La Fiscalía del estado mexicano de Morelos trasladó a un cementerio los restos de las primeras cuatro personas halladas en una fosa común en la comunidad de Tetelcingo, donde fueron sepultados de forma irregular alrededor de 118 cadáveres en marzo de 2014.
La diligencia es encabezada por la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGEM), sobre la cual recae la responsabilidad de los trabajos, y en ella participan la UAEM, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).
Tras obtener las muestras biológicas y genéticas necesarias, fueron trasladados al cementerio. De acuerdo con medios mexicanos, los restos óseos salieron envueltos en un material oscuro y fueron puestos en una plancha metálica donde al menos 40 peritos realizaron las pruebas genéticas.
El panteón donde fueron enviados los restos reservó 25 gavetas, cada una con capacidad para 10 cadáveres. Asimismo, durante los procesos de exhumación, el fiscal Javier Pérez Durón afirmó que en la zona hay dos fosas y no tres, como divulgaron los familiares de las víctimas.
El jefe del equipo técnico de la Universidad Autónoma de Morelos, Abimelec Morales, quien labora en la exhumación de los cuerpos a petición de los familiares de las víctimas, dijo que el área de la fosa fue alterada y contaminada posiblemente con una exhumación anterior.
En el área de exhumación se encontraron botellas, cubrebocas y partes de los trajes especiales que usan los peritos. Asimismo, al llegar a donde se encontraban los cuerpos, se constató que no se encontraban apilados, estaban en diferentes direcciones como si hubieran sido lanzados, luego de sacarlos, se registró que uno de ellos no cuenta con carpeta de Identificación, lo que constituye otra irregularidad, por lo que se le otorgó una. Los otros tres si estaban identificados con el número correspondiente.
La existencia de esta fosa clandestina en el municipio de Cuautla salió a luz a raíz de la investigación sobre el paradero de Oliver Wenceslao Navarrete, quien fue secuestrado y asesinado en 2013.
Su cuerpo fue llevado a las instalaciones del Servicio Médico Forense del estado y pese a ser identificado a través de sus huellas digitales, las autoridades pidieron a la familia que el cuerpo permaneciera en su poder para continuar con las investigaciones.
Fue hasta finales de 2014, cuando a la madre de Oliver le informaron que en marzo de ese año el cadáver había sido enviado a una fosa común. Indignados, los familiares exigieron la exhumación del cuerpo.
Pese a la resistencia de las autoridades, los peritos de la procuraduría realizaron la exhumación del cadáver y descubrieron cientos de cuerpos enterrados, evidenciando irregularidades en el proceso llevado a cabo por la fiscalía estatal.
Por este motivo, los familiares exigieron a principios de este mes que las exhumaciones de la fosa no fueran llevadas únicamente por la fiscalía estatal, sino que en la toma de muestras genéticas participaran más instituciones que vigilan el proceso.
Al menos 25 familiares provenientes del estado de Morelos, pero también de otros como Michoacán, Guerrero, Nuevo León, Coahuila o la Ciudad de México, reclaman los cuerpos enterrados en la fosa.