Tras varios días sin juez para la causa, el Poder Judicial argentino definió el nombre del magistrado que se hará cargo de la denuncia presentada por el fallecido fiscal Alberto Nisman contra la presidenta argentina, Cristina Kirchner, por presunto encubrimiento a terroristas.
La Cámara Criminal y Correccional Federal decidió que la causa recaiga en el magistrado Daniel Rafecas, tras un debate sobre la designación del juez que dejó huérfana la causa esta semana.
Inicialmente, la denuncia de Nisman contra Fernández recayó en el juez Ariel Lijo, que declinó después porque lleva también una causa relacionada con el atentado contra la mutual judía AMIA que investigaba el fallecido fiscal.
Tras su renuncia, el caso recayó precisamente en Rafecas, quien este lunes se declaró “incompetente” y dejó la decisión en manos de la Cámara Criminal y Correccional Federal, que ratificó el nombramiento del juez.
Alberto Nisman, fiscal especial para la causa AMIA, murió de un tiro en la cabeza en extrañas circunstancias en su domicilio el pasado día 18.
Cuatro días antes, Nisman había acusado a la presidenta, al canciller, Héctor Timerman, y a varios dirigentes vinculados al oficialismo, de orquestar un plan para encubrir a los sospechosos iraníes del atentado contra la mutua judía AMIA, que dejó 85 muertos en 1994.
Según la demanda de Nisman, el Gobierno de Cristina Fernández orquestó un plan de encubrimiento terrorista a través de un acuerdo de entendimiento suscrito con Irán en 2013.
El Gobierno argentino considera “descabellada” y “sin fundamento” la denuncia de Nisman y apunta que, por los términos en que está escrita, no pudo ser elaborada por el fiscal.
El Ejecutivo relaciona la muerte de Nisman con una maniobra de desestabilización de los servicios de Inteligencia.
Nisman había denunciado también por encubrimiento del atentado contra la AMIA al expresidente Carlos Menem (1989-1999), causa que conduce el juez Lijo.
Fiscal suspendió vacaciones
La fiscal argentina a cargo del caso de la muerte de Alberto Nisman, que denunció a la presidenta Cristina Fernández por presunto encubrimiento de terroristas, suspendió hoy las vacaciones que iba a tomar en mitad del proceso, tras un aluvión de críticas, informaron a Efe fuentes judiciales.
La fiscal Viviana Fein, que dio hoy marcha atrás en su decisión de dejar la investigación para tomar una licencia, está en el centro de las críticas por la lentitud en el avance del caso y sus contradicciones sobre la existencia de un borrador de la denuncia de Nisman contra Fernández, en el que pedía la detención de la mandataria.
Las críticas, tanto del Gobierno como de la oposición, arreciaron el martes, cuando la fiscal anunció su intención de tomar quince días de vacaciones pendientes desde 2014 y dejar la investigación sobre la muerte de Alberto Nisman en manos de dos colaboradores.
El secretario de la Presidencia, Aníbal Fernández, le pidió hoy a Fein que “no se ponga la malla (bañador)” y que continúe con la investigación.
Nisman, que investigaba el atentado contra una mutualista judía que dejó 85 muertos en 1994, fue encontrado muerto, en el baño de su vivienda, con un tiro en la cabeza, el pasado 18 de enero, la víspera de acudir al Congreso para detallar una denuncia contra la presidenta argentina por presunto encubrimiento de los sospechosos del ataque.
El martes, Fein confirmó que el fiscal había elaborado un borrador de la denuncia, que luego descartó, en el que pedía la detención de la presidenta, el canciller Héctor Timerman y un diputado kirchnerista.
La fiscal, que inicialmente había negado la existencia del documento, atribuyó su contradicción a un “error involuntario”.
Para la oposición, detrás de este “error” está la mano de la fiscal general, Alejandra Gils Carbó, cuestionada por su proximidad con la presidenta.
La Fiscalía General divulgó un comunicado en el que “respalda” el trabajo de Fein, destaca su “compromiso con la verdad y la objetividad” en la investigación y se desvincula del comunicado en el que la fiscal negó inicialmente la existencia del borrador de la denuncia de Nisman.
Alberto Nisman basaba su denuncia contra Fernández en el acuerdo de entendimiento suscrito entre Argentina e Irán en 2013 y que, según el fiscal, incluía encubrir a los sospechosos a cambio de impulsar el intercambio comercial de granos argentinos por petróleo iraní.
El único imputado hasta ahora en el caso es Diego Lagomarsino, el informático que trabajaba con Nisman y que le entregó el arma que acabó con su vida.
Aníbal Fernández pidió hoy que la fiscal Fein cite a declarar a Lagomarsino y también al exjefe de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia, Antonio “Jaime” Stiuso, próximo a Nisman.