Los casos de secuestro en México alcanzaron la cifra de 3.604 entre diciembre de 2012, cuando empezó el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, y febrero pasado, lo que supone un 492 % más en comparación con igual período de la Administración anterior, señaló hoy un organismo civil.
Vamos muy mal, por eso hago un llamamiento respetuoso pero enérgico al Gobierno de Peña Nieto para que se acelere la coordinación entre todos los organismos federales y estatales en contra del secuestro”, dijo en rueda de prensa Isabel Miranda de Wallace, dirigente de la asociación civil “Alto al Secuestro”.
Añadió que “tan solo en febrero pasado se registraron 310 secuestros, lo que supone una media de 11 casos diarios”.
Miranda, madre del empresario Hugo Alberto Wallace, secuestrado y asesinado en 2005, urgió a las autoridades a avanzar en la preparación de los jueces y policías especializadas en ese delito y en la adopción de medidas en las cárceles, como bloquear las llamadas telefónicas para evitar la extorsión desde esos lugares.
La activista también llamó a impulsar estrategias generales adecuadas a nivel social, como las que se aplicaron en el estado de Chihuahua (norte), donde se invirtieron 379 millones de dólares en las comunidades, se recuperaron espacios públicos y se creó una buena unidad antisecuestro.
La dirigente de la asociación “Alto al Secuestro” explicó que en algunos estados hay avances en la lucha contra ese delito, pero señaló que los esfuerzos deben concentrarse en Tamaulipas (noreste), Estado de México, Morelos (centro), Guerrero (sur), Tabasco (sureste) y el Distrito Federal (la capital del país) para cambiar la situación.
“Vemos con preocupación y alarma que en el Distrito Federal y en algunos estados de la República ni siquiera hablan del tema, y otros únicamente hablan pero no actúan pese a que están dentro de los cinco primero lugares en términos absolutos en materia de secuestro”, indicó Miranda.
La activista enfatizó que el secuestro es un delito que se puede y se debe terminar en México, y sentenció que el funcionario que no pueda o no quiera cumplir con ese trabajo, debe renunciar.
Según datos de la organización, en los primeros 15 meses del actual Gobierno, el Estado de México registró 730 secuestros, Morelos 352, Guerrero 346, Tamaulipas 297 y el Distrito Federal 236 casos.
Por su perfil profesional, 625 víctimas eran asalariados, 605 comerciantes, 544 estudiantes, 276 profesionales, 170 amas de casa, 168 conductores de vehículos, 138 campesinos, 131 empresarios, 59 ganaderos y 53 desempleados, entre otros.
Miranda señaló que anteriormente la mayoría de las víctimas eran empresarios o comerciantes, pero ahora las bandas secuestran a más personas por los que piden menores cantidades de dinero como rescate.