El Departamento de Policía Metropolitana gastó más de 75 mil dólares en asesoramiento externo en su infructuoso intento de revisar el teléfono, el disco duro y las computadoras de Jeff German, el reportero de investigación de Las Vegas Review-Journal asesinado, los cuales contenían información confidencial del reportero.
Después de que el veterano reportero de investigación fuera apuñalado mortalmente frente a su casa en septiembre de 2022, detectives de la Policía Metropolitana incautaron seis de sus dispositivos electrónicos en la escena del crimen y en su casa como parte de la investigación del homicidio.
Robert Telles, un funcionario electo de bajo nivel sobre el que German había escrito en los meses anteriores a su muerte, fue arrestado y acusado del homicidio de German. La policía y la fiscalía sostienen que el motivo de Telles fueron los reportajes que German había escrito, pero Telles se ha declarado inocente y ha dicho que le tendieron una trampa.
Desde entonces, el Review-Journal ha luchado para impedir que las fuerzas del orden registren los dispositivos porque pudieran contener información sobre las fuentes confidenciales de German –entre ellas, agentes de policía y fiscales–, así como sobre los reportajes que el reportero estaba investigando.
Mantener en secreto esas fuentes e información confidenciales es de vital importancia, dijo Benjamin Lipman, director jurídico del Review-Journal, ya que las consecuencias negativas tanto para el proceso de recopilación de noticias como para la vida de las fuentes son “potencialmente devastadoras”.
También es importante que el objeto de las investigaciones del periódico permanezca en secreto hasta que se publiquen, añadió.
Una costosa batalla legal
En una batalla legal en curso que no se ha resuelto del todo, la Policía Metropolitana pagó 76 mil 900 al despacho de abogados Marquis Aurbach entre septiembre de 2022 y enero de 2024, según las facturas obtenidas por el Review-Journal.
La Corte Suprema de Nevada dictaminó que la ley escudo de Nevada, que protege a los periodistas de revelar sus fuentes por la fuerza, sigue aplicándose tras la muerte de un reportero.
Los jueces dictaminaron en octubre que la ley protegía los dispositivos de German y dieron la razón al Review-Journal en el sentido de que nadie más que el Review-Journal o un experto especial aprobado por el periódico podía registrar los dispositivos de German para determinar qué material periodístico estaba protegido y qué era relevante para el caso penal.
En diciembre, sin embargo, la Policía Metropolitana decidió prescindir del perito especial y entregar los dispositivos al Review-Journal para que este los registrara en busca de material confidencial.
El periódico identificará esos materiales y, si el Estado, el Departamento de Policía o Telles creen que alguno de los materiales identificados debe ser entregado a Telles como parte de su defensa, un juez tomará la decisión final. Sin embargo, cualquiera de las partes pudiera apelar la sentencia del juez si considera que viola las garantías legales.
En una audiencia celebrada el miércoles, el Review-Journal estimó que se tardaría unos seis meses en completar la revisión de los dispositivos de German, pero que se empezaría por su teléfono móvil. Telles pudiera solicitar el aplazamiento de su juicio, previsto para marzo, hasta que concluya la revisión.
El caso de German no es el único por el que la Policía Metropolitana pagó asesoría legal externa. Desde 2017, el Departamento de Policía ha pagado aproximadamente 490 mil dólares para luchar contra solicitudes de registros en los tribunales, según las facturas obtenidas por el Review-Journal.
Gastan dinero de los impuestos
Lipman dijo que los gobiernos a menudo desperdician el dinero de los contribuyentes luchando contra el derecho del público a los documentos del gobierno. En este caso, se trata del derecho de los periodistas a mantener la información privilegiada.
“Es una pena que esta lucha haya tenido que ser tan larga y tan costosa, aunque independientemente de los costos seguiremos defendiendo los derechos de una prensa libre”, declaró.
La policía y la fiscalía, sin embargo, sostienen que el Review-Journal es responsable de malgastar el dinero de los contribuyentes y de provocar el prolongado litigio. En un comunicado, se afirma que el periódico adoptó un “enfoque de tierra quemada” y presentó demandas judiciales innecesarias.
“En resumen, es LVRJ quien ha agravado innecesariamente estos procedimientos, añadiendo capas de trabajo jurídico adicional que nunca han sido fructíferas”, dijo el departamento en el comunicado.
Por un lado, el privilegio del reportero es una función importante en la protección de la libertad de prensa, que protege la democracia, dijo el departamento en un comunicado. Por otra parte, los dispositivos no fueron incautados al periódico, sino a la víctima de un “brutal homicidio”, argumentó el departamento. La Corte Suprema de Nevada rechazó estos argumentos.
Es responsabilidad del Estado asegurar que se proporcione a Telles todo el material exculpatorio, dijo el departamento, y el hecho de no hacerlo pudiera dar lugar a que Telles recibiera un nuevo juicio si es condenado por el homicidio de German.
Telles decidió previamente renunciar a la revisión de los dispositivos pero, con un nuevo abogado, decidirá si sigue adelante sin ellos.