, el proyecto S. 744, y desde entonces la Cámara Baja, de mayoría republicana, se rehusó a debatir esta medida y tampoco permitió que un grupo de republicanos presentara un proyecto alternativo.
¿Podrán los republicanos tener un debate interno razonable que desemboque en una propuesta migratoria realista, al tiempo que buscan elegir a su nominado presidencial de 2016, o los antiinmigrantes seguirán determinando el discurso y las acciones de este partido?
¿Puede un aspirante republicano, con posturas moderadas en inmigración, sobrevivir la primaria de ese partido?
También con Obama hay preguntas: ¿hará el anuncio o cederá a las amenazas republicanas? ¿Lo hará consciente de la ventaja política que supondrá para los demócratas el que un sector republicano literalmente explote y solidifique su imagen de antiinmigrantes ante el voto latino? ¿Está consciente de que los republicanos tratarán de frenar esas acciones ejecutivas por la vía legislativa no financiándolas? ¿Qué dirá Obama ante un escenario semejante, “traté y ellos me bloquearon”? ¿Ponderará Obama si las acciones ejecutivas impedirán colaboraciones bipartidistas en otros asuntos pendientes de su agenda en los próximos dos años?