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Administración busca aprobación de Corte Suprema sobre política de deportación

WASHINGTON.- El gobierno de Joe Biden solicitó el viernes 8 de julio a la Corte Suprema que le permita implementar una guía que priorice la deportación de personas indocumentadas en el país que representan el mayor riesgo para la seguridad pública.

La solicitud de emergencia al tribunal sigue a las decisiones contradictorias de los tribunales federales de apelaciones en los últimos días sobre una directiva de septiembre del Departamento de Seguridad Nacional que detuvo la deportación a menos que las personas hayan cometido actos de terrorismo, espionaje o “amenazas atroces a la seguridad pública”.

La corte federal de apelaciones en Cincinnati revocó la orden de un juez de distrito que suspendió la política en una demanda presentada por Arizona, Ohio y Montana.

Pero en una demanda separada presentada por Texas y Luisiana, un juez federal de Texas ordenó que se suspendiera a nivel nacional la guía y un panel federal de apelaciones en Nueva Orleans se negó a intervenir.

La administración recurrió a la Corte Suprema en este último caso, solicitando que se permitiera implementar la política en todo el país, o al menos, en todas partes fuera de Texas y Louisiana.

La orden del juez “está interrumpiendo los esfuerzos del DHS para concentrar sus recursos limitados en los no ciudadanos que representan la amenaza más grave para la seguridad nacional, la seguridad pública y la integridad de las fronteras de nuestra nación”, escribió la procuradora general Elizabeth Prelogar en la presentación de la Corte Suprema.

La guía, emitida después de que Biden se convirtió en presidente, actualizó una política de la era Trump que expulsaba a las personas del país independientemente de sus antecedentes penales o vínculos comunitarios.

Aunque discreparon en muchos aspectos del tema de la inmigración, las dos administraciones encontraron puntos en común en un aspecto, al pedir que la corte limite el poder de los “jueces de distrito único para dictar la política nacional”.

Prelogar, siguiendo a sus predecesores en la administración Trump, lamentó una explosión de demandas presentadas por estados de un partido contra un presidente del otro partido. Demasiadas de esas demandas, escribió, resultaron en órdenes con efecto a nivel nacional. Los jueces típicamente deciden casos de manera que solo afectan a las partes ante ellos.

La solicitud de la administración de Biden se produjo un día después de que el gobernador de Texas, Greg Abbott, emitiera una orden ejecutiva que autoriza a las fuerzas estatales a detener a los migrantes y devolverlos a la frontera entre EE.UU. y México, ampliando los límites de sus poderes de aplicación y los crecientes esfuerzos del republicano para frenar el creciente número de cruces.

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