Sin la causa de la muerte clara, las autoridades tienen pruebas “débiles” contra Jorge Fernández, esposo y presunto asesino de la española Pilar Garrido, dijo el abogado del acusado, Martín Lozano, quien aseguró que su cliente no ha dado declaraciones contradictorias.
“Se están basando en estas discrepancias de su denuncia, en la temporalidad y porque es criminólogo; pero ser criminólogo no te hace criminal. Se está partiendo de una premisa falsa que inevitablemente nos va a llevar a conclusiones falsas”, explicó a Efe Lozano a la salida de una visita a Fernández.
La desaparición y muerte de la valenciana Pilar Garrido dio esta semana un vuelco de 180 grados cuando la fiscalía del nororiental estado de Tamaulipas acusó a su marido de golpear y estrangular a su mujer, dejando el cadáver al lado de una carretera cuando volvían de pasar unos días en la playa.
No obstante, Fernández siempre sostuvo que la pareja regresaba el 2 de julio en coche a Ciudad Victoria, capital estatal, cuando un vehículo con dos hombres los interceptó para intentar robarles el automóvil, pero acabaron llevándose a su mujer, de 34 años.
Su abogado remarcó hoy que la fiscalía tiene elementos “muy débiles”, especialmente porque falta determinar “la causa de la muerte”.
Indicó que las autoridades se basaron en una hipótesis elaborada por una perito en antropología para acusar a Fernández.
“Es una hipótesis que se contrapone con la autopsia”, aseveró.
Así, desecharon la opinión de la médica forense de la fiscalía, cuyas conclusiones, no obstante, también están incluidas en la carpeta de investigación.
Esta doctora determinó que “no hay causa ni fecha exacta de la muerte, porque no hay lesiones ni fracturas en los restos óseos” hallados el 26 de julio, lo que “echa por tierra la otra hipótesis”.
Otro de los elementos de la fiscalía son las supuestas discrepancias en el testimonio de Fernández sobre cómo aconteció el crimen, así como la tardanza en llegar a la capital estatal y denunciar el suceso.
El mismo domingo 2 de julio el esposo acudió a una unidad especializada en antisecuestros y un agente le tomó “verbalmente” el suceso, si bien no se abrió un acta hasta el día siguiente. “Tenemos el nombre (del agente) y todo”, aseguró el abogado.
Acerca del recorrido entre el balneario de La Pesca y Ciudad Victoria -160 kilómetros que, según el fiscal Irving Barrios, Fernández realizó más tiempo de lo habitual-, el abogado explicó que la tardanza “no está realmente acreditada”.
El suceso dejó a Fernández “terriblemente asustado” y no arrancó el coche enseguida porque los secuestradores le amenazaron con violentar a su esposa de seguirlos. También le impidieron hacer cualquier llamada, indicó el letrado.
“El que este trayecto se haga una hora y media es en condiciones de normalidad, no después de haber sufrido un hecho de esta relevancia”, señaló el abogado.
Sobre la mecánica del crimen, Lozano señaló que, de acuerdo con la versión de la fiscalía, la difunta padeció una fractura occipital al caer sobre una superficie dura tras ser golpeada en la nariz. “¿Dónde está esa piedra?”, pues debería tener manchas de sangre.
Con todos estos elementos inconclusos, la defensa de Fernández espera lograr una anulación de la vinculación a proceso del esposo de Garrido, con quien llevaba más de una década juntos y tenían un bebé de un año en común.
Por el momento, Fernández se encuentra en prisión preventiva y pasará recluido en un centro de Ciudad Victoria al menos tres meses, el tiempo que la fiscalía de Tamaulipas demandó al juez para terminar la investigación.
“Él está muy triste, pero manifiesta absolutamente creer en la Justicia. Y está triste porque de un día para otro de víctima lo convirtieron en victimario”, indicó su defensor.
La defensa se encuentran trabajando en la estrategia legal y contratarán un investigador privado para recabar sus propias pruebas. “Queremos que esto se esclarezca. Sería triste que fuera un crimen sin castigo para quienes lo hicieron”, aseveró.